De unos años a esta parte nos estamos encontrando con el grave problema de la ocupación. Es un fenómeno que sorprende no solo por esa burla a la propiedad privada, sino también por el comportamiento de los poderes públicos y las instituciones en general, que parecen tolerarlo e incluso aceptarlo.

Es evidente la burla a la propiedad privada porque entran en una propiedad de otra persona e imponen su uso y normalmente su destrozo, y aquí viene el primer mito que tiene que caer: las casas que se ocupan no están abandonadas ni pertenecen a las entidades bancarias o fondos buitre, que las han obtenido por un procedimiento hipotecario; es la casa de cualquier persona, particular, que se ve metida en un grave problema y sobre todo en un grave perjuicio económico. Porque el perjuicio económico se produce no solo por estar un tiempo sin poder disponer de ella, en general cerca de nueve meses o un año, sino también por la actitud vandálica de quienes ocupan, destrozan el interior y, por tanto, la dejan inservible al uso.

Cuando se produce una ocupación, el propietario acaba envuelto en un procedimiento civil porque le aseguran, en la mayoría de los casos, que la vía penal no es la adecuada. ¿Cómo que no?, si para entrar al inmueble han tenido que forzar la entrada y, por tanto, han provocado unos daños. No se han encontrado el piso abierto.

Es cierto que estos procedimientos judiciales suelen ser ágiles, pero no se han escapado de las medidas del Gobierno dictadas durante la pandemia. Estas, que se han acabado prologando en el tiempo, facilitan que, en aquellos casos en los que la persona que ocupa sea vulnerable, el procedimiento quede suspendido, iniciando así un verdadero vía crucis para el propietario.

Es incomprensible que no se haya atajado este problema de raíz, dado que tanto a la policía como a los juzgados se les puede dotar de medios para finalizarlo en un plazo muy breve, casi anecdótico. Y pese a que es un clamor popular no llegan estas deseadas medidas. Así, en otros países de nuestro entorno se produce la acción casi inmediatamente y devuelven la propiedad a su legítimo propietario. Sin embargo, en el nuestro no es así y el propietario tarda bastantes meses en recuperar su hogar.

Y evidentemente esto lleva a una consecuencia muy clara: la alteración y afectación del mercado inmobiliario ante la decisión de los propietarios de no invertir ante el clima de inseguridad jurídica al que se enfrentan.

Recientemente han aprobado en Cataluña, una de las zonas más castigadas por este fenómeno, que las comunidades de propietarios puedan solicitar al ayuntamiento que desaloje un piso ocupado cuando genere problemas vecinales. No obstante, de nuevo se limitan las medidas a aquellos pisos que pertenezcan a grandes tenedores. ¿Por qué? ¿No hay otros pisos ocupados que generen problemas?

La iniciativa es buena y evidentemente obedece a situaciones que se encuentran en muchas comunidades de propietarios en las que hay un piso ocupado que genera problemas de convivencia y sus dueños no han iniciado ninguna acción judicial para solventar dicha ocupación. Pero es que estos pisos no solo son de grandes tenedores, sino que también pueden ser de particulares, herencias que pueden estar judicializadas o incluso sociedades que no tienen la consideración de grandes tenedores, pero que por problemas internos no hayan tenido conocimiento de la ocupación o bien no puedan adoptar medidas para finalizarla.

Es lógico y comprensible que por las noticias que nos llegan pensemos que solo se ocupan pisos de fondos buitre o grandes tenedores, pero los poderes públicos saben que no es así, que también se ocupan de otros propietarios. Entonces ¿por qué no los han incluido en estas medidas? Entiendo que es porque no da votos, ya que si realmente los poderes públicos pensaran que la ocupación afecta solo a este tipo de inmuebles estaríamos ante un problema mucho más grande de lo que pensaba.

Desde mi humilde opinión, los poderes públicos deben atajar y poner soluciones efectivas y rápidas a este fenómeno que causa tanto daño en la propiedad y, en consecuencia, a la economía. Deben dejar de adoptar medidas populistas y apostar por la seguridad del mercado. Siguiendo esta ruta estoy convencida de que el sector inmobiliario mejoraría notablemente y no sería tan difícil el acceso a una primera vivienda para los jóvenes o las familias con pocos recursos.

Si se apuesta por un mercado inmobiliario seguro, que protege la propiedad y los derechos, se conseguirá una mejora considerable que daría lugar a un mercado equilibrado, con mayores recursos y mayores facilidades para todos.