Hay muchas cosas de las que pasan en Cataluña que son difíciles de entender si no se analiza el contexto. Hay muchas cosas que no son lo que parecen. En Cataluña no hay simplemente un amplio movimiento social independentista. En Cataluña hay un movimiento social independentista impulsado desde las máximas instituciones públicas catalanas, empezando por el propio Govern, que se basa en falsas realidades. Falsas realidades que se difunden como verdades universales por los medios de comunicación, televisión y radio públicas, que son medios de difusión y comunicadores subvencionados por el poder público de Cataluña.
En Cataluña se ha presentado como un hecho democrático la iniciativa propuesta por el propio Govern, y aprobada por el Parlament, de vulnerar sin tener derecho el Estatuto y la Constitución, que son las leyes fundamentales de Cataluña y del Estado. Y eso se considera un "acto democrático". Después se presenta como un acto básico del derecho el "poner las urnas" para un pseudo-referéndum ilegal sin las mínimas normas de credibilidad.
Con posterioridad, se considera que la actuación de la Justicia contra los responsables políticos de estas ilegalidades son "hechos antidemocráticos", como si el origen fueran las falsas votaciones del pseudo-referéndum, y no los actos ilegales previos.
Previamente a la resolución de la sentencia, ya se consideraba dictada por un tribunal vengativo y político, al tiempo que se defendía como única sentencia posible la "absolución" de los procesados.
Y cuando la sentencia condenatoria se hace pública, y aunque recorta las peticiones del Ministerio Fiscal, se descalifica como venganza política desde las máximas instancias de la Generalitat. Y no sólo no se critica sin acatarla, sino que se proclama la necesidad de una amplia respuesta de la ciudadanía, incluida la desobediencia civil. Eso sí, hasta el momento, desde la Generalitat se han guardado mucho de hacer la más mínima desobediencia institucional, para evitar así las posibles responsabilidades en las que se podría concurrir.
Hemos visto cómo desde la máxima instancia política de Cataluña, que a la vez es la máxima representación del Estado en Cataluña, se manifestaba la necesidad de movilizaciones sociales, de desobediencias sociales y la voluntad de desacatar la sentencia.
El Govern ha impulsado actos de desobediencia que han comportado la realización de manifestaciones masivas bien convocadas y cubiertas por los propios medios de comunicación de la Generalitat y con la complacencia de la Presidencia de la Generalitat. Dentro de estas respuestas a la sentencia se han dado hechos como el intento de ocupación de una infraestructura básica como el aeropuerto de El Prat, los cortes de autopistas y carreteras. E incluso se vio cómo el mismo Govern que aplaudía estas actuaciones con una mano, con la otra enviaba a las fuerzas de los Mossos a mantener el orden y reprimir las marchas.
Ahora hay nuevos objetivos irreales para conquistar: la "libertad" y la "amnistía", así como repite continuamente el presidente vicario Quim Torra, la apertura de un diálogo por parte del Gobierno con el único objetivo de conseguir la "autodeterminación". Todos ellos objetivos que saben imposibles de conseguir. Nunca habrá libertad para los políticos presos si no hay un acuerdo político para conseguir una mínima normalización de la vida ciudadana en Cataluña. No puede haber amnistía porque comportaría que el Estado reconociera que ha actuado de forma irregular. Puede haber indultos parciales, pero todo vinculado a la normalización política. Y nunca habrá autodeterminación porque no es aplicable en el marco democrático existente, y todavía menos de forma unilateral.
El presidente de la Generalitat, el Govern de la Generalitat, la mayoría del Parlamento de Cataluña, y los partidos que han defendido y que no renuncian a actuaciones unilaterales, al "lo volveremos a hacer", son responsables no sólo de la fractura social dentro de Cataluña, sino del conflicto con el Estado. Son responsables de mentir y engañar a los que se han creído sus falsas historias. Y son responsables, y aún es más grave, de crear el clima y favorecer con su ausencia de denuncia los importantes brotes de violencia que se han vivido en Barcelona y en otras localidades.
La violencia ha sido implícita con muchos actos como los cortes de carreteras, autovías y autopistas, incluso en un corte de autopista con la participación del propio presidente de la Generalitat. En los intentos de ocupar estaciones de ferrocarril o el mismo aeropuerto. De los sabotajes en las vías de los trenes regulares o el AVE. De todos estos temas, el president y el Govern se han desentendido o incluso de forma indirecta los propician o los aprueban.
¿Y qué podemos decir de la violencia vandálica que todos hemos podido comprobar? Ninguna crítica del presidente de la Generalitat, y condenas con la boca pequeña de los principales partidos del Govern de Cataluña. Y cabe decir que no es una violencia normal.
No se ha tratado de que hayan enfrentamientos porque las fuerzas de seguridad hayan ido a disolver una manifestación. No es esto lo que ha pasado. Lo que se ha dado son ataques premeditados a las fuerzas de seguridad con la intención de provocar enfrentamientos. No es casual que los principales se hayan dado por el cerco de grupos de manifestantes violentos a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona. Las cargas de las fuerzas de seguridad han sido una respuesta a los ataques sin precedentes de grupos de activistas violentos parapetados por otros manifestantes con deseo de emociones fuertes.
Y no se trata, como quieren hacer creer, de gente ajena al movimiento independentista. Como corroboran en redes sociales desde los propios CDR hasta grupos vinculados a la CUP, "son vuestros hijos y nietos", que optan por una nueva vía a la vista de la inutilidad de actuación de su "gente mayor".
La violencia es responsabilidad última del propio movimiento independentista, hoy en día roto en mil familias y sin perspectivas claras, que no se atreve a decir a tanta gente engañada que el camino tomado en 2012 no lleva a ningún sitio.
Para acabar, sólo dos consideraciones: a) Las movilizaciones independentistas están nutridas básicamente por clases medias bienestantes con una renta per cápita superior a la media de Cataluña; b) No se puede olvidar la responsabilidad de las derechas nacionalistas españolas en atizar el conflicto con la voluntad de recoger votos en el resto del Estado, aunque fuera a costa del enfrentamiento entre catalanes.