¿De quién es la calle? Es sus tiempos de ministro de Gobernación, Fraga tuvo un famoso exabrupto: “La calle es mía”. Aunque se pudiera entender lo que quiso decir, ni era el momento ni el lugar. Dicho sea de paso, en 1976 --en el umbral de la Transición-- las luchas internas en el carlismo culminaron en Montejurra. Facciones carlistas, servicios de inteligencia, mercenarios, grupúsculos armados y la extrema derecha universal quemaron la penúltima pólvora del bunker reaccionario. Hubo varios muertos. Fraga había aconsejado no impedir la concentración. Cuando los hechos de Montejurra estaba en Venezuela y el gobierno pasó la gestión del conflicto a Adolfo Suárez. Luego Fraga intentó minimizar lo ocurrido en Montejurra y, si algo había pasado, no asumió la responsabilidad. En fin, no dijo que los atajos de Montejurra fuesen suyos.

Ahora no sabemos si las calles de Cataluña son de “Arran”, cuya conglomeración con la extrema izquierda de la CUP o de los CDR ya da presencia ineludible a una kale borroka. La escalada de actos de violencia --simbólica o no, pero delictiva-- se concentra en el juez Llarena, comisarias de policía, Crónica Global, actos constitucionalistas o incluso contra Cervantes. Pero la calle no es de nadie y a la vez es de todos. Los ciudadanos-contribuyentes dan por supuesto que las calles han de ser seguras, limpias, y no un espacio ajeno a la ley. ¿Dónde está el límite para que los pocos centenares de activistas encapuchados de Arran que turban la convivencia pasen a disposición judicial? ¿Sigue esa extrema izquierda asamblearia, pancatalanista y agresiva teniendo la utilidad que Torra le atribuía como elemento de presión?

El hecho de que Arran carezca de entidad jurídica puede dificultar la imputación de fechorías pero no parece que eso les dé franquicia para perturbar a su antojo el orden público y zafarse de la acción policial. De ser así, acabaríamos aceptando una suerte de no-go, áreas en las que el imperio de la ley no rige. Claro que eso ocurre en un paisaje propicio cuando centenares de municipios pequeños y medianos de Cataluña dan por hecha la desconexión con España y cuando la Generalitat --como máxima representación del Estado-- está violentando las formas del Estado de Derecho.

Ralf Dahrendorf hablaba de la creciente ausencia de sanciones efectivas como erosión de la ley y el orden: “Si las violaciones de normas no son sancionadas, o ya no lo son sistemáticamente, se convierten ellas mismas en sistemáticas”. Ese es el engranaje central del independentismo ahora mismo.  

Ah, esos chicos de Arran, patriotas aunque algo desviados, fieles a toda ruptura por la nación sojuzgada, algo excitados pero de casa nostra. Sorel enseñó a fascistas y anarco-sindicalistas que sin violencia no hay política. Para la kale borroka que emerge en Cataluña, la violencia es imprescindible para obligar al Estado --dicen las tesis de la CUP-- a recurrir a “algún tipo de fuerza legal o incluso de la fuerza bruta”. En fin, Arran aspira a que alguna división acorazada entre por la Diagonal. Evidentemente, desconoce la naturaleza y la consistencia de un Estado, algo que tiene en común con Artur Mas, Puigdemont y Torra.