Aunque los medios independentistas se lo tomen a pitorreo, la detención de 21 personas de la llamada Operación Voloh no es ninguna broma. Algunos de los detenidos --David Madí, Oriol Soler y Xavier Vendrell-- formaban parte del estado mayor o sanedrín del procés, como todo el mundo sabe. De la importancia de la operación da cuenta un tuit de Carles Puigdemont en el que llega a hablar de que es un “intento de muerte política y civil del independentismo”.

Aunque los detenidos, que se negaron a declarar, han quedado en libertad con cargos porque la fiscalía no pidió el viernes su ingreso en prisión, se les acusa de malversación de fondos públicos, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desórdenes públicos.

El independentismo ha intentado ridiculizar la operación mofándose de la llamada trama rusa que se explica en las diligencias, en las que se relata que Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, comentaba en una conversación telefónica intervenida que el jefe de un “grupo ruso” ofreció a Puigdemont “contar con 10.000 soldados y pagar toda la deuda catalana”, pero el expresident “se cagó en las bragas”.

La historia es delirante, fruto probablemente del carácter fanfarrón y alucinado de Terradellas, pero no menos delirante que atribuir las detenciones a un intento de “tapar” la absolución del mayor Josep Lluís Trapero, el aniversario de la DUI o “las fiestas indecentes de la élite madrileña que ponen en peligro a la ciudadanía”, como ha afirmado Elsa Artadi, en referencia a la entrega de premios de El Español a la que asistieron ministros y altos cargos políticos.

Los 10.000 soldados rusos han servido al independentismo para descalificar al juez y a la Guardia Civil, utilizando la reacción de burla de la embajada rusa en España, que aseguró en un irónico comunicado que había que añadir dos ceros al número 10.000. Pero los rusos no se ríen del juez ni de la Guardia Civil, sino de las fabulaciones de Terradellas. La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso hizo el jueves una declaración inequívoca en este sentido, al afirmar que las informaciones “exceden el absurdo” y “se basan exclusivamente en declaraciones de representantes de fuerzas separatistas que se encuentran procesados judicialmente" y que “están dispuestos a hacer todo tipo de declaraciones, incluso las más increíbles y disparatadas, con el objetivo de internacionalizar por cualquier medio el proceso”.   

Centrar las reacciones en este aspecto, además de las consabidas acusaciones de “montaje”, “detenciones espectáculo” y “represión que no cesa”, es una manera de desviar la atención de lo realmente trascendente del caso, que es la investigación sobre la posible financiación con fondos públicos del procés y de todas las actividades de Puigdemont en Waterloo, así como desentrañar quién estaba detrás de la plataforma del Tsunami Democràtic, que impulsó las los disturbios tras la sentencia del Tribunal Supremo.

A Vendrell se le acusa de dirigir el Tsunami Democràtic y de tráfico de influencias en los departamentos de Territori y Ensenyament para recalificar terrenos y construir centros educativos. A David Madí se le imputa intentar crear una unidad clandestina de contraespionaje en los Mossos d’Esquadra, estar relacionado con el Tsunami Democràtic y cometer tráfico de influencias para hacer negocios en el sector del agua y en el sanitario. Ambos estarían implicados en presiones al Govern para beneficiar sus negocios personales.

Pero lo realmente relevante es la financiación del procés. Nadie puede creerse que la malversación de fondos se limite a lo que se pudo probar en el juicio en el Supremo. Una de las patas de esta investigación es el posible desvío de subvenciones al deporte para financiar las actividades de Puigdemont y de ahí la detención de Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma pro Selecciones Catalanas. La plataforma ha recibido desde el 2005 al 2018 ocho millones en subvenciones, con una partida especialmente elevada en 2017, el año del referéndum, de 1,3 millones. Entre 2013 y 2016, la subvención ascendió a 295.000 euros anuales.

La financiación oculta del procés es lo que justifica la importancia de la operación. La trama rusa, el intento de crear una plataforma de criptomonedas y otros flecos pueden quedar reducidos a anécdotas propias del independentismo mágico. Pero estos delirios no están tan lejos de algunas de las iniciativas internacionales de uno de los detenidos, Josep Luís Alay, fichado por Quim Torra como coordinador de políticas internacionales de la Presidencia de la Generalitat, ni de las expectativas que se levantaron antes del 1-O y de la DUI, cuando, entre otras ensoñaciones, se llegaron a difundir mapas con los estados que supuestamente estaban dispuestos a reconocer la independencia de Cataluña.