El debate sobre la pobreza energética es necesario en España, como muchos otros. La pobreza, sin apellidos, es el mayor de todos. La educativa, la de la previsión social, incluso la pobreza tecnológica debe afrontarse en estos momentos como un reto de país.

El fallecimiento de una anciana de Reus por el incendio de su domicilio, en el que se alumbraba con velas, ha disparado los pronunciamientos demagógicos hasta límites estratosféricos. El entorno del soberanismo catalán, siempre ávido de materia prima sobre la que construir su utopía, se ha lanzado como un solo hombre sobre la compañía que interrumpió el suministro eléctrico en una indirecta criminalización populista y exagerada.

Gas Natural Fenosa es una compañía de Barcelona por muchas razones. La primera es su historia: el embrión fue aquella Catalana de Gas que décadas atrás era vista casi como una rareza de unos catalanes capitaneados por un empresario de talante más que humanista, Pere Duran Farell. La segunda es su domicilio social. La tercera, y no menos importante, es que sus accionistas de referencia, así como su cúpula directiva y consejo de administración, son catalanes en su mayoría.

A tertulianos madrugadores y columnistas a sueldo del independentismo se les olvidan con frecuencia elementos importantes en sus análisis de lo sucedido. La principal de todas ellas es saber atribuir responsabilidades. O, mejor todavía, quizá conocen la materia pero prefieren que recaigan en la empresa suministradora en vez de fijarse en las actuaciones que la administración municipal y autonómica llevan a cabo ante acontecimientos sociales como el que desencadenó el fallecimiento. Sólo se explica por la polémica situación interna del Ayuntamiento de Reus y el monumental lío político que vive el Govern de Carles Puigdemont, que para no enemistarse con los verdaderos gobernadores de la CUP hace más aconsejable sacar el balón de su área bombeándolo en vez de hacerlo a ras de tierra y tocando. Tanto da que ese juego se lleve por delante empresas sanitarias o eléctricas.

Ninguna administración seria puede permitirse tener un consejero como Jordi Baiget, responsable de Empresa y Conocimiento, que en una situación como la vivida traslade toda la responsabilidad a la empresa energética mientras él silba. Está muy bien que algunos dirigentes sepan silbar de memoria Els Segadors, pero estaría aún mejor que sus habilidades estuvieran más próximas a la resolución de problemas.

Una vez más el papel de víctima nacionalista se antepone al de buen gobernante

El Constitucional se cargó la ley de pobreza energética que el Parlamento catalán aprobó en esta legislatura por un único motivo: Cataluña no tiene competencias para legislar sobre la materia. Existe una ley estatal que versa sobre la cuestión y los políticos catalanes hubieran hecho mayor y mejor servicio a su ciudadanía si el tiempo perdido en legislar sobre una cuestión que sabían con adelanto que no pasaría el corte jurídico lo hubieran empleado en establecer mecanismos entre los servicios sociales municipales y autonómicos para evitar casos como el que ha suscitado este debate. Pero, una vez más, el papel de víctima nacionalista es más apreciado que el de buen gobernante, y la claca mediática que les ampara despierta cada mañana con ese argumento.

No son los nacionalistas los únicos que han disparado contra Gas Natural Fenosa. También el populismo podemita, en una especie de escrache, se concentraba en las últimas horas ante la sede de la empresa. No faltaron ni Pablo Iglesias y su séquito ni Alberto Garzón. “No se puede consentir que haya españoles a los que este invierno se les corte la luz”, señalaban como proclama. Ni tampoco el teléfono móvil en el verano, ni el plato en la mesa ningún día del año, ni el domicilio, ni la escolarización… ¿Pero esa es una función del Estado o de las compañías privadas?

Seguro que Gas Natural mantiene suministros abiertos a clientes morosos cuando así lo han reclamado desde las administraciones por la existencia de necesidades sociales. Hay acuerdos firmados que operan en mantener el acceso a la luz, el agua o el gas, por ejemplo, que las propias empresas exhiben orgullosas en la medida en que son conscientes de su papel en la comunidad. De ahí que resulte profundamente injusto que a una compañía o a sus máximos dirigentes se les condene a la horca, mientras a la clase política cuya función básica es servir a los intereses comunes se les aplauda cuando hacen discursos demagógicos y expulsan las responsabilidades hacia cualquier otro foco.

Que el país tiene un problema social a resolver no está en duda. Lo que sí resulta discutible es si las soluciones deben proveerse a través de actuaciones como las descritas o bien es preferible negociar con las grandes empresas las mejores relaciones para que el sesgo social que en su mayoría poseen resulte beneficioso para complementar las funciones del Estado. Cada uno en su papel, en todo caso, y dejando tranquilos a los generadores de riqueza y empleo para que cumplan con sus principales obligaciones con la sociedad.