Se repite hasta la necedad que el enemigo principal de la educación pública en España son los partidos de derechas. Se les acusa que mantienen, con sus millonarias ayudas, los negocios de la enseñanza concertada, entre los que destacan sobremanera los insaciables colegios religiosos de innumerables órdenes y demás obras integristas que, en algunos casos, hasta segregan por sexo. De ser cierto, sorprende la connivencia del PSOE que, desde hace cuatro décadas y allá donde ha gobernado, ha mantenido este panorama que tanto favorece los intereses de bolsillos particulares.

La educación como negocio no es una cuestión de derechas o de izquierdas, como tampoco lo es la enseñanza como derecho constitucional y como servicio público. Sin embargo, es más que notorio que la red pública de escuelas de primaria e institutos de secundaria y bachillerato arrastra una crisis que se agrava año a año. Profesores y sindicatos insisten en la necesidad de aumentar la financiación y disminuir la ratio de alumnos por aula. Clama al cielo que, en el Informe de futuro --vendido hace unos días por Pedro Sánchez--, se asegure que en 2050 se alcanzará una inversión que hoy día ya se realiza en Dinamarca. Vamos tarde y llegaremos más tarde aún.

Pero no todo se reduce a la capacidad destructiva de agentes exógenos a los centros educativos. Resulta extraño que profesores y sindicatos no denuncien una carcoma silenciosa que está destruyendo el prestigio de la enseñanza pública, especialmente en los institutos de secundaria y bachillerato. Desde una perspectiva general, su incidencia puede ser pequeña o minúscula, pero no por ello menos preocupante, pues donde esa carcoma se instala destruye la formación de los alumnos para toda su vida en la materia correspondiente.

La solución aprobaba en la nueva ley de educación de la ministra Celaá de poder superar el bachillerato con dos o tres asignaturas suspendidas, siempre que no sean matemáticas y lengua, demuestra el nulo interés del PSOE por encontrar soluciones a los problemas de la calidad de la enseñanza. A esta postura indecente de los políticos se suma el corporativismo del profesorado que, una y otra vez, prefiere ocultar los trapos sucios, es decir, la manifiesta incompetencia de un número cada vez mayor de profesores para ejercer con un mínimo de solvencia la docencia. Al gremialismo del profesorado se añade la escasa implicación del cuerpo de inspectores ante los problemas derivados de docentes que entran en el aula, pero incumplen, día tras día, su competencia más básica: enseñar.

Como al parecer ningún estamento está dispuesto a controlar la calidad de la enseñanza impartida, los nefastos resultados de los recientes informes Pisa nos van a parecer excelentes dentro de una década. Cada vez proliferan más profesores, muchos de ellos ocasionales absentistas, con nula capacidad para enseñar. Es posible que esa pésima formación sea el resultado de su etapa universitaria o de una manifiesta incapacidad para ejercer la profesión, que ni siquiera se pueden combatir mediante reiterados cursos de formación. La carcoma persiste y está contribuyendo a un aumento desmesurado de analfabetos funcionales, muchos de los cuales acabarán ejerciendo también como docentes, gracias, a su vez, a la protección corporativa --reaccionaria por inmovilista-- que los sindicatos ofrecen a muchos interinos que han conseguido su titulación en las tómbolas universitarias.

La realidad de una educación pública de calidad, fomentada durante la Transición y la primera legislatura del PSOE, fue un ejemplo de igualdad en la formación y de oportunidades. El desinterés de las elites ha dinamitado este logro de nuestra democracia. Los obreros y clases medias que habían encontrado en dicha enseñanza un ascensor social están optando, cada vez en mayor número, por la enseñanza concertada o privada. De los políticos actuales, mediocres y maniqueos, no cabe esperar nada. La resistencia cotidiana a esta desesperante destrucción de la enseñanza pública sólo será posible si la ciudadanía --incluido profesores y padres-- ejerce su crítica con conciencia de lo público, y denuncia con valentía la carcoma de docentes indolentes e inútiles. Sólo así el profesorado recuperará el respeto que se merece. Sin enseñanza no hay futuro, ni siquiera en 2050.