Una de las especialidades de nuestro gobierno autónomo consiste, como todos sabemos, en pasarse por el arco de triunfo (o intentarlo) las resoluciones judiciales. No todas, hay que elegir. Por ejemplo, la anulación del toque de queda se la han tenido que comer con patatas y sin, prácticamente, ofrecer resistencia: hace dos días, el toque de queda era fundamental para controlar la pandemia, pero ahora parece que ya no lo era tanto, pues se acepta sin rechistar lo que dice el TSJC y aquí paz y después gloria. Pero hay otras indicaciones judiciales que permiten, al parecer, aplicaciones más oblicuas, como la que obligaba a la Generalitat a repartir los exámenes de la selectividad universitaria de septiembre en los tres idiomas oficiales de la comunidad, acabando así con la costumbre de facilitarlos inicialmente en catalán y forzar así a quien lo quisiera en castellano (o en aranés) a levantar el dedo e identificarse como un mal ciudadano (o un patriota dudoso). Pese a la insistencia de la AEB (Asamblea por una Escuela Bilingüe), a la que el TSJC había dado la razón, el CIC (Consejo Interuniversitario de Cataluña) ya ha dicho que el mes que viene piensa seguir yendo a su bola y repartiendo los exámenes únicamente en catalán: si alguien lo quiere en castellano, que se retrate (la petición de textos en aranés es insignificante, como demuestra el hecho de que solo se impriman 25 en esa lengua). Las ganas de jorobar al castellanoparlante son evidentes, pero el CIC, con esas maneras jesuíticas que suelen gastarse los lazis, han aducido en su defensa que la exigencia del TSJC obligaría a imprimir mucho más papel del previsto, lo cual no puede ser bueno de ninguna de las maneras para el ahorro y la ecología: aquí se tira el dinero en embajadas inútiles y se crean cargos muy bien pagados para los amigos del régimen, pero imprimir de más se considera un despilfarro inasumible y un atentado ecológico.

Yo diría que lo normal en una comunidad bilingüe sería que los aspirantes a universitario se encontraran en el pupitre el examen en castellano y en catalán (y en aranés, ya puestos). Y si se quiere ahorrar papel, salvar algunos árboles y contribuir a la sostenibilidad del planeta, siempre se podría recurrir a un propio que preguntara a los estudiantes en qué idioma quieren efectuar el examen. En vez de eso, el CIC decide que se puede pasar por el forro la orden del TSJC y esperar a ver qué pasa, confiando en que nada. O sea, que lo del toque de queda vale, porque igual te la ganas, pero con lo de la selectividad puedes hacer de tu capa un sayo porque, total, ¿a quién le importa esto de la educación?

Barcelona cada día se parece más a esas ciudades irlandesas en las que todo (nombres de calles y de tiendas y de restaurantes y demás) está en gaélico, pero luego resulta que nadie se te dirige en ese idioma porque todo el mundo habla exclusivamente inglés. Pese a las encuestas que certifican la preeminencia del castellano sobre el catalán, los que nos gobiernan se empeñan en mantener la ficción de que éste es un paisito monolingüe en el que solo unos cuantos excéntricos se empeñan en expresarse en la lengua del invasor (como ese artista irlandés al que ya se tilda tranquilamente de catalanófobo en la prensa del régimen). Estamos en manos de una gente que entre una realidad que les molesta y una ficción que se ajusta mejor a sus deseos hace tiempo que ha optado por ésta. Es esa gente que se queja de la judicialización de la política cuando la están pidiendo a gritos con su manera de ir por el mundo.