En enero de 2019 la ministra Isabel Celaá tiene previsto presentar en el Congreso de los Diputados el anteproyecto de una nueva ley de educación. Así pues, el PSOE, después de haber criticado al PP por haber cambiado la ley de educación socialista cuando llegó al poder, con el argumento de que ya habían habido demasiados cambios de leyes educativas y que no se podía continuar imponiendo una nueva ley con cada cambio de gobierno, ahora está corriendo para hacer lo mismo.

Y lo quiere hacer pese a que la situación actual es mucho más delicada ya que el PSOE sólo tiene 84 diputados de un total de 350, por lo que para conseguirlo debe contentar a Unidos Podemos, a los nacionalistas del PNV y a los secesionistas de ERC, PDeCat y Bildu. Además, el PSOE tiene que convocar elecciones generales como máximo en el 2020, o mucho antes, si no consigue aprobar los presupuestos generales de 2019. Proponer un cambio de ley de educación en estas condiciones es una falta de responsabilidad y más si se establece la desaparición de los llamados estándares de aprendizaje, en los que se han basado los materiales didácticos y los libros de texto actuales, porque como se precisaría un mínimo de tres años entre la aprobación de la nueva ley, la redacción de los nuevos currículos y la edición de los nuevos materiales, éstos llegarían al mercado cuando, tal vez, el PSOE ya no esté en el gobierno.

Pero lo peor no es proponer una ley de educación a sólo un año y medio del final del mandato, sino los cambios que se pretenden hacer, que se pueden consultar en el documento “Propuestas para la Modificación de la Ley Orgánica de Educación”. En nuestra opinión todos ellos van directamente contra la mejora de la enseñanza, contra la cultura del esfuerzo y contra la continuidad de la unidad de nuestro país.

Si bien la ley actual, la LOMCE del PP, conserva la estructura de la ley anterior, que era la LOE del PSOE, y se limita a modificar los artículos sobre aquellos aspectos que, según el PP, no funcionaban bien, el anteproyecto de Isabel Celaá básicamente consiste en la retirada de todas esas modificaciones y en agravar más los enormes errores de la LOE, en el sentido de poder contentar a los partidos secesionistas. 

En orden de mayor a menor perjuicio para nuestro sistema educativo, los cambios anunciados son: la retirada de las evaluaciones finales en Primaria y en ESO, la supresión de los itinerarios en 4º de ESO, el aumento de competencias de los equipos docentes para poder aprobar a los alumnos que quieran, pese a que tengan malos resultados académicos, permitir aprobar el Bachillerato con una asignatura suspendida y permitir que sean las Comunidades Autónomas y no el Ministerio las que decidan si se puede o no utilizar el castellano en la enseñanza. Aunque menos importante, también cabe citar su intención de que la nota de la Religión no cuente para hacer la media y no restablecer el requisito de que los libros de texto han de contar con la autorización previa por parte del Ministerio de Educación.

La ministra Celaá propone que las calificaciones de los alumnos de Primaria y los títulos de ESO y de Bachillerato los sigan dando los centros educativos, sin que intervengan ni la Consejería de Educación Autonómica, ni tampoco el Ministerio de Educación, es decir sin que se lleguen a estrenar las evaluaciones finales externas con valor académico (reválidas) dependientes del Ministerio, establecidas en la LOMCE. Se trata de un error gravísimo en una situación como la actual, en la que se multiplican las denuncias de adoctrinamiento político partidista en las escuelas debido a que algunos gobiernos autonómicos las están utilizando como las canteras de sus futuros votantes; en un momento en el que en varias Comunidades Autónomas se excluye el castellano o español como lengua de comunicación entre profesores y alumnos, por lo que los alumnos castellanohablantes tienen más dificultades de aprendizaje y todos los alumnos alcanzan un nivel de castellano o español muy inferior al que podrían alcanzar, lo cual es un grave perjuicio en su formación dado que se trata de una lengua que hablan 570 millones de personas; en una situación en que los resultados académicos de nuestros alumnos en las pruebas internacionales, como son las pruebas PISA, están muy por debajo de lo esperable en función de nuestro PIB; y porque al no existir ningún control externo por parte del Ministerio, los centros se ven obligados a aprobar a bastantes alumnos que no han llegado a los mínimos establecidos, para evitar que se vayan a otros centros todavía más permisivos, dado que si no lo hicieran, en unos pocos años deberían cerrar por falta de alumnos.

Todos estos problemas se evitarían si se realizaran las evaluaciones finales de ESO de la LOMCE, ya que con ellas el Ministerio podría detectar si se está adoctrinando políticamente a los alumnos, si la realidad histórica y la estructura del Estado que se les está enseñando es la contemplada en la Constitución, si el nivel de castellano o español alcanzado es el establecido, y si las calificaciones en todas las demás materias reflejan realmente los conocimientos alcanzados por los alumnos. Por otro lado, el hecho de tener que superar una prueba externa sería el gran estímulo que actualmente necesitan muchos alumnos para esforzarse más y así adquirir hábitos de trabajo. Sin estas reválidas estamos poniendo en peligro nuestro futuro como país, ya que con una natalidad tan baja si, además, nuestros jóvenes tienen pocos conocimientos y poca capacidad de esfuerzo, difícilmente vamos a ser un país competitivo.

Otra de las cosas que quiere hacer la ministra Celaá es impedir que en 4º de ESO hayan dos itinerarios, como establece la LOMCE, uno dirigido hacia la FP y otro dirigido hacia el Bachillerato, dos itinerarios en los que se prepararía a los alumnos para dos tipos diferentes de evaluaciones finales de ESO. Esta estructura es indispensable porque a cada alumno solo se le ha de pedir que aprenda aquello que puede aprender y que le conviene para sus estudios posteriores. Mantener juntos en la misma aula, aprendiendo las mismas cosas, a todos los alumnos hasta los 16 años, o hasta los 18 años en el caso de los alumnos que repiten curso, es perjudicar tanto a los que quieren cursar un Bachillerato como a los que quieren hacer una FP. A los primeros porque se avanza poco en las materias teóricas y a los segundo porque no se les está enseñando las materias prácticas y aplicadas que quieren aprender. El resultado es que los niveles se han de rebajar para que todos puedan aprobar, lo cual comporta que los alumnos no se esfuercen y, en consecuencia, que pierdan gran parte del tiempo de formación que la sociedad les brinda, que para muchos de ellos es el único tiempo de formación gratuita que van a tener en su vida.

Otro de los graves errores de la señora Celaá es rebajar los niveles de exigencia, estableciendo que los equipos docentes o juntas de evaluación de cada centro puedan dar el título de la ESO y el título de Bachillerato aunque los alumnos tengan asignaturas suspendidas. Se trata de un enorme disparate, porque lo primero que van a hacer muchos alumnos es elegir qué asignatura les cuesta más o piensan que no van a necesitar, y la van a abandonar desde el primer día de clase, sabiendo que la ley se lo permite. Mal lo van a pasar los profesores que tengan muchos de estos alumnos en sus clases. Puede que estos alumnos no vayan a clase o que, si se les obliga a ir al aula, acaben siendo alumnos conflictivos. Además, como al profesorado no le gusta dejar a un alumno sin titular por una sola asignatura, salvo que la nota sea muy baja, van a haber muchos alumnos con el título de ESO y el título de Bachillerato con dos materias suspendidas. Esto es todo menos fomentar el hábito de trabajo y la capacidad de esfuerzo de nuestros jóvenes.

Otro de los grandes errores de la ley Celaá es delegar totalmente en las Comunidades Autónomas el uso o no del castellano o español como lengua vehicular. Al haber eliminado que el castellano se debe utilizar en una proporción razonable, en el futuro ya no cabrá el recurso por parte de los padres de iniciar un contencioso administrativo contra el colegio por haber excluido totalmente el castellano, ni el juez podrá emitir una sentencia contra el colegio indicando que se ha de impartir en castellano como mínimo un 25% de las horas lectivas, lo que equivale a la asignatura de lengua castellana y dos asignaturas más. El Consejo Escolar de Estado, un órgano que emite informes no vinculantes, ya ha pedido que se fije una proporción mínima del uso de la lengua castellana como lengua común de todos los españoles. La ministra Celaá ha comentado que como el Estado se reserva el 55% en el reparto de las materias, con eso se asegura el aprendizaje oral y escrito del castellano en todo el territorio nacional. Esto no es verdad, porque si no hay unas pruebas externas dependientes del Ministerio que constate si los alumnos han alcanzado el nivel mínimo de castellano al que han de llegar al final de la ESO, cada Comunidad continuará haciendo lo que le dé la gana, como pasa ahora. Por otro lado, si el uso corriente de la lengua común disminuye mucho, se pone en peligro la continuidad de la actual España como un solo país, por falta de vínculos entre los ciudadanos. Es evidente que la ministra Celaá está dispuesta a colaborar en esa disminución del uso del castellano, porque ya lo hizo cuando estuvo al frente de la cartera de Educación en el País Vasco. 

Finalmente decir que otro de los errores del anteproyecto de ley promovido por Celaá es degradar la asignatura de Religión, al proponer que su nota no se tenga en cuenta para el cálculo de la nota final, ni para la petición de becas. En un país en que es imposible entender el arte sin unos mínimos conocimientos de religión y en un mundo en que es difícil entender los conflictos internacionales sin conocer las religiones, lo que se debería hacer es establecer que todos los alumnos deben tener un mínimo de cultura religiosa mediante unas asignaturas específicas cuya nota contara como las demás asignaturas. Esperemos que todos estos disparates no salgan adelante.