Elies Campo, el estratega del Catalangate, es arte y parte. El CNI lo confirma al reconocer la existencia de la conexión indepe con Pegasus. Campo fue un arma de doble filo que controlaba teléfonos intervenidos, como el de Aragonès, e informaba a dos frentes: la corte de Puigdemont en Waterloo y a la empresa Citizen Lab de la Universidad de Toronto, pretexto del mismo Catalangate. Citizen Lab, que utiliza el Pegasus, ayudaba a los espiados a desentrañar quién les había intervenido el móvil. Pero Campo se ha pasado tanto de listo que ahora deberá declarar seguramente en el sumario que sigue a la denuncia ante el juzgado presentada por Pedro Sánchez y Margarita Robles por filtrar las 2,6 gigas de los móviles encriptados de ambos. El que se exhibe, sale en la foto.
Campo no es una fuente fiable. Es el proletario cognitivo de Ciberleviatán (Ed. Arpa), el libro de José María Lassalle, que habla de una nueva clase social a la que se desahuciará de su humanidad en beneficio de un mundo feliz dominado por la tecnología. Actúa como un agente doble que maneja el Pegasus a la perfección y lo lía todo hasta acabar señalando al CNI ante los líderes indepes. El Kremlin y Rabat le son próximos, pero yo de él no me fiaría.
Cuando el Gobierno sacó por los pelos el decreto de las consecuencias económicas de la guerra, supo que con ERC lo tendría crudo. Preparó la reunión de secretos oficiales para limpiar de responsabilidades al Gobierno ante sus socios republicanos. Pero no le ha salido bien. Todos sabemos ya que para investigar a un ciudadano, el CNI debe pedirle autorización al juez del Supremo que se ocupa de este delicado asunto. El CNI tiene que argumentar por qué pide investigar a un ciudadano y un magistrado del Supremo es el encargado debe dictar un auto, debidamente argumentado también, concluyendo si concede o no este permiso. Es lo que dice la ley.
En resumen: los indepes han sido investigados legalmente durante las administraciones de Rajoy y Sánchez, cuyos núcleos presidenciales fueron informados. Para dejarlo claro, Aragonès pide que se desclasifique su caso; está dispuesto a explorar las razones que tenía el CNI para investigarlo y quiere leer el auto del juez que lo permitió.
Otro dardo contra la legislatura en el corazón de Moncloa, donde sigue el bochinche entre Félix Bolaños y la ministra de Defensa, Margarita Robles. El departamento de Presidencia da por descontada la cabeza de la directora del CNI, Paz Esteban, y tiene sobre la mesa el nombramiento al frente del CNI al valioso general Miguel Ángel Ballesteros. El president Aragonès es un político acendrado, pero pertenece de lleno a la troupe del procés, algo que no debemos olvidar. El árnica que pide hoy no ensombrece su turbulento pasado. ¿Lo entiende el tal Campo?
El espía doble trabajó para Quim Torra; credencial Pinocho y además se arroga el mérito de la denuncia al The New Yorker de 60 espiados del procés. ¡Pedazo de ronco!, aunque los 60 han quedado en 18, después de la comparecencia a puerta cerrada de la todavía directora del CNI, Paz Esteban. La comisión de secretos oficiales es un organismo pintoresco del que toda España sabe cosas, habla y escribe. Desde uno de estos secretos a voces, Campo informaba a los puigdemontistas acérrimos, como el senador Jami Matamala o el abogado Gonzalo Boye, almas acorazadas del país ensimismado.
Rufián dijo imprudentemente que la directora del CNI no había hablado del Pegasus, pero al final resultó que sí. Esteban habló del espionaje bajo preceptos legales, llenos de rendijas que agrietan secretos. Ni por un segundo se planteó ella dejar de ser un mero instrumento, otra proletaria cognitiva (Lasalle). La razón de Estado impide que el ser humano sea la medida del mundo.