El Espacio Europeo de Educación Superior (EES) es un proyecto impulsado por gran parte de los países de la Unión Europea, cuya finalidad es promover una mayor movilidad y empleabilidad a sus ciudadanos. Es por ello por lo que, por ejemplo, en las últimas décadas se ha producido la adaptación del sistema universitario español al Plan Bolonia. Quizá una de las reformas más conocidas de dicha transformación ha sido la implementación de la estructura general consistente en tres grandes ciclos: grados, másteres y doctorados.

En 2015, el polémico 'Decreto Wert', conocido como 3+2, permitió la creación de grados de tres años y másteres de dos años. Precisamente donde mayor implementación han tenido ha sido en Cataluña, donde en la actualidad se ofrecen 17 titulaciones de las 180 ofertadas. A modo de ejemplo, pueden destacarse los siguientes: Estudios Globales (UPF), Diseño y Creación Digital (UOC), Estudios de Género (UAB) o Técnicas de Desarrollo de Aplicaciones Web y Móviles (URV).

Esta reforma fue muy criticada por entender que, entre otros motivos, los grados de tres años no ofrecían una formación generalista, como sí lo harían los de cuatro. Por ello, ahora el Gobierno quiere prohibirlos y otorga un plazo de dos años para que las carreras de 180 créditos (tres años) modifiquen su plan de estudios para que sean de 240 (cuatro años). Creo que, para abordar este debate, es importante, en primer lugar, preguntarnos por qué todas las titulaciones deben ser homogéneas y generalistas, como pretenden ahora des de la Moncloa. Cada rama del conocimiento es distinta y cada grado tiene unas necesidades muy concretas que son difíciles de abordar mediante una regulación homogénea. Por tanto, los grados de tres años vendrían a plasmar dicha necesidad.

Cada vez más, los jóvenes tenemos la sensación de que disponer de la titulación de grado no es suficiente para desarrollarnos y destacar profesionalmente, y esto es precisamente por su carácter generalista que veníamos comentando. De este modo, la mayoría terminamos nuestra carrera sabiendo que tendremos que hacer uno o dos másteres para especializarnos en una materia. Este es, en parte, uno de los motivos que explica el retraso de algunos jóvenes en la inserción en el mercado laboral-profesional. Por este motivo, disponer de una oferta flexible de grados específicos y profesionalizadores también puede ayudar a los jóvenes en este sentido. Sin embargo, la propuesta del PSOE y Podemos limita el abanico de posibilidades académicas para los alumnos y en consecuencia sus oportunidades, sin una debida fundamentación.

Por su parte, la prohibición de los grados de tres años obviamente tiene sus efectos en las propias universidades. De hecho, eso se evidencia cuando en 2015 la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) acordó, aunque no de modo vinculante, una moratoria para no ofertar grados de tres años al menos hasta el curso 2017-2018. Uno de los motivos esgrimidos fue la potencial competencia entre carreras de tres y cuatro años, o incluso entre universidades: entre aquellas capaces de innovar y ofrecer titulaciones de tres años y aquellas que no. Pero al contrario de lo que se afirma, esta competencia no es nada reprochable; sino más bien es un aspecto muy positivo que va a comportar un mayor esfuerzo por parte de las universidades para diferenciarse, ofreciendo grados con un plan de estudios que resulte más atractivo y competitivo para los estudiantes y sus necesidades e inquietudes concretas Los grandes beneficiarios de esta diversidad formativa son, en definitiva, los mismos alumnos.

Parece que, con el pretexto de la polémica económica de este debate, al final la CRUE se sentía cómoda con las cosas tal y como estaban, sin tener que esforzarse por innovar, competir y adaptarse a las demandas emergentes de los estudiantes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtió en 2016 que prohibir los grados de tres años implicaba una gran limitación en la competencia entre universidades, en concreto, en la oferta de títulos; y, al final, como toda limitación a la competencia, ésta perjudica al propio consumidor o, en este caso, a los estudiantes.

En lugar de cartelizar la oferta de títulos, sería pertinente reforzar la autonomía de las universidades y eliminar todas las barreras normativas que limitan su capacidad de competir para mejorar la calidad, variedad e innovación de la educación superior. Recuperando un elocuente artículo del actual Ministro de Universidades Manuel Castells en 2008, en su etapa de profesor en la prestigiosa Universidad de Berkeley, "la uniformidad estatista dificulta la diversificación de las universidades, frena la innovación y nivela por su nivel más bajo". Desafortunadamente, el Castells político piensa distinto al Castells académico y el Gobierno ya se ha decantado.