El Banco Popular podría necesitar una resolución ordenada si no consigue comprador, según entiende el Mecanismo de Resolución Único (MUR). La semana que viene el nuevo presidente del banco tiene una reunión clave en Frankfurt con los responsables de supervisión bancaria del BCE.

Hoy, la acción del Banco Popular empieza la jornada del viernes tras haberse desplomado en bolsa un 18% en la sesión del jueves, hasta 0,5 euros con una caída anual acumulada del 44%, y las agencias lo han situado próximo al impago efectivo (un rating similar a Grecia). ¿Por qué? Porque tras diez años de crisis, el nuevo equipo gestor afloró pérdidas ocultas y se estima que su cartera inmobiliaria sigue sobrevalorada en unos 4.000 millones.

Como dice Pablo Martín Aceña en su libro Las crisis financieras en la España contemporánea, no hay nada nuevo bajo el sol. Al Banco Popular le ha pasado como a los banqueros de la Edad Media a los que le rompían la banca y entraban en bancarrota.

Los créditos no han sido devueltos y la garantía no cubre el valor de la deuda. El problema ha sido una excesiva concentración de crédito a promotores inmobiliarios para financiar la compra de suelo, actuando éste como única garantía (que en muchos casos ha perdido un 90% de su valor tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria).

Dijeron que era un crisis de cajas politizadas. La mitad de los créditos de las cajas en 2007 estaban en manos de La Caixa --que no ha necesitado ayudas públicas-- y las notas más altas de solvencia en los estrés test del BCE en España las tienen Unicaja y Kuxtabank (dos cajas).

Lo cierto es que la crisis bancaria fue culpa de decisiones equivocadas a manos de malos gestores. En el caso del Banco Popular es una sociedad anónima y en su consejo estaba Allianz, la mayor aseguradora alemana y europea, que apoyó desde el consejo los errores de gestión.

Existe otro mito: la crisis fue culpa del Banco de España. Este economista observador en su libro Hay Vida Después de la Crisis fue muy crítico con la supervisión del Banco de España, pero culparlo de la crisis del Banco Popular es como culpar a los bomberos de un incendio provocado.

El Gobierno de Rajoy demonizó en 2012 al Banco de España con la intención de responsabilizarle del rescate de Bankia (que por cierto estuvo a punto de sacarnos del euro). Luis de Guindos tomó el control del banco con un gobernador amigo. Así lo calificaron los medios, el control del FROB y junto con la Troika estimaron las necesidades de capital del sistema bancario.

Después, vino una ampliación de capital, la mayor parte con pequeños ahorradores en sus sucursales (que es muy probable que pierdan casi todo el dinero invertido). La supervisión pasó al BCE, que hizo un AQR para valorar los activos y varios estrés test. También han fallado. Todos los analistas que dieron valoraciones y recomendaciones de compra de esas acciones han fallado. Al igual que los auditores.

Rajoy ha pedido a Bankia que estudie hacer una oferta de compra por el Banco Popular. Si fuera el presidente Maduro en Venezuela el que lo hiciera, Rajoy le diría que es una nacionalización

El pasado no se puede cambiar y la pregunta es ¿qué hacer ahora? De momento, Rajoy ha pedido a Bankia que estudie hacer una oferta de compra por el Banco Popular. Si fuera el presidente Maduro en Venezuela el que lo hiciera, Rajoy le diría que es una nacionalización. Pero, claro, como la nacionalización la hace él (una más), nos contarán que es una forma de reducir el porcentaje de capital público en Bankia.

Los que defienden la banca pública desde la izquierda como un objetivo político deben explicar si apoyan la nacionalización que Rajoy pretende hacer del Banco Popular con dineros de los contribuyentes.

Lo normal es que Goirigolzarri no quiera comprarlo. Bankia cumple los requisitos regulatorios de capital con un truco contable: les han permitido capitalizar un crédito fiscal futuro gracias al aval público y a que los contribuyentes asumiremos las pérdidas que se produzcan. Por lo tanto, permitir a una entidad con bajos niveles de capital tangible que compre otra entidad es como permitir a una persona con anemia que done sangre.

Italia retrasa el rescate de Monti de Paschi hasta que se aclaren los protocolos de actuación. Antes de meter un euro de dinero público los accionistas, preferentistas, bonistas subordinados, senior sin garantía, incluidos pagarés y depósitos por encima de 100.000 euros no cubiertos por el fondo de garantía tendrían que asumir pérdidas.

En caso de superar el 8% de los activos ponderados por riesgo, el mecanismo europeo podría inyectar capital, pero el protocolo aún no está decidido y volverían las reuniones con prisas en Bruselas tomando decisiones de madrugada. Si como sucedió tras la quiebra de Lehman (que se siguió este procedimiento), la tensión se contagia al resto de bancos europeos, tampoco está claro el procedimiento.

Afortunadamente, el BCE está comprando deuda y ha conseguido que la economía europea y española vuelvan a crecer y a crear empleo. Si no fuera por esa intervención, en España habría fuga de capitales y riesgo de rescate como sucedió en 2012. El resto del sistema bancario tiene exposición al inmobiliario pero menos: puede financiarla al 0% en el BCE y la incipiente recuperación de ventas de viviendas y precios permite vender parte de esos activos minimizando las pérdidas. Pero la realidad es que todos los bancos dieron demasiados créditos a promotores, con la única garantía de suelo. Y todos han tenido ayudas públicas, principalmente acceso ilimitado al BCE al 0%.

El crédito fluye de nuevo en España gracias a las compras de deuda del BCE, pero principalmente a hipotecas de familias con rentas medias altas y a empresas con elevados niveles de solvencia. Los jóvenes de salarios precarios no pueden acceder a la hipoteca y las pymes y autónomos siguen teniendo restricción de crédito con elevados tipos y muchas garantías para acceder al crédito. Por no hablar de las empresas más innovadoras que tienen que ir a buscar financiación y capital fuera de España, aunque los grandes fondos soberanos y de capital riesgo han puesto a España en su radar y empiezan a verse operaciones esperanzadoras.

El debate no es si España puede crecer dentro del euro, que lo hace y bien, sino qué tipo de crecimiento tiene

El año pasado no tuvimos gobierno en Madrid. En 2017, no hemos tenido presupuesto y Rajoy ha recortado la inversión pública un 30% en el último año. El PIB sigue creciendo al 3% y las afiliaciones a la Seguridad Social también. Así que el debate no es si España puede crecer dentro del euro, sino qué tipo de crecimiento tiene.

No hay nada nuevo bajo el sol. Como nos enseñó Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza hace 100 años, en la era de la tecnología global España se la juega en la educación, el conocimiento y la innovación. Es necesario recomponer el contrato social y hacer una distribución más justa entre beneficios y salarios, y que el crecimiento sea menos contaminante para mitigar los efectos del cambio climático.

Para conseguir esos objetivos una condición necesaria, aunque no suficiente, es acabar con la posverdad y hacer un relato realista de la crisis. Eso ayudará a recomponer los daños en nuestras instituciones democráticas tan necesarias para el desarrollo económico. Este economista observador continuará contra la posverdad (que no la inventó Trump, por cierto), aunque hoy es su principal referente.

[José Carlos Díez es economista y autor del blog 'El economista observador'. Suscríbete aquí.]