El Gobierno de Pedro Sánchez vivió ayer una jornada agridulce en el Congreso. Aunque ganó por 7-1, no pudo aprobar uno de los decretos ley más relevantes: el que dictó en materia de alquiler. En política parlamentaria las derrotas son siempre relativas, pero no es menor que el varapalo sea en una de las cuestiones que más preocupan a los jóvenes y a las familias que viven en las grandes ciudades. El Gobierno lamentó la "mala imagen" de las izquierdas en un asunto que los unía frente a la flexibilización del mercado de alquiler que impuso el PP en 2013, con la reducción de cinco a tres años en la duración mínima de los contratos, fianzas ilimitadas y la eliminación del IPC como índice para actualizar los incrementos.

Discursivamente, tanto PSOE como Unidos Podemos han hecho mucho hincapié en que la burbuja inmobiliaria posterior es consecuencia directa de dicha norma. El año pasado, todavía con Mariano Rajoy en la Moncloa, el Gobierno bloqueó la iniciativa popular --que reunió un millón y medio de firmas-- de proposición de ley de vivienda impulsada por la PAH. Argumentó que dicha reforma era contraria a su política presupuestaria. La oposición protestó duramente. Ese es solo un ejemplo de hasta qué punto la vivienda, con la problemática hiriente de los desahucios, y el encarecimiento estratosférico de los alquileres (amén de los abusos en las fianzas) es un tema central en el debate social, particularmente para la izquierda.

Que Unidos Podemos decidiera ayer tumbar el decreto de los alquileres del Gobierno de Sánchez, que suponía regresar al añorado modelo anterior a 2013, con la excusa de que "no tiene sentido alargar los contratos si no se limitan las subidas de precios", evidencia que la formación morada va a convertir la vivienda en un banderín electoral de cara a las municipales y autonómicas de mayo. El argumento es que en dicho decreto no se recogían algunas de sus exigencias, sobre todo la creación de un índice de precios con el que poner límite de forma inmediata a las subidas de los alquileres. Pero el Gobierno sí había solicitado ya al Instituto Nacional de Estadística la creación de una base de datos sobre viviendas en arrendamiento para poder actuar en el futuro sobre los precios mediante estímulos fiscales o medidas disuasorias.

A nadie se le escapa que es una cuestión compleja que requiere tiempo y en el hay muchos agentes implicados. No hay soluciones fáciles. Desde una perspectiva progresista, para los intereses de los arrendatarios lo razonable hubiera sido aprobar ahora un decreto que les devolvía mejores condiciones, y dejar todo lo demás para otro momento. Además, la mayoría parlamentaria que llevó a Sánchez al poder es muy heterogénea, y el PNV difícilmente podría estar de acuerdo con unas medidas que contentasen plenamente a Podemos. Por eso, la formación de Pablo Iglesias, sometida a una gran tensión interna con la posible escisión de Íñigo Errejón y unas encuestas a la baja, ha privilegiado sus intereses electorales en competencia con el PSOE en esta materia. Se trata de mantener viva la retórica de que los precios podrían bajar rápidamente mediante un intervención de los poderes públicos, lo cual es falso.

En Barcelona, también Ada Colau se esfuerza por retorcer la realidad cuando vende como solución mágica la nueva norma urbanísticas del Plan General Metropolitano que ha impulsado para destinar el 30% de las viviendas de nueva construcción a régimen de protección pública. Suponiendo que no acabe impugnada por los constructores, se fija una moratoria de dos años, con lo cual el incremento a medio plazo de viviendas protegidas por esa vía va a ser casi nulo. En las actuales condiciones de crecimiento económico, ese 30% significaría, según la Cambra de la Propietat, un máximo de 200 viviendas anuales en régimen de protección, lo cual no es gran cosa, sin olvidar que el otro 70% de los pisos en venta libre tendrían que soportar un incremento de los precios.

Colau, que cuando acabe su mandato habrá construido menos vivienda asequible que Xavier Trias y que ha sido incapaz de concertar nada con el sector privado, vende de cara a las municipales una medida estrella de escasa utilidad y que a corto plazo genera incertidumbre. Además, en contra de lo que propaga la alcaldesa en sus tuits, en ningún lugar se obliga a que esas viviendas protegidas sean destinadas al alquiler. Evidentemente le da lo mismo. Al igual que a Podemos, lo importante es el banderín electoral.