Como ha escrito la prestigiosa economista Mariana Mazzucato, la crisis económica y sanitaria en la que estamos inmersos puede ser una gran oportunidad para transformar la economía. Es un momento propicio para redefinir el marco de la cooperación público-privada, facilitando el uso de la financiación privada para proyectos de utilidad pública y orientando la financiación pública hacia sectores productivos de la empresa privada y la industria. Todo ello en un nuevo escenario estratégico que nos conduzca a una economía más productiva, descarbonizada, basada en el conocimiento y la innovación.

El sector público no solo debe servir para corregir los fallos de mercado, sino que su modernización a través de la digitalización lo convertiría en un instrumento capaz de responder con agilidad y resiliencia a emergencias como la del Covid-19, y otras que pueden ir apareciendo en nuestro horizonte colectivo. Debería potenciarse la capacidad de las administraciones públicas para gobernar sistemas de producción resilientes, gestionar los datos y las plataformas digitales. La inversión pública debería orientarse hacia sectores económicos tractores con capacidad de generación de empleo que faciliten la transición energética y sean un buen instrumento para catalizar la innovación en ciencia y tecnología.

Con referencia a Cataluña, los gobiernos “pequeños” deberán compensar sus dificultades para realizar grandes inversiones públicas apostando de forma inequívoca por la inversión en I+D y en innovación. De acuerdo con los datos publicados por el Regional Innovation Scoreboard de la UE en relación a la innovación en las regiones europeas, es preocupante el estancamiento de Cataluña respecto a la evolución al alza de las otras dos comunidades españolas más dinámicas, como son Madrid y Euskadi. El informe destaca la apuesta vasca por la innovación en las pymes y el dinamismo madrileño en las empresas TIC. Cataluña vive un proceso de desindustrialización, de escasez de políticas de innovación en pymes, y de penuria en la inversión pública y privada en I+D. Esta situación podría mejorarse si el nuevo Govern fuera capaz de incrementar el presupuesto en I+D y concertarlo con el mundo empresarial buscando fórmulas de coinversión que multipliquen el esfuerzo público. Los fondos europeos pueden ser una oportunidad excelente para impulsar ese cambio. 

Las empresas públicas pueden ser también instrumentos de innovación en los ámbitos donde actúan. En relación a Cataluña y tomando como referencia un sector especialmente relevante como el de la movilidad, hay diferentes ejemplos que van desde empresas que son motores de innovación a otras que no están funcionando como debieran.

En el primer caso destaca una empresa pública como TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), con un interesante balance en lo que llamaríamos la triple contabilidad: social, económica y ambiental. Un balance social que genera unos 28.000 puestos de trabajo en toda su área de influencia lo que triplica los 8.500 trabajadores de su plantilla directa. Un balance económico generador de renta y dinamizador del tejido industrial en el territorio en el que opera. Y una repercusión en el campo medio ambiental que supone un importante ahorro en externalidades negativas para la sociedad en conceptos como la congestión del tránsito y los accidentes de tráfico, así como una significativa contribución a la reducción de los efectos negativos de los gases efectos invernadero.  Además, TMB como empresa de transporte público es un instrumento de innovación tecnológica, que potencia la movilidad y la conectividad inteligente, la vertebración social y la digitalización del territorio.  El know-how tecnológico adquirido en la explotación de la red (metro y buses) está impulsando su internacionalización y por lo tanto la generación de nuevos recursos e ingresos.

En el otro extremo y como ejemplo de ineficacia, destacaría el fracaso de la T-Mobilitat, responsabilidad de la ATM, consorcio donde la Generalitat de Catalunya es mayoritaria a través de su Departamento de Territorio.  “La T-Mobilitat es una tarjeta recargable con chip de un nuevo sistema de validación, basado en la tecnología sin contacto”. Este proyecto que intenta desarrollar la empresa SocMobilitat, que hace más de seis años que debería haberse implementado en el transporte público del AMB, es un claro ejemplo de la ineficacia de una administración incapaz de controlar y exigir al grupo empresarial el cumplimiento de lo contratado.

La pandemia es una buena oportunidad para que Cataluña modernice y module su sector público y proceda a una reforma en profundidad de su administración. Los procesos de digitalización con fondos europeos son una gran ocasión para mejorar su productividad. Se deberá potenciar la profesionalización de los altos cargos, medir el desempeño de sus cuadros medios a través de la orientación de resultados y la remuneración por objetivos. La Administración catalana debe superar su politización y su subordinación a los intereses identitarios del nacionalismo. El sector público catalán no debe renunciar a ser un motor de innovación.