En la línea de aquel “Me importa un comino la gobernabilidad de España”, que soltó la desabrida diputada Montse Bassa (ERC) en el pleno de investidura de Pedro Sánchez, Pere Aragonès, el candidato in pectore de ERC a la presidencia de la Generalitat, ha patrocinado y jaleado la campaña Yo injurio a la Corona, después de que la fiscalía --tan denigrada por el independentismo-- “concediera”, indirectamente, poder decir lo que dé la gana sobre la Monarquía, al amparo de la “libertad de expresión”.

La similitud de propósitos se deduce sin gran esfuerzo. El Yo injurio…” equivale a "Me importa un comino la estabilidad institucional de España”.

Si la finalidad de la campaña, a la que se adhieren con entusiasmo todos “los otros” que acompañan a Puigdemont y a Junqueras, no es injuriar, puesto que lo que se dice no será imputado como un  delito  --si no se arrostra ningún riesgo penal, no hay ningún coraje en la iniciativa--, sólo cabe una interpretación a tan disparatado propósito: la desestabilización institucional, al pretender menoscabar el prestigio institucional de la Corona, pilar fundamental de la estructuración constitucional del Estado, en tanto que el Rey es el Jefe del Estado.   

Asistimos a una nueva conjura de irresponsables, como si no hubiéramos tenido bastante con la de los que iniciaron el procés y lo siguen alimentando.

El anti monarquismo es un radicalismo fácil para los secesionistas, no cuestiona directamente el orden económico; sí lo hace de modo indirecto, pero ello no se percibe a la primera.

El anti monarquismo no asusta a esa clase media desnortada y venida a menos que es la base social del independentismo; al contrario, les permite ser radicales sin mojarse mucho. Es más, en el fondo los de esa clase confían en que el sistema absorba o amortigüe las consecuencias de su radicalismo de salón (y que no pase nada o muy poco). Gracias a esa virtuosa sensatez (seny) suena a broma tonta lo dicho por Josep Costa (JxCat), vicepresidente primero del Parlament: “miles de independentistas están dispuestos a ir a la cárcel”; (“están”, no dijo “estamos”).  

Esa inquina especial  de los dirigentes secesionistas contra la monarquía --aunque no hacen ascos a despreciar otras instituciones del Estado, empezando por la propia Generalitat-- se explica no por su firmeza ideológica en el republicanismo-- a lo largo del procés han mostrado que carecen de principios estables-- sino porque con el anti monarquismo buscan aliados coyunturales más allá del secesionismo, como los comunes, por ejemplo.

Mediante el ruido y la agitación de No tenemos Rey tapan el “no tenemos república” y se ahorran probar su necesidad y sus hipotéticas virtudes.

¿Qué enoja más su amenaza de desestabilización o su frívola ignorancia? Ese personaje, Pere Aragonés, que se las da de pragmático y de gestor económico eficiente, al que hay que reconocer, al menos, la habilidad de haber evitado sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio a los dirigentes secesionistas, muestra su contradictoria mediocridad con sus ataques repetidos contra la institución monárquica. Veámoslo.

Sin estabilidad institucional, y no solo referida a la Corona, no habría reactivación económica, inversión, consumo, creación de empleo. El programa de recuperación post Covid-19, para el que, de entrada, Torra y él,  piden al Estado más de 31.000 millones, no tendría ningún recorrido sin estabilidad institucional. Si no conocen esta ley elemental de la normalidad económica, son unos ignorantes a los que no se puede confiar ni un peine; y, si la conocen y prescinden de ella, son unos irresponsables a los que hay que aportar cuanto antes del poder gubernamental.

Se les puede recomendar (aunque no servirá para nada) una meditada lectura del estudio: “45 años de evolución económica, social, empresarial e institucional de España”, elaborado por la Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas de España y presentado el pasado 16 de julio.

En el estudio se detallan los impresionantes logros económicos y sociales de los años de estabilidad institucional, claves en la modernización de España en democracia, aportados por la Constitución de 1978.

No van a rebatir los datos del estudio, ¿para qué?, lo suyo es la demagogia y la agitación.

Hay que hacer saber a esa panda de aventureros  --y hacérselo saber en la confrontación ideológica y en las urnas-- que en la sociedad democrática existe un derecho a la estabilidad institucional, porque es lo que garantiza, precisamente, la posibilidad de cambios políticos y sociales, incluidos los institucionales.