Hace unos meses, todo parecía apuntar a que en el curso 2022-23 la presencia del castellano como lengua vehicular en la enseñanza obligatoria iba a ser finalmente una realidad. Desde aquí saludamos ese éxito y felicitamos particularmente a la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) y a la perseverante Ana Losada por su buen trabajo. La sentencia del TSJC sobre el 25%, de obligado cumplimiento desde el 25 de enero de este año, una vez que el Tribunal Supremo no aceptó a trámite el recurso de la Generalitat, parecía que iba a ser ejecutada inevitablemente, pese a los mil obstáculos que ponía la consejería de Educación. Sin embargo, las cosas se han torcido de tal modo desde mayo que ahora lo que está en peligro es que en aquellas escuelas donde ya se ejercía ese derecho, gracias a las peticiones de las familias, la Generalitat lo impida, como ya ha anunciado a bombo y platillo el consejero Josep Gonzàlez Cambray.

Es decir, que se produzca un retroceso sustancial en relación con un pleito en el que están en juego derechos fundamentales. Explicar el giro de los acontecimientos es complejísimo porque la parte jurídica es muy enrevesada. Para quien quiera entenderlo bien, recomiendo la lectura de la extensa y documentada entrada que ha redactado el jurista Rafael Arenas en su blog personal (Exclusión del castellano en las escuelas catalanas y Estado de Derecho, 23 de julio de 2022).

En resumidas cuentas, los nacionalistas han logrado hacer imposible la ejecución de la sentencia gracias a los siguientes factores. Primero, a la inacción del Ministerio de Educación y de la Abogacía del Estado por razones meramente de conveniencia política. El apoyo de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez exigía ese peaje. Segundo, gracias a un nuevo pacto lingüístico en el Parlament de amplio espectro que podía ser interpretado de muchas formas, tanto para dar al castellano la consideración de lengua de aprendizaje, cuyo uso fuera más allá de la asignatura de lengua y literatura española, que era la lectura benigna que hacían los socialistas, como para santificar que el catalán es --ahora y siempre-- la única lengua vehicular y que, por tanto, no cabe establecer porcentajes lingüísticos como exigía la justicia. Pese al voluntarismo del que algunos hicimos gala en el sentido de que la nueva ley suponía un avance en el bilingüismo, lo cierto es que los nacionalistas estaban en lo cierto: la nueva ley ha servido para burlar la ejecución de la sentencia del 25%.

Y, por último, pero no menos importante, porque el TSJC se ha rendido y, hastiado por el pulso que libraba con la Generalitat, ha interpretado que tanto la nueva ley como el decreto-ley impiden la ejecución de la sentencia, excepto que el Tribunal Constitucional considere que ambas disposiciones contravienen la Constitución, para lo cual ha presentado un recurso de inconstitucionalidad sin que mientras tanto se pueda hacer nada más que esperar. De alguna manera, se ha sacado de encima una cuestión que es puramente política, pues correspondía al Gobierno español exigir la ejecución de una sentencia que protegía un derecho lingüístico básico como es recibir un mínimo de clases en castellano a lo largo de la enseñanza obligatoria. Y lo peor de todo es que la Generalitat se atreve ahora a dar instrucciones para que deje de aplicarse el 25% en aquellas escuelas, como la de Canet de Mar y tantas otras, donde ya se impartía.

Escribía Carlos Mármol este lunes que los nacionalistas “lo habían vuelto a hacer” y, en efecto, es verdad, han vuelto a lograr que en ningún colegio de Cataluña sufragado con fondos públicos vaya a impartirse este curso un 25% en castellano, que es lo mismo que decir que han impedido que se enseñe en español, negándole el derecho constitucional a ser lengua vehicular. Tristemente, tras el pacto lingüístico que algunos vimos como un paso adelante, la realidad muestra que el monoligüismo escolar del “només en català” sale reforzado. Y de eso va la manifestación del próximo 18 de septiembre que convoca Escuela de todos. Hay mucha gente que se ha perdido en este laberíntico y cansino debate, pero es hora de dar respuesta en la calle a un cierto cabreo, porque contra toda lógica democrática lo han vuelto hacer.