Cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones para el 23 de julio, la primera reacción de Alberto Núñez Feijóo fue positiva. “Cuanto antes, mejor”, dijo. Pero después se ha pasado la campaña quejándose por ir a las elecciones en julio, por las vacaciones de “media España” y por el calor.

El presidente del PP ha lamentado en muchas ocasiones –el miércoles lo volvió a decir en El Hormiguero— que ni siquiera la convocatoria fuera para la primera quincena de julio, sino para la segunda, en un día que coincide con puente en cuatro comunidades autónomas y “con 40 grados en la mayoría de las comunidades”. Feijóo, sin embargo, sabe -¿o no lo sabe?— que la ley electoral marca un plazo de 54 días entre la convocatoria y la celebración de las elecciones por lo que, si fueron convocadas el 29 de mayo, al día siguiente de las municipales y autonómicas, es imposible que caigan en la primera quincena de julio. Pero, ya puestos a utilizar el calor, todo vale. “Ayer falleció la primera víctima por incremento de la temperatura. Para ello, Sánchez puso las elecciones en julio”, dijo hace unos días, como si el objetivo del presidente del Gobierno fuera eliminar a los votantes.

Feijóo, que se ve ganador, va sobrado en una campaña en la que, sin embargo, proliferan los ya famosos lapsus del candidato, como el de no saberse la tabla de multiplicar del dos, decir que en el internado en el que estuvo desde los 10 años se levantaba a las 7:30 h de la tarde (de la mañana, rectificó inmediatamente) o asegurar que una bolsa de plástico cuesta más que un kilo de naranjas. Su línea argumental sigue instalada en la denuncia del sanchismo y en la opacidad de su programa de gobierno, del que solo ha revelado algunos apuntes. En el citado programa de Antena 3 se hizo un lío con el aborto y la eutanasia en un intento de no contestar claramente lo que en realidad piensa hacer. La negativa a revelar el sobresueldo que le paga el PP se explica también por esa ventaja que cree que no se va a resentir por la falta de transparencia.

Sobre el elefante en la habitación, los pactos con Vox, Feijóo ha pasado de no comprometerse a tener que justificar los acuerdos que ya se han producido. Y lo ha hecho aplicando una curiosa fórmula: la aritmética por encima de la ideología. El problema de Vox ha pasado a ser no una decisión política y estratégica sobre si es admisible pactar con la extrema derecha rancia, xenófoba y negacionista, sino considerar si es o no necesaria según los resultados electorales. Según esta regla, si Vox supera el 12%, tiene derecho a entrar en los gobiernos del PP; si no lo alcanza, solo tiene derecho a acuerdos programáticos y a la presidencia del Parlamento respectivo.

Pero ningún problema sobre el fondo ideológico de los pactos. Quien se atrevió a plantearlo, la candidata del PP en Extremadura, María Guardiola, ha tenido que recoger hilo y dulcificar su tajante negativa a “dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, los que usan el trazo gordo, los que están deshumanizando a los inmigrantes, a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI”. Los bandazos de Guardiola afectan también a Feijóo porque siempre la ha defendido, tanto cuando se negaba a pactar con Vox como ahora que quiere hacerlo.

En Valencia y en Baleares, el PP ha aceptado, entre otras cesiones, eliminar el término “violencia machista”, y, en las islas, dará un vuelco a la política lingüística eliminando el 50% de catalán en las aulas para dejar libre elección de lengua a los padres, además de suprimir el requisito de conocer el catalán para acceder a la función pública, lo que se contradice con la afirmación contenida en el pacto de que todo el mundo se podrá dirigir a la Administración en cualquiera de las dos lenguas. Si el funcionario no entiende el catalán, ¿cómo dirigirse a él?

Otra muestra de la actitud con que Feijóo aborda las elecciones es la polémica sobre los debates. En realidad, no querría hacer ninguno para no cometer errores que le puedan perjudicar, pero, como eso es impresentable, al final ha aceptado hacer un solo cara a cara con Sánchez, pero no en TVE, sino en Atresmedia. Ayer aceptó el debate a siete de TVE reservado a los portavoces parlamentarios, pero no el de los cuatro líderes más votados. Si se confirma el boicot, será la primera vez que un cara a cara se celebra solo en una televisión privada. En Francia, por ejemplo, donde la primera cadena en audiencia es privada y la segunda pública, los debates electorales se emiten simultáneamente en las dos, con moderadores de ambas emisoras.

La negativa a acudir a TVE, con acusaciones de falta de neutralidad y de independencia, anticipa lo que el PP hará con la televisión pública si gobierna. Solo hay que ver lo que la Televisión Gallega ha hecho en los mandatos de Feijóo para saber qué concepto tiene el PP de la neutralidad y la independencia de los medios.