Desde hace unos meses, el discurso económico en Cataluña parece haber recuperado viejas reivindicaciones. Así, desde las instituciones empresariales más representativas se reclaman inversiones en infraestructuras; armonización impositiva en sucesiones, patrimonio y renta entre Comunidades Autónomas; co-capitalidad Madrid-Barcelona; o presencia de Instituciones del Estado en Comunidades periféricas. Y, a su vez, se demanda una estrategia compartida entre administraciones para facilitar el retorno de aquellas sedes que abandonaron masivamente Cataluña a finales del 2017.

Una excelente noticia, pues se trata de reclamaciones factibles, positivas y de efectos inmediatos. Un conjunto de iniciativas que atienden los intereses genuinos de Cataluña pero que, a su vez, responden a una concepción multipolar del Estado. Una propuesta de desarrollo autonómico armónico y eficiente del Estado de las Autonomías que, según señalan las encuestas, comparte la mayoría de los ciudadanos españoles.  

Un objetivo que sólo se alcanzará desde la política. Convenciendo a una amplia mayoría de la sociedad española de la bondad de un modelo, llamemos, federal. Pero, también, sabiendo aprovechar las coyunturas favorables que puedan producirse en el Congreso de los Diputados. Y es muy difícil que pueda darse una composición del Parlamento español más propicia que la actual. De una parte, el PSOE ha sido el partido que ha alcanzado una mayor representación y, de otra, las minorías nacionalistas, no sólo catalanas, disponen de suficientes escaños para garantizar una legislatura estable. 

Por todo ello, resulta incomprensible que el independentismo catalán siga desperdiciando esta posibilidad en base a unas reclamaciones imposibles, como son el pretender que el Gobierno incida en la labor del Tribunal Supremo, o el pactar un referéndum de autodeterminación.

Pero aún más sorprendente resulta que no pocos políticos defienden, en público, la línea del presidente Quim Torra y, en privado, no sólo la cuestionan, sino que, además, consideran que se está desaprovechando una extraordinaria coyuntura. Y debe, asimismo, entenderse que la estabilidad parlamentaria española incide directamente en el desarrollo económico y en el bienestar de todos los ciudadanos, también de los que viven en Cataluña.

En las próximas semanas veremos si se orienta la nueva legislatura o nos abocamos a nuevas elecciones. En cualquier caso, el reconocimiento a las entidades empresariales que reclaman viejas maneras de entender el ejercicio de la política. Que tampoco nos fueron tan mal.