En 2015, el Gobierno del PP incumplió una vez más el déficit público asignado por la Comisión Europea (CE). Se comprometió con ella a reducirlo al 4,2% del PIB, pero finalmente lo dejó en el 5,1%. El principal motivo del desfase fue la propaganda electoral. Como tal, principalmente deben considerarse las reducciones de los tipos de los impuestos sobre la renta y de sociedades, así como la eliminación de la limitación de la deducibilidad de los gastos de amortización en el segundo. Según la Agencia Tributaria, en el pasado ejercicio, los cambios normativos redujeron la recaudación en 7.846 millones de euros. En términos porcentuales, equivale a un 0,73% del PIB, es decir, aproximadamente el 81% del desajuste presupuestario (un 0,9%).

Ante tal situación, la CE se mostró comprensiva y acordó con el Ejecutivo español unos objetivos de déficit público más asumibles para 2016 y 2017: 4,6% y 3,1% del PIB, respectivamente. No obstante, en seguida la alarma se activó y la CE empezó a presionar al Gobierno, pues considera que si no realiza el próximo año un ajuste de 7.700 millones de euros, España volverá a incumplir el acuerdo alcanzado. Dicho ajuste puede provenir de una disminución de los gastos públicos, un incremento de los ingresos o de ambas medidas a la vez.  En un Congreso de los Diputados donde el PP no tiene mayoría absoluta y ninguno de los restantes partidos quiere ser cómplice de nuevos recortes sociales, la primera vía parece descartada. Por tanto, una pregunta se hacen muchos españoles: ¿qué impuestos subirá el PP en 2017?

Desde mi perspectiva, la opción más sencilla consistiría en revertir las reducciones efectuadas en 2015. No obstante, ya la pueden descartar. El motivo es que el PP no quiere erosionar más de lo que ya está la credibilidad de sus promesas económicas. Si lo hiciera, todo el mundo, incluso sus más fieles votantes, tendría claro que el Gobierno hizo unas rebajas fiscales que no podía permitirse y estiró mucho más el brazo que la manga. La situación de emergencia económica que invocó en 2012 para subir el IRPF y el IVA en 8 meses, cuando en campaña electoral prometió que bajaría los impuestos, no tiene nada que ver con la actual.

Si el Gobierno revirtiera las reducciones fiscales efectuadas en 2015, todo el mundo tendría claro que fue una medida que no podía permitirse

La segunda posibilidad sería contentar a la CE, quien considera bajo el tipo efectivo del IVA. En concreto, en 2015 fue del 15,88%, a pesar de que el nominal general se situó en el 21%. La clave de la elevada diferencia entre el tipo nominal y el efectivo estuvo en el gran número de productos, en comparación con otros países de la Unión Europea, a los que se les aplica el reducido (10%) o superreducido (4%).  Por tanto, la CE sugiere que un significativo número de bienes gravados con estos dos últimos tipos pasen a serlo con el general. Para cumplir el objetivo del ajuste bastaría con que el efectivo subiera del 15,88% al 18%. Dicho incremento, sin contar con los efectos sobre la recaudación del crecimiento económico, provocaría un incremento de los ingresos públicos de aproximadamente 8.400 millones de euros.  Sin embargo, esta posibilidad también la descarto, pues muy probablemente no conseguiría los suficientes apoyos en el Congreso, al ser una medida que perjudica principalmente a las familias con menos recursos.

La tercera sería la buena y afectaría básicamente a tres clases de impuestos: sociedades, especiales y verdes. En el primero, el ejecutivo no procedería a disminuir el tipo nominal, reducido por él mismo del 30% al 25% en la reforma de 2015, sino a aumentar el efectivo. Con dicha finalidad, reduciría el importe de algunas deducciones y eliminaría determinadas exenciones que afectan principalmente a las grandes empresas. La nueva legislación sería publicitada como una actuación dirigida a disminuir los privilegios impositivos de las multinacionales españolas.

Los impuestos especiales que subirían serían los que gravan los hidrocarburos y el tabaco, no siendo descartable que a nivel estatal se creara uno relacionado con el consumo de bebidas azucaradas (el conocido popularmente como impuesto de la Coca Cola). El primero dirían que lo suben para estimular el uso del transporte público y mejorar el medio ambiente, el segundo y tercero para ayudar a los españoles a mejorar su salud. Evidentemente, ninguno de ellos sería el motivo principal.

La actuación más probable del Gobierno afecta básicamente a tres clases de impuestos: sociedades, especiales y verdes

En relación a los impuestos verdes, el incremento de recaudación se obtendría por la creación de nuevos tributos o por el establecimiento de un mínimo estatal relativamente elevado a algunos ya existentes en determinadas comunidades autónomas. La publicidad diría que el objetivo sería crear una economía más sostenible y equiparnos progresivamente a la media recaudatoria europea, pues en 2014 España era uno de los países que menos ingresos relativos obtenía por dichos impuestos (1,9% del PIB respecto al 2,5% del promedio de la Unión Europea).

En relación a 2015, ya sea por el aumento de los tipos, la disminución de desgravaciones o la creación de nuevas figuras impositivas, mi propuesta sería que la nueva legislación proporcionara un aumento de la recaudación del impuesto de sociedades de 5.000 millones de euros, 2.200 millones vía tributos especiales (1.500 vendrían de hidrocarburos, 500 del tabaco y 200 del nuevo gravamen sobre bebidas azucaradas) y 500 millones a través de las ecotasas. En total, 7.700 millones. En términos porcentuales, el aumento sería del 25,75%, 14,62%, 7,61% y 26,82%, respectivamente.

En definitiva, en 2017 toca subidas de impuestos. El culpable es sólo uno: Rajoy. En términos macroeconómicos, el principal perjudicado será el crecimiento del PIB. En lugar de superar el 3%, muy probablemente nos situemos algo por debajo de dicha cifra (2,7%). Es lo que pasa cuando un político prioriza sus objetivos personales a los del país. Nada extraño ni aquí ni allá.