La fuga de empresas catalanas hacia otras latitudes hispanas no cesa. Cinco años después del golpe secesionista de Carles Puigdemont, que desencadenó una estampida nunca vista, la mudanza continúa sin parar.

El ritmo de bajas ha perdido la explosiva intensidad inicial, pero las deserciones siguen y a corto plazo no hay visos de que la tendencia vaya a revertirse.

Estos terruños fueron desde tiempo inmemorial un imán de iniciativas, negocios e inversiones, gracias a la naturaleza emprendedora de sus habitantes.

La situación dio un vuelco estratosférico cuando un puñado de políticos visionarios y provincianos se fijó como objetivo cardinal la independencia. Ahora parecen conformarse con pretensiones mucho más modestas, que por el momento consisten en celebrar un referéndum de consulta al pueblo soberano.

Pero da lo mismo, porque la inseguridad jurídica campa a sus anchas. Y sin ella, es vano esperar que los grandes flujos de caudales emprendan el camino de regreso. Como bien se sabe, el dinero es de por sí asustadizo y huye despavorido ante cualquier inclemencia.     

En 2022 arribaron a Cataluña 600 sociedades procedentes de otras regiones. A la vez, se marcharon unas 800. Expresado en otros términos, cada dos días, fines de semana incluidos, una entidad se esfuma de esta comunidad para establecerse en otras menos inhóspitas.

¿Cuál es el destino preferido por los exiliados? Pues ni más ni menos que la vituperada capital del Reino. Cerca de la mitad de las entidades peregrinas escogió Madrid para instalar su sede social.

Muchos y variados son los motivos por los que los empresarios vernáculos eligen la Villa y Corte, pero sin duda hay uno que sobresale por encima de todos, a saber, la benigna fiscalidad existente en la meseta central. Apabulla su comparación con el infierno impositivo inmisericorde que sangra a los catalanes.

Josep Sánchez Llibre, líder de la patronal Foment, reiteró esta semana sus denuncias sobre la elevadísima presión tributaria que ha echado raíces en este territorio.

A título de ejemplo, recordó que la compra de una vivienda de segunda mano en Cataluña acarrea un impuesto de hasta el 11%, frente al 6% de Madrid. Es decir, a los habitantes de esta esquina de la piel de toro, la tasa que el Govern les carga por adquirir un piso usado, resulta un 83% más gravosa que a los afortunados residentes en la capital.

Tal dato es apenas una muestra más del extenso repertorio de exacciones que aplica la insaciable voracidad recaudadora de los capitostes de la Generalitat.

Este panorama irrespirable de abusos explica que todo el que puede agarra la maleta y se escabulle con viento fresco hacia zonas más hospitalarias, donde los poderes políticos no le atraquen con tanto descaro y saña.

Lo malo de este éxodo es que raramente tiene vuelta atrás. Forjar unas circunstancias propicias a las inversiones exige años de esfuerzo denodado. Destruirlas solo es cuestión de unos pocos días.

Artur Mas se inventó hace una década el “derecho a decidir” como cortina de humo para ocultar la ristra de escándalos y latrocinios perpetrados por su partido Convergència. Desde entonces, casi 9.000 compañías se han largado, entre ellas la flor y nata de las cotizadas en bolsa.

Semejante guarismo refleja las proporciones bíblicas de la decadencia en que se han sumido nuestros lares por las ínfulas separatistas de un manojo de demagogos incompetentes y chulescos.

El partido liderado sucesivamente por Jordi Pujol y Artur Mas se comportó durante décadas con aires propios de una banda de corte mafioso, consagrada en cuerpo y alma al saqueo sistemático de las arcas oficiales con fines clientelares. Las condenas judiciales subsiguientes sepultaron su sigla en un lodazal de podredumbre.

La formación sucesora Junts per Catalunya –de tal palo tal astilla- no anda mucho más limpia en cuestiones de corrupción. Anteayer comenzó en el Tribunal Superior el juicio a su presidenta Laura Borràs. Le acusan de que cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, amañó contratos públicos a favor de un amiguete suyo. Dicho sujeto, condenado por narcotráfico, está en tratos con la fiscalía para cantar la Traviata durante la vista oral. Pero tanto si el pacto prospera como si no, el futuro procesal de la alta jefa de JxCat pinta poco venturoso, por decirlo con amabilidad suma.