Finalmente, Barcelona no fue el apocalipsis que muchos preveían, esperaban o deseaban. No es ninguna sorpresa porque cuando las catástrofes se anuncian con antelación, es improbable que se produzcan --y más si se prepara un enorme dispositivo policial para impedirlas--. La historia demuestra que los cataclismos que la cambian suelen ser imprevisibles y, por eso mismo, sorprendentes. En todo caso, el 21D sí hubo agitación callejera, cortes de carretera --que podían haber durado menos--, enfrentamientos de los CDR con los Mossos --impecables esta vez--, 12 detenidos, unos 60 heridos --entre manifestantes y agentes-- y una manifestación pacífica por la tarde que reunió a unas 40.000 personas, según la Guàrdia Urbana, que tampoco es para tirar cohetes si se compara con otras movilizaciones independentistas.

La pregunta es si ha merecido la pena la reunión del Consejo de Ministros en Barcelona después de todo lo sucedido. Lo que está claro es que era mucho peor anular la reunión ministerial, anunciada hace un par de meses en momentos de mayor calma, que celebrarla. Si Pablo Casado y Albert Rivera han hablado ahora de "traición a España" y de "humillación"  por la cita del palacio de Pedralbes entre los gobiernos de España y de la Generalitat, ¿qué hubieran dicho de suspenderse el viaje de los ministros a Barcelona por temor a los incidentes? La capitulación de Berlín se hubiera quedado corta.

La derecha política y mediática se ha vuelto a echar al monte por cuestiones parece ser que tan graves como llamar "conflicto" a un conflicto. ¿O no hay un conflicto sobre el futuro de Cataluña, como dice el comunicado conjunto de ambos gobiernos? Es cierto que el comunicado peca de ambigüedad, sobre todo en la frase que reclama "avanzar  en una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica",  pero eso no es una traición ni una humillación ni el inicio de la cesión de la soberanía nacional, como dicen Rivera o Casado.

Esta ambigüedad responde a la política de gestos en la que todavía se mueven ambas partes, sin llegar al "diálogo efectivo" que cita el comunicado en el camino hacia "una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana". Ese diálogo efectivo está aún lejos, a la vista de todo lo que ha rodeado la reunión. Antes, Gobierno y Govern no coincidieron ni en cuándo se iba a celebrar, ni en el formato ni en el número de asistentes ni en la denominación  --cumbre, minicumbre, reunión-- y después ni siquiera se pusieron de acuerdo en cuánto duró el encuentro. Al día siguiente, la consellera portavoz Elsa Artadi desdeñó los acuerdos del Consejo de Ministros y tuvo la osadía de pedir disculpas a la ciudadanía por las molestias causadas por la reunión en la Llotja de Mar. Igual que en días previos había equiparado la libertad de reunión de los ministros con la libertad de manifestación en la calle de los CDR.

Gestos de los que --ahora se ha visto-- también formaba parte la huelga de hambre de cuatro de los presos. Ha durado 20 días (Jordi Sànchez y Jordi Turull) y 17 (Joaquim Forn y Josep Rull) y hay que felicitarse por su conclusión, pero no dejarse engañar sobre los motivos. En un comunicado, los presos aseguran que la abandonan porque "el Tribunal Constitucional ya ha puesto calendario a la resolución de los recursos de amparo interpuestos", como si fuera una respuesta a la huelga. Pero el mismo comunicado explica que "el Constitucional comunicó, el domingo 2 de diciembre por la noche, su voluntad de abordar regularmente los recursos de amparo que hasta entonces no había querido estudiar". Si eso es cierto y la decisión del TC coincidió prácticamente con el inicio de la huelga, ¿por qué se mantuvo 20 días más? Más bien parece que el fin de la protesta es una respuesta inmediata a la petición de todos los expresidentes de la Generalitat y del Parlament, y que primero se recurrió a un pretexto --el supuesto retraso en la resolución de los recursos de amparo-- y ahora los huelguistas se acogen a otro: la supuesta aceleración de los recursos.

La actitud displicente del Govern, el recurso permanente a los gestos propagandísticos y la negativa a renunciar de forma explícita a la vía unilateral hacia la independencia --contenida en la ambigüedad del comunicado conjunto de ambos gobiernos-- y a condenar la violencia de manera inequívoca --todavía se recurre a insinuar que los encapuchados son provocadores que "no son de los nuestros"--  solo pueden abonar el escepticismo sobre el futuro del "diálogo efectivo", aunque la unilateralidad siga siendo una quimera.

Andrew Dowling, profesor de la Universidad de Cardiff y autor de dos libros sobre Cataluña, lo explica muy bien en una entrevista con Guillem Martínez en la revista digital CTXT. "Cuando acabé mi [último] libro en agosto de 2017, pensé que la probabilidad de la independencia catalana en los próximos años se encontraba en una cifra del 10%. Ahora diría (…) que se encuentra en un 0,5% (…) Nadie medianamente informado ha pensado que la independencia de Cataluña ha estado o cerca o inminente estos años. Desde 2012, he hablado con académicos de muchos países y jamás he encontrado uno que haya pensado que la independencia de Cataluña ha estado a punto de ocurrir. Los únicos que han creído que fuera inminente son los que apoyaban la causa".  Y más adelante añade: "Ha habido un fracaso absoluto de los intelectuales independentistas en promover y creer su propia narrativa propagandística. Ha habido un ensimismamiento absoluto de estos intelectuales que ha contribuido a una derrota completa".