'Ho han tornat a fer'

Carlos Mármol
8 min

El día que Pedro Sánchez, a cuenta del célebre decreto de ahorro de energía, aseguró con rotundidad que en España “la ley se cumple” no estaba haciendo una defensa del Estado de Derecho, en el que nadie puede ni debe situarse por encima de las normas sancionadas, sino postulando una equivalencia exacta entre su voluntad y el interés general. El presidente del Gobierno, que vive su particular ocaso en España al mismo tiempo que intenta trabajarse una salida futura en Europa, aunque ambas cosas estén sucediendo a cámara muy lenta, siempre juega a corto. Esto explica que un día diga una cosa --“no se pueden bajar los impuestos”-- y al siguiente haga justo lo opuesto, como reducir el IVA del gas.

El problema no es tanto su falta de criterio --cuando el interés inmediato entra por la puerta el sentido común suele salir por la ventana-- como el daño que provocan estas dislocaciones. Tenemos un ejemplo en Cataluña, donde la Moncloa ha facilitado a los independentistas, con la colaboración del PSC, que en esto de la volubilidad es una organización absolutamente pionera, que luzcan de nuevo en la solapa de su guerrera la dudosa medalla de incumplir la ley. El episodio acontece además en paralelo al debate sobre el indulto de los condenados por los ERE, una réplica de la conmutación de penas a los delincuentes del procés. Son dos instantes gemelos sobre la extinción (posmoderna) de la justicia en nuestro país, donde la democracia es formal y también lo es una justicia que no sirve absolutamente para nada.

En este país no existe ni una parcela de la vida pública, e incluso de la vida íntima, que no haya sido objeto de injerencia ideológica. Quienes gobiernan, gracias a una ley electoral asimétrica que no reconoce valor idéntico a todos los votos, han tomado las últimas grietas de la roca donde se habían refugiado la libertad y el pensamiento crítico, convirtiendo así la democracia en un circo asambleario y favoreciendo una atmósfera pública similar a la de un tribunal de la inquisición. Si eres de los suyos, como Griñán o los condenados por el procés, te convertirás en mártir o santo (con parroquia). Si eres un ciudadano comprometido con la sociedad --como las familias que luchan para que el español sea lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña-- no sólo no tendrás derechos, sino que una coyunda de intereses de casta impedirá que nadie disfrute de una merced que dicta el mismísimo sentido común.

La estrategia del Govern para burlar la sentencia del TSJC que obligaba a impartir un 25% de las clases en castellano, ratificada por el Supremo, ha logrado en primera instancia su objetivo: burlar la ley con la invención de una nueva norma (a la carta). No es extraño que el consejero de Educación de la Generalitat celebrase el comienzo del curso académico proclamando, categórico, que en ningún colegio de Cataluña se darán clases en español. Ni en aplicación del famoso 25% ni, tampoco, en los casos en los que existía una sentencia firme en beneficio de las familias que reconquistaron este derecho esencial en los tribunales.

El éxito de los independentistas, que no obstante es relativo, porque en Cataluña el español sigue siendo la gran lingua franca a pesar de todos los intentos por exterminarlo de la vida real, alumbra la nueva táctica de los nacionalistas: persistir en la insumisión a la ley mediante actos legislativos sucesivos, parciales y excluyentes. Decisiones que la Moncloa, obsesionada con salvarse del naufragio --tras el 19J en Andalucía el reloj de Sánchez parece empezar a discurrir hacia la estación término--, evita conscientemente recurrir en los tribunales, dando así carta de naturaleza a lo que podemos llamar --toda una paradoja-- una imposición democrática.

El Govern legisló a toda prisa para huir de la legislación. En lugar de ir de la ley a la ley, a la manera de Torcuato Fernández Miranda, ha patentado otra vía: hacer leyes para poder eludir leyes. Un logro inaudito, puesto que también implica la invalidación de facto de sentencias firmes. Para el independentismo se trata de una línea de trabajo jubilosa: pueden cambiar la ley autonómica sin cesar --vendrán más casos-- cada vez que consideren conveniente no someterse al ordenamiento jurídico general. La práctica evidencia dos cosas que ya sabíamos todos: el Parlamento de Cataluña no legisla para todos los catalanes. Lo hace únicamente para el independentismo, del mismo modo que en Andalucía la autonomía sólo ha servido para que los patriarcas del PSOE disfruten del ridículo honor de levantarse estatuas en vida. Ambos episodios conducen a lo mismo: la patrimonialización sectaria del espacio público.

Lo que González-Cambray llama “una respuesta de país” consiste no sólo en no acatar el fallo del TSJC, sino en impedir la docencia en español en los 27 centros que ya habían integrado esta materia --sin quebranto-- en sus programas docentes. Que tal medida es inconstitucional parece evidente, pero hasta que los magistrados del Constitucional no se pronuncien --y no será precisamente pronto-- el desequilibrado duelo entre la ley y la miseria política se salda en favor de esta última. Es lo que hay.

La justicia, desde la óptica del Govern, es “una injerencia”. Por supuesto, las familias que reclamaron limpiamente sus derechos lingüísticos ante los tribunales no merecen su atención ni su aprecio, sino el sometimiento, la aceptación y el exilio interior. La generosidad de los actores políticos de la Santa Transición, que sacrificaron la igualdad objetiva para incorporar a los independentistas al ámbito institucional, garantizándole así a la Corona sus privilegios, no se hizo para esto. Las autonomías han convertido a España en una pesadilla kafkiana donde la ley no se cumple, el Constitucional sestea y la Moncloa calla, otorga o tolera. Todo está en venta. Los terceristas van a tener difícil decir que en Cataluña no existe ningún problema con el español. En efecto, no hay un problema de lenguas. Lo que existe es una persecución contra quienes lo hablan. Ho han tornat a fer.

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¿Quién es... Carlos Mármol?
Carlos Mármol

Estudió Poética, pero desde hace tres décadas se dedica a esa literatura prosaica que es el periodismo. Comenzó su carrera profesional en El Correo de Andalucía (1990-1999). Más tarde formó parte del equipo directivo que fundó Diario de Sevilla (1999-2012), donde ha ejercido como subdirector, articulista y editorialista. Desde 2013 es columnista en los diarios La Vanguardia y El Mundo, además de coordinador editorial de Letra Global, el spin-off cultural de Crónica Global. Doctor en Teoría de la Literatura, máster en Literatura General & Comparada y licenciado en Filología Hispánica. Lee, escribe y viaja. No siempre por este orden.