El 28 de febrero, Ferrovial comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el traslado de su sede social desde España a los Países Bajos. No se va una empresa cualquiera, sino la decimotercera por capitalización bursátil del Ibex 35 y la más importante en dicho índice en los sectores de construcción y gestión de infraestructuras (autopistas, aeropuertos, hospitales, etcétera).

La salida de España no ha sido una decisión precipitada, pues su cúpula directiva la llevaba analizando desde hace años. En 2015, su consejo de administración creó la sociedad Ferrovial Internacional, integró en ella el negocio exterior del grupo y la domicilió en Reino Unido. En 2019, el Brexit aconsejó su traslado a un Estado de la Unión Europea, siendo los Países Bajos la nación elegida. Un territorio donde la empresa casi no tiene actividad.

Así pues, en los últimos ocho ejercicios, una gran parte de la actividad desarrollada por Ferrovial tributaba en el extranjero, pues la mayoría sus ventas correspondían a la sociedad domiciliada en Ámsterdam (un 82% en 2022). Por tanto, según la empresa, el ahorro de impuestos no constituye la principal causa de su traslado.

Para la cúpula directiva, los motivos esenciales son la inseguridad jurídica existente en nuestro país, la inclusión de la compañía en algunos de los principales índices bursátiles de EEUU y la obtención de una financiación más barata. Desde mi perspectiva, ninguna de las anteriores causas es relevante y justifica su salida del país. Según mi opinión:

a) en España no existe inseguridad jurídica. En numerosos índices de seguridad jurídica internacionales, nuestra nación ocupa una posición más preferente que los Países Bajos. No obstante, es posible que los directivos de Ferrovial equiparen inseguridad a inestabilidad jurídica y consideren que la última existe si aumenta la presión fiscal sobre las empresas. Sin duda, una interpretación errónea e interesada.

En los últimos años, las multinacionales españolas han perdido una pequeña parte de sus privilegios tributarios. Desde 2021, los dividendos repatriados desde el extranjero ya no tienen una exención del 100% en el impuesto de sociedades por la doble tributación, sino del 95%. Una decisión que supone el abono a Hacienda del 1,25% del importe trasladado, pues el tipo del anterior gravamen es del 25%.

En el actual ejercicio, las grandes empresas no podrán compensar en dicho tributo las ganancias obtenidas por algunas filiales con las pérdidas logradas por otras, pues la deducción de las últimas solo será del 50%. Una disposición que provocará que la mayoría de dichas compañías paguen más de lo que hicieron en años anteriores.

b) no es necesario trasladar la sede social al extranjero para cotizar en EEUU. Los inversores norteamericanos, así como los del resto del mundo, pueden negociar en las bolsas de EEUU acciones de empresas domiciliadas en el extranjero. Lo hacen a través de la compra de unos certificados conocidos como ADR (American Depositary Receipt). En la actualidad, así cotizan en Wall Street 19 compañías españolas. Entre ellas están Inditex, Iberdrola, Santander, BBVA y ACS.

La cotización mediante ADR es indirecta, pues son certificados y a veces engloban a más de un título. En relación a la directa (a través de acciones), la anterior manera de cotizar tiene la desventaja de que las empresas no son incluidas en ningún índice bursátil de EEUU. Por tanto, sus títulos no serán adquiridos por ningún fondo cotizado (ETF) o de inversión pasiva que replique la composición de uno de ellos (S&P 500, Nasdaq 100, Russell 2000…).

Un gran número de las anteriores empresas tiene más inversores extranjeros que nacionales. También es el caso de Ferrovial, a pesar de cotizar la compañía únicamente en el parqué nacional. Así, en la actualidad, más del 90% de los tenedores de acciones de la empresa son foráneos. No obstante, el porcentaje que poseen de su capital es mucho menor, pues la familia Del Pino ostenta el 35% de los títulos de la sociedad.

c) en la obtención de financiación barata importa más la calidad de la empresa que la ubicación de su sede social. El coste financiero de una compañía depende principalmente de los tipos de interés de los principales bancos centrales y la calificación de su deuda por parte de las agencias de rating. Cuanto menor sean los primeros y mejor la segunda, menos pagará la empresa por su endeudamiento.

La nota otorgada a una firma por parte de las agencias de rating varía según las características del sector en el que opera, los países donde tiene un mayor volumen de negocio, su nivel de liquidez, su grado de endeudamiento y el Estado en el que tiene su sede social. El último factor es un muy importante para un banco, pero escasamente para una compañía constructora, cuya principal actividad es la explotación de concesiones en múltiples naciones.

Los inversores se fijan más donde la empresa desarrolla sus actividades que en la nación en la que está su domicilio social. Por eso, muchos consideran a Ferrovial una compañía más norteamericana que española, pues el valor de sus activos en EEUU y Canadá representa el 79% de los de la empresa. Un porcentaje muy superior a los del Reino Unido (7%), España (5%) y Polonia (3%).

Si ninguno de los anteriores motivos justifica su salida de España, ¿cuál constituye su verdadera causa? Para mí es la obvia: la obtención de una inferior factura fiscal. Países Bajos está considerado un territorio de baja tributación en el que su Gobierno puede hacer un traje a medida a la empresa y ahorrarle el pago de una elevada cifra en impuestos.

Según los analistas del Banco de Sabadell, solo en concepto de dividendos repatriados la compañía se ahorrará anualmente entre 35 y 40 millones de euros. No obstante, si comparamos las ventas realizadas en 2021 en España y EEUU, así como el importe pagado en tributos en ambos países, observaremos que el ahorro fiscal puede ser muy superior.

En el anterior ejercicio, según el informe financiero de la empresa, los impuestos sufragados por todas sus actividades en España ascendieron a 744 millones de euros. Una cifra superior a los 644 y 213 millones pagados respectivamente en Reino Unido y EEUU, dos países donde la empresa tiene un mayor volumen de negocio que en España.

En definitiva, Ferrovial se va para pagar menos impuestos. La inseguridad jurídica, su deseo de cotizar en EEUU o de conseguir una financiación más barata son simplemente excusas escasamente creíbles. No obstante, a la compañía no le queda más remedio que enmascarar la verdad.

Si la dijera, no podría acogerse al régimen especial de fusiones, adquisiciones y canjes. Por tanto, debería pagar una ingente cantidad de dinero por la afloración de las plusvalías derivadas del traslado de su sede social. Para no tributar por ellas, ha de demostrar ante Hacienda que su salida del país responde a las características de su negocio y no a motivos tributarios.

Por eso, en la nota complementaria enviada a la CNMV, la empresa indica que la fusión entre su sociedad española y neerlandesa supone “una oportunidad para incrementar la notoriedad de su marca tanto en Europa como en el resto del mundo”. Si así fuera, Inditex no vendería casi nada, pues su domicilio social está situado en Arteixo, una pequeña localidad situada cerca de La Coruña desconocida por la mayoría de sus clientes.

Con su traslado, Ferrovial hunde su reputación corporativa en España. No obstante, a sus dirigentes no les importa, pues creen que su salida del país pronto será olvidada. Por tanto, no influirá en las posibilidades de obtener nuevas concesiones de la Administración pública. No me extrañaría nada que así fuera, especialmente si el Gobierno de la nación pronto cambia de color.

La gran ventaja de la compañía proviene de que los ciudadanos no son sus clientes directos. Si lo fueran, las repercusiones a corto plazo de su salida del país serían mucho más dañinas para la empresa. En cambio, sí lo son de los bancos, las eléctricas, Repsol o Telefónica. A todas las anteriores firmas, el traslado de su sede social al extranjero conduciría a una gran disminución de los beneficios obtenidos en España. Por eso, aunque ahora paguen más impuestos que antes, su domicilio social continuará estando en nuestro país.