Finalmente la operación durante tantos años deseada por el Presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, de una fusión Caixabank-Bankia, parece que va a cumplirse en breve.

La situación económica y financiera del sistema bancario español, agravada por el Covid-19, ha precipitado los acontecimientos. El largo período de bajos tipos de interés, los cambios producidos y los que se pueden prever en el mercado financiero con la aparición de nuevos agentes ha comportado esta importante jugada en el ajedrez bancario que puede conllevar la creación del primer banco del país y el décimo de la UE si no se pierde volumen por el camino del proceso.

La fusión con las economías de escala que le puede aportar ayudaría a la nueva entidad a afrontar mejor los retos que se presentan. Ambas entidades son el resultado de sucesivas fusiones de cajas de ahorros, es decir tienen una misma procedencia y están fundamentalmente dedicadas al mercado de las familias y las pequeñas y medianas empresas, y en el caso de Caixabank con fuertes participaciones empresariales. Es evidente que son entidades que fácilmente pueden complementarse pero en las que también se dan duplicidades, no sólo de oficinas sino de servicios centrales y por tanto no puede obviarse que producirán un excedente de plantilla que deberá gestionarse de forma adecuada.

Sobre el tema de las plantillas debido a los sucesivos procesos de fusión que se han vivido en las entidades, tanto por parte de las empresas como los sindicatos, especialmente CCOO mayoritario en ambas entidades, existe sobrada experiencia, lo que debe permitir que la posible reestructuración de plantillas se efectúe de forma acordada  con los sindicatos y voluntaria para los trabajadores (p.e. prejubilaciones), todo ello dilatado y escalonado en varios años. No sería aceptable ni deseable un cambio en este tipo de acuerdos ya tradicionales en el sector y en estas entidades.

Las razones de la fusión son claras, vienen determinadas por la necesidad de ambas empresas. En el caso de Bankia se ha considerado su cuenta de resultados, el deterioro de su valor en bolsa y la erosión de su antigua solvencia, tras recordar la inyección pública de 24.424 millones de euros en 2012. Simplemente podemos señalar que la acción de Bankia en septiembre de 2018 se situaba en 3,3 euros/acción y que el día antes del anuncio de la fusión su valor era de 1,036, es decir un 68,8% menor. El valor de la participación del Estado en Bankia ha caído en estos ocho años de más de 9.000 millones a poco más de 2.300 millones.

La situación de Caixabank tampoco está para tirar cohetes. Como Bankia ha estado afectada por el bajo nivel, por no decir nulo, del precio del dinero y con un cambio en su estrategia de negocio que aún no ha dado los resultados apetecidos, y ello a pesar de haber cerrado en los últimos tiempos más de 1500 oficinas. Su acción en septiembre del 2018 tenía un valor de 3,8 euros/acción y el día anterior al anuncio de fusión era de 1,81%, es decir un 47,63% inferior.

Cabe señalar que los resultados del primer trimestre de 2020 no han sido para ninguna de las dos entidades favorables: un 64% inferior en Bankia y un 67% inferior en Caixabank.

Un aspecto relevante en la entidad resultante es que los principales accionistas serían la Fundación La Caixa con más del 30% y el Estado con un 14%. Cabe esperar que el Estado mantenga el porcentaje que le corresponde en la fusión y reclame su presencia en el Consejo de Administración, que aunque sea minoritaria podría tener una importante influencia en la entidad. Asimismo su presencia en la entidad puede mejorar el valor del capital público actual.

Esto es especialmente relevante dada la situación económica que estamos viviendo y podría fomentar que la nueva entidad financiera jugase un importante papel en el proceso de reconstrucción económica que previsiblemente estará centrada en la necesaria Transición Ecológica y la Digitalización con inversiones que favorezcan la creación de un nuevo modelo productivo. No podemos obviar las importantes participaciones industriales que tendrá la entidad resultante.

Vamos ahora a centrarnos en algunos aspectos que se pueden reprochar a la operación: incremento del oligopolio, exclusión financiera y pérdida de la posibilidad de una banca pública.

Comenzaremos por el último. La pérdida de la ocasión de una banca pública se ha producido lamentablemente mucho antes. Con la privatización de Argentaria en primer lugar y posteriormente con la “privatización” de las cajas  de ahorros como una nueva desamortización de bienes sociales. En el caso de Bankia desde el primer momento ha estado claro el nulo interés por transformarla en una banca pública, actualmente con el propio deterioro de su situación aparece como una página pasada. Nunca se ha tenido la voluntad política de aprovechar el control del Estado para conseguirlo. Y no sólo por los condicionamientos europeos. Hasta ahora la representación del Estado se ha efectuado a través del FROB-SAREB, en lugar de la SEPI. Ello ha conllevado una actuación totalmente pasiva del accionista público mayoritario en lo relativo a la gestión. Lamentablemente para todos en estos momentos la reversión de la situación aparece como imposible.

En lo relativo al riesgo de oligopolio éste existe de hecho y de la mano de las tres principales entidades, Santander, BBVA y Caixabank, el refuerzo de uno de ellos no añadirá mucho más, y en todo caso puede evitar que el oligopolio acabe finalmente en manos de otra entidad financiera no española.

En lo relativo a la exclusión financiera sí que es un elemento a tener en cuenta. Y creo que no tanto en lo relativo a la exclusión territorial sino a la exclusión de sectores sociales. Esto puede analizarse a través de la actuación de Caixabank y el modelo de negocio que propone. En primer lugar el recorte de oficinas se ha dado básicamente en las ciudades con una reducción drástica de las pequeñas oficinas, que antes encontrábamos en cada esquina, y su concentración en oficinas denominadas "stores" con asesores financieros en lugar del antiguo personal de mostrador y caja. Todo ello ampliado con oficinas de “banca privada”, dedicadas a clientes con “posibles”, y las oficinas de “negocios y empresas”. Se han preservado de forma mayoritaria las oficinas en poblaciones menores lo que evita la desertización financiera, si bien es cierto que la existencia de menos entidades ha reducido de forma considerable desde hace años las posibilidades de elección.

Donde se da una mayor exclusión o podríamos decir discriminación financiera es en relación al tipo de cliente. Actualmente  las entidades parecen despreciar la clientela modesta que simplemente tiene sus ahorros en la entidad sin otro interés. Ahora todo el interés de la entidad está dedicado a la gente activa financieramente. Se ha llegado a la conclusión de que el negocio se circunscribe a un 25% de los clientes, y que al resto hay que “soportarlo” dirigiéndolo a la atención mecánica de los cajeros automáticos. Es sin duda en este ámbito donde actualmente se da la mayor exclusión. Y este es el modelo que está llevando a término Caixabank y las otras principales entidades financieras. Esto juntamente con la exploración de nuevos canales tecnológicos y telemáticos que tienen como objetivo captar a clientes jóvenes, actuación que hasta el momento no ha dado todos sus frutos debido fundamentalmente a la propia situación económica que está viviendo buena parte de la juventud en nuestro país.

Estos son algunos de los aspectos que conforman el conjunto de la nueva operación financiera-bancaria que comporta la operación de fusión entre Bankia y Caixabank y cuyas concreciones y repercusiones podremos comprobar en los próximos tiempos.