Entre el alud de merecidas críticas que ha recibido la reforma educativa en curso está el hecho de que haya sido utilizada como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

La prueba evidente del vínculo entre la Ley Celaá y las cuentas públicas es la conocida enmienda que elimina la referencia expresa al carácter vehicular de la lengua española en la enseñanza, ideada, al parecer, por la sectaria Plataforma per la Llengua, como explica Anna Grau en el magnífico artículo ¿Te sobran 500.000 euros para espiar qué hablan los niños en el recreo?

El ímpetu de ERC para introducir esta enmienda en la reforma educativa ha coadyuvado a que corran ríos de tinta sobre el tema, hasta el punto que incluso ha sido analizado a fondo por el Financial Times. Lo positivo es que cada vez son más las voces críticas contra la innegable vulneración de los derechos lingüísticos de los menores en la escuela catalana.

Compartiendo claramente lo que denuncian estas voces --que en absoluto se circunscriben a una parte del espectro ideológico, como pretende la propaganda oficial--, quiero centrarme en las falacias argumentales de los principales partidos que --por presión o por convicción-- han hecho posible que se elimine de la LOMLOE la referencia al carácter vehicular de la lengua común en los centros educativos españoles.

Es significativa la diferente estrategia utilizada por los dos socios de gobierno para defender la enmienda en cuestión: mientras que el bloque socialista incide en la adecuación de la literalidad de la norma a la Constitución, el bloque podemita alardea abiertamente --en la línea de ERC-- de que con la reforma se blinda la inmersión lingüística.

Algunos ejemplos de lo que digo. En un tuit del 18 de noviembre, la Ministra Celaá difunde una intervención en el Congreso en la que reproduce casi literalmente el texto de la disposición adicional 38 de la nueva ley, enfatizando lo que subrayo en negrita: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable (…) Al finalizar la educación obligatoria, todos los alumnos y las alumnas tendrán dominio pleno y equivalente en ambas lenguas (…) Las Administraciones educativas adoptarán las medidas compensatorias necesarias para lograr dicho objetivo”. En la misma línea --destacar que se garantiza la enseñanza en castellano en toda España y que se adoptarán, además, medidas compensatorias en caso de que se observen carencias formativas en cualquiera de las lenguas oficiales-- se manifestaba, el 22 de noviembre, la portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, María Luz Martínez Seijo, en un vídeo institucional del partido.

Por lo que respecta al sector podemita --particularmente voces del entorno de los comunes--, cabe destacar las palabras de Castells, que declaraba a ABC, el 25 de noviembre, que “antes de 2013 no había una indicación legal de que el castellano tuviera que ser lengua vehicular y nunca hubo ningún problema en Cataluña”. Incluso afirmaba el Ministro de Universidades que las previsiones sobre vehicularidad de la LOMCE habían envenenado el clima de convivencia es esta comunidad.

De una claridad meridiana es un tuit de En Comú Podem del 23 de noviembre, que difunde una entrevista a su portavoz Joan Mena, con este texto introductorio que traduzco del catalán: “La semana pasada conseguimos blindar la inmersión lingüística en el Congreso pese a los ataques y bramidos de las derechas españolas, que siguen atizando la confrontación lingüística y cultural para sacar rédito político”. Una línea argumentativa que en nada difiere de la de la portavoz de ERC, Montse Bassa, que reconoció en la tribuna del Congreso que “blindar la inmersión lingüística es más que un triunfo, porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la LEC y el nuestro (sic) es muy claro: el catalán es la lengua vehicular en la enseñanza”.

Así las cosas, se concluye claramente que el PSOE, agarrándose a la literalidad de la ley, quiere hacer ver que se garantizará la enseñanza en español en todo el país, por lo que la supresión de la referencia al carácter vehicular de la lengua común sería una ocurrencia sin mayor trascendencia. Por supuesto, no explica cómo se garantizará la enseñanza y el conocimiento del español si las administraciones autonómicas no respetan la ley, como sucede en Cataluña desde hace décadas, y si no existen pruebas comunes que permitan disponer de resultados fiables. Conviene no olvidar que la Ministra Celaá defendió hace más de dos años el sistema de inmersión lingüística en el propio Congreso, manifestando un evidente desconocimiento --si pensamos bien-- de lo que sucede en las aulas catalanas. Un desconocimiento que hoy no puede alegar, entre otras razones porque fue públicamente replicado desde el Foro de Profesores.

Entretanto, los socios de gobierno del partido de Celaá actúan una vez más como puente con los separatistas, celebrando lo que consideran un respaldo al ilegal sistema de inmersión lingüística, como si no hacer referencia a la vehicularidad del español en la norma anulase la nítida jurisprudencia constitucional que deja claro que todas las lenguas oficiales han de ser vehiculares en el sistema educativo. Más surrealista es aún que los comunes, desde una postura supuestamente progresista, acusen de crispar la convivencia a quienes apuestan por una escuela bilingüe en una sociedad bilingüe.

Nos encontramos, pues, ante dos fuerzas de Gobierno que, sin ningún rubor, defienden la enmienda sobre la lengua de la Ley Celaá con argumentos falaces y, a la vez, manifiestamente contradictorios. Contradictorios por la sencilla razón de que no se puede enseñar en español y blindar el sistema de inmersión (escuela monolingüe en catalán) al mismo tiempo, como no se puede respetar la Constitución e ignorar a la vez las resoluciones del Tribunal Constitucional. Por no hablar del esperpento que implica pensar en aplicar medidas compensatorias ante las deficiencias formativas en una lengua oficial que se enseña como si fuera una lengua extranjera (2/3 horas por semana), pretendiendo incluso que los niños no la hablen ni en los patios.

Por todos estos motivos, como ciudadana indignada ante estos discursos tan cínicos que ofenden a quienes conocemos bien el asunto e intoxican a la opinión pública, animo a secundar la manifestación que, con el lema La enseñanza… ¡también en español!, ha convocado para el próximo domingo 20 de diciembre la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña.

En el trasfondo --no lo olvidemos--, el valor de la lengua común como elemento cohesionador de un país cada vez más debilitado por populismos de diferente signo.