La Audiencia de Barcelona juzga estos días a Narcís Serra y Adolf Todó, excapitostes de la desaparecida Catalunya Caixa. Se les acusa de haber acordado el aumento de los sueldos del propio Todó y del director adjunto Jaume Massana, mientras la entidad andaba sumida en una debacle devastadora.

Antes de entrar en materia, no está de más recordar que tales hechos ocurrieron en 2010. Que ahora pasen por el rodillo de los tribunales, casi nueve años después, roza la tomadura de pelo.

Las alzas salariales de marras ascienden a 100.000 euros en el caso de Adolf Todó. El quid del asunto reside en que se verificó justo en el momento en que la entidad estaba a punto de recibir una inyección de fondos públicos de 1.250 millones.

Durante el curso del juicio, Narcís Serra está empleando a fondo la sobada táctica de echar balones fuera. Quien fuera todopoderoso vicepresidente del Gobierno con Felipe González arguyó que el Banco de España era conocedor con todo detalle del incremento de las pagas. Y que el consejo de administración dispuso dos subidas sucesivas porque los trabajos desarrollados por Todó y su escudero eran poco menos que ciclópeos.

Por su parte, Todó ha recuperado de golpe la memoria. Esta semana aseveró a los magistrados que tanto Serra como Massana le han hecho recordar que él se ausentó del consejo –algo preceptivo, por cierto– en las sesiones dedicadas a discutir el alza de sus emolumentos.

La fiscalía pide nada menos que 4 años de cárcel para don Narcís. Este sumario se ventila cuando otro vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato acaba de ser condenado a penas de prisión.

Se envía a Rato al averno del penal por el nauseabundo episodio de las tarjetas de crédito “black”. Varias docenas de miembros del máximo órgano de gobierno de Bankia las utilizaron a discreción para gastos y juergas personales.

Catalunya Caixa fue históricamente una caja gestionada por militantes del partido socialista catalán. En cambio, Bankia era un totum revolutum incestuoso que mangonearon y sangraron a la vez miembros del PP, el PSOE e Izquierda Unida, sindicalistas de UGT y Comisiones Obreras, e incluso jerarcas de la patronal madrileña Ceim.

El monto total malversado con las “black” asciende a 12,5 millones. El entuerto acarrea a Rato pasar cuatro años y medio a la sombra. Le harán compañía otros 14 personajes, entre ellos el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga. En total la sentencia castiga por apropiación indebida a 63 exconsejeros.

El rescate de Catalunya Caixa requirió ayudas públicas por importe de 12.600 millones. El de Bankia, por su parte, la friolera de 23.000 millones. Pero dado el tamaño de este último, varias veces superior al de Catalunya Caixa, los auxilios concedidos a la firma catalana baten en términos relativos todos los récords habidos y por haber.

Curiosamente las cúpulas de ambos engendros figuraban entre las más politizadas de todo el sistema de cajas de ahorros. Con este precedente, eriza el vello oir al marxista Pablo Iglesias propugnando la reinstauración de los bancos públicos.

No deja de ser chocante que estos días, transcurridos ya casi dos lustros de aquellas infaustas peripecias, se condene a los prebostes de Bankia por los malditos 12,5 millones. Tal suma es el chocolate del loro comparada con el agujero sideral que la institución provocó y hubo de sufragarse a cargo –como es habitual– de los eviternos paganos, los contribuyentes. Todavía son más ridículos, si cabe, los 100.000 euros de Todó que se discuten en Catalunya Caixa.

Uno y otro lance demuestran, una vez más, que una cosa es la verdad judicial, o sea la que se puede probar durante un juicio. Y otra muy distinta la cruda realidad de unos saqueos y prodigalidades que compendian, sin duda, la mayor estafa perpetrada nunca a los ciudadanos de nuestro país.