Ninguna propuesta realista les va a estropear a los dos bandos del Parlament el mundo ideal que se han construido y en el que se refugian para defender la genial perfección de sus verdades contrapuestas. Lo único en lo que coinciden los adversarios es en despreciar cualquier movimiento para intentar salir del agujero negro. Desde hace unos días, el PSC y los Comuns vienen emitiendo mensajes muy parecidos sobre la urgencia de formalizar un gobierno que acabe con el 155 e impulse el diálogo y la reconciliación. Ayer, este estado de opinión conciliadora obtuvo 25 votos en la cámara; PP, Ciutadans, JxCat, ERC y la CUP votaron juntos y en contra.
Iceta propone un gobierno de coalición y Domènech un gobierno del catalanismo popular formado por independientes. En la práctica dicen lo mismo, porque dado que es impensable que ni PP ni Ciutadans vayan a participar en un ejecutivo con independentistas (y viceversa tampoco), la concentración está condenada a limitarse a los grupos del catalanismo político. De todas maneras, el debate de ayer, aunque no trataba de gobiernos, sino solo de voluntades de reconciliación, permitió comprobar que no se dan las condiciones objetivas para lograr ningún acercamiento en tierra de nadie o en tierra de todos.
El abismo del que viene alertando Iceta y la tendencia del independentismo oficial de dar pasos atrás porque no saben darlos hacia adelante descrita por Domènech se confirmaron escrupulosamente al igual que el inmovilismo de la derecha españolista. Para éstos, la reconciliación y la crítica a la judicialización no es otra cosa que comprar las tesis nacionalistas y para los otros son solo palabras vacías por falta de empatía de los socialistas con los presos y por el voto del PSOE a favor del 155.
El debate de ayer, aunque no trataba de gobiernos, sino solo de voluntades de reconciliación, permitió comprobar que no se dan las condiciones objetivas para lograr ningún acercamiento en tierra de nadie o en tierra de todos
Así están las cosas después del tercer pleno en una semana cuyo principal objetivo para la mayoría no era escuchar propuestas de consensos sino exhibir su contradicción: no se acepta la delegación de voto de Puigdemont por temor al Tribunal Supremo pero se proclama su derecho a ser investido, también el del resto de diputados en prisión preventiva. El paso adelante que les exigen los Comuns (hagan un gobierno independentista o acepten el de los catalanistas) queda para más tarde, para cuando hayan reunido el ánimo suficiente para explicárselo a sus votantes, cumplido el periodo de justa indignación por las consecuencias de la resolución del juez Llarena, y nunca antes de que amainen las protestas programadas por los comités de defensa de la república para cabrear al personal.
Hemos pasado de las mentiras útiles a las interpretaciones contradictorias de unas simples líneas de un comunicado del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Definitivamente, demasiados diputados de grupos de ambos bandos se han construido mundos a su medida, negando la existencia del de los otros. Ni todo empezó con las brutales cargas policiales y las prisiones preventivas ni nada acabó con las leyes de la desobediencia aprobadas por el Parlament en septiembre. Todo es cierto pero utilizar la mitad del relato no ayuda en nada, salvo a la creación de zonas de confort argumental para adictos. Para no olvidar el conjunto de lo sucedido solo hay que tener memoria, y para entender el sentido de la nota del comité solo hay que saber leer.