Desde el retorno de la democracia, tres grandes lobis han influido considerablemente en las decisiones de los distintos gobiernos. Defienden los intereses de los bancos, las constructoras y las eléctricas y constituyen una parte importante del poder en la sombra en nuestro país. Por distintos motivos, los dos primeros están temporalmente de capa caída; en cambio, el tercero conserva por completo su capacidad de influencia.

En los últimos 25 años, dicha capacidad ha permitido a las eléctricas gozar de numerosos privilegios. Algunos de los más importantes son los siguientes:

1) Una competencia casi inexistente. Es la que hay entre las empresas generadoras de energía, pues las cinco más grandes producen casi el 70% de la electricidad. Una elevada cuota de mercado que les permite actuar como un oligopolio, manipular en ocasiones el precio en el mercado mayorista y obtener beneficios extraordinarios.

Ni el regulador del mercado eléctrico ni los sucesivos gobiernos han obligado a Endesa o Iberdrola a vender algunas de sus centrales. Si lo hubieran hecho, la entrada de nuevas empresas hubiera incrementado la competencia y convertido en mucho más difícil la alteración al alza del anterior precio. Sin embargo, ambos han preferido mirar hacia otro lado y han consentido el trasvase de rentas desde las familias hacia las compañías generadoras de electricidad.

Un ejemplo de ello sucedió en el mes de julio. En dicho período, el precio medio marcó un récord histórico y alcanzó los 92,42 €/MWh. No obstante, de forma sorprendente, el principal culpable del elevado importe no fue la tecnología más cara (el ciclo combinado), sino una de las más baratas (la hidroeléctrica). La primera lo estableció en el 21% de las horas, mientras que la segunda en el 61%.

Unos datos contrarios al sentido común, pues las centrales hidroeléctricas están casi todas completamente amortizadas, la materia prima (el agua caída del cielo) es gratis y escaso el número de trabajadores necesario para su funcionamiento.

2) Costes de transición a la competencia. Cualquier empresa desearía que le compensaran por un cambio de la regulación de su sector, si a priori ésta será menos beneficiosa para sus intereses que la anterior. No obstante, en los últimos 25 años solo lo han conseguido las eléctricas. Los bancos, por tener que prestar dinero a un tipo de interés mucho menor y estar más limitada su capacidad de conceder crédito, no han recibido ni un euro de la Administración.

En diciembre de 1997, la patronal le sacó al gobierno del PP una retribución extraordinaria de 8.864 millones de euros, a percibir en un período máximo de 13 años. La excusa fue la expectativa de un descenso del precio en el mercado mayorista. Una coyuntura que duró un escaso período, pues la nueva norma no liberalizó el sector, aunque así lo indicara en la exposición de motivos, sino que únicamente lo desreguló. Debido a ello, la nueva regulación no perjudicó a las eléctricas, sino que las benefició.

La ley 54/1997 obligaba a las centrales a vender la energía a un precio variable, determinado por la interacción de la oferta y la demanda, en lugar de uno fijo como hasta el momento hacían. No obstante, éstas consiguieron tener unos ingresos estables por la generación de energía, ya que durante los próximos 13 años se aseguraron una retribución equivalente a la suma de los dos siguientes factores: los MWh producidos multiplicados por el precio de referencia (36 MWh) y los 8.864 millones de euros.

Un verdadero chollo que llevó a las eléctricas a ser conocidas en la Bolsa como la renta fija variable y la mejor opción para los inversores conservadores. No obstante, como el importe en el mercado mayorista fue superior al de referencia, las eléctricas obtuvieron una compensación vía precio de mercado superior a la pactada (8.864 millones).

Dicha retribución bis adicional asciende a 1.523,6 millones de euros, según Greenpeace, y a 3.396 millones de euros para la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Unos cuantías muy elevadas, a pesar de que el ejecutivo en 2006 (cuatro años antes de lo previsto) dio por finiquitado el abono a las eléctricas de los Costes de Transición a la Competencia.

La devolución de esta última compensación, ni prevista ni acordada, no fue reclamada por ninguno de los posteriores ejecutivos. Una muestra más de que los gobiernos del PP y PSOE han defendido siempre más los intereses de las eléctricas que de los consumidores.

3) El déficit tarifario. Según las eléctricas, es la diferencia entre el coste de producir y distribuir electricidad y el precio pagado por los consumidores. El problema es que el primer importe jamás ha sido auditado por la Administración o una compañía independiente. De forma increíble, aquella ha aceptado la versión de la patronal del sector, a pesar del gran interés de ésta en exagerar los anteriores costes.

El origen del déficit tarifario se sitúa en 1996. El PP llega al poder y decide que el precio minorista de la luz nunca puede incrementar en mayor medida que la inflación prevista. Una actuación que conllevó las protestas de la patronal eléctrica en 1999, cuando el precio del petróleo y del gas natural aumentaron considerablemente. Según ella, la descompensación entre ingresos y costes obligaría a cerrar algunas de las centrales existentes.

Ante dicho argumento, en el año 2000 el ejecutivo de José María Aznar empezó a compensar a las eléctricas por la supuesta diferencia entre ambas partidas. El dinero para resarcirlas lo obtenía la Administración de la emisión de deuda pública. Un importe que en el futuro debía ser pagado por los consumidores a través de un recargo en el recibo de la luz.

Después de dos décadas, en 2019 el déficit tarifario acumulado, equivalente al dinero abonado sin una debida justificación, alcanzó los 39.168 millones de euros. No obstante, gracias al anterior recargo y al impuesto a la generación de electricidad del 7%, instaurado por el PP en 2012, la deuda pendiente de la Administración por dicho concepto en 2019 “solo” era de 16.502 millones.

4) El establecimiento de un mercado marginalista. En la desregulación del mercado eléctrico mayorista de 1996, la Comisión Europea obligó a los países miembros a que el precio fuera único y lo fijara la tecnología más cara. Sin duda, un verdadero chollo para las grandes compañías, pues dicho método permite a las centrales con menores costes, tales como las hidroeléctricas y nucleares, obtener elevados márgenes de beneficios.

Un ejemplo servirá para entender la aparición de dichos márgenes. Para satisfacer por completo la demanda de electricidad, las centrales de ciclo combinado deben realizar producción y éstas solo la ofrecen a 90 €/MWh debido al elevado importe del gas natural. Por tanto, el precio de mercado de cada MWh producido, por cualquier tipo de tecnología, es de 90 euros en la franja horaria correspondiente.

Si el coste de producción de la energía hidroeléctrica es de 11 €/MWh y el de la nuclear se sitúa en 22 €/MWh, tal y como indica Jorge Fabra, el porcentaje de ganancia obtenida asciende al 718% y 309%, respectivamente. Indudablemente, unos márgenes que no deberían tener unas empresas que producen un bien de primer necesidad.

En definitiva, en los últimos 25 años, el lobi eléctrico ha conseguido desplazar una elevada magnitud de rentas desde las familias y otras empresas a sus compañías. Lo ha hecho con la complacencia de todos los gobiernos del período. No obstante, su privilegiada situación y legislación es tan clamorosa que es insostenible.

Como dice el refrán: “la avaricia rompe el saco”. Por eso, no me extrañaría nada que la presión de las asociaciones de consumidores y los medios de comunicación obligue a los partidos políticos a dar por finalizados sus privilegios históricos. Por la anterior razón, los bancos son un lobi mucho más débil de lo que eran. Una situación que los ejecutivos magníficamente retribuidos de las principales compañías eléctricas no han observado o valorado adecuadamente.