Diarrea legislativa descontrolada
Sigue en su apogeo la orgía de dirigismo despótico que venimos padeciendo desde hace muchos años. En el recién terminado 2015, el Boletín Oficial del Estado expelió la friolera de 232.624 páginas, repartidas en 313 números. Es decir, a un promedio de 743 páginas por cada ejemplar publicado.
El BOE es un diario de presentación extremadamente aburrida, lo que no es óbice para que bata todos los récords de lectura habidos y por haber. El año pasado difundió en sus páginas 16 leyes orgánicas, 48 leyes, 11 reales decretos leyes, 8 reales decretos legislativos, 2.865 órdenes, 53.500 resoluciones y 300.890 notificaciones, amén de una turbamulta de instrucciones, acuerdos, circulares y edictos de todo pelaje.
La estajanovista producción conjunta del BOE y el Borme se aproxima ya a la mareante cifra de 300.000 páginas anuales
Tamaño arsenal reglamentista es de imposible asimilación por cualquier mente humana. Y aún hay que añadirle el Boletín Oficial del Registro Mercantil, conocido como BORME, que se viene publicando desde 1990. El año pasado vomitó 57.460 páginas. Su seguimiento es imprescindible para quienes traten de estar al día sobre los infinitos avatares de las sociedades comerciales, industriales o de servicios.
En él se recogen las convocatorias de juntas generales de las compañías; designaciones y ceses de administradores y apoderados; ampliaciones y reducciones de capital; y, en suma, todos los actos jurídicos que realizan habitualmente las empresas.
Así pues, la estajanovista producción conjunta del BOE y el Borme se aproxima ya a la mareante cifra de 300.000 páginas anuales. A este formidable caudal se agregan los diarios oficiales de las 17 comunidades autónomas, más los boletines provinciales, que recogen las ordenanzas de los municipios y los avisos de las diputaciones y otros organismos locales.
Para rematar la faena, desde Bruselas nos deleitan día tras día con un aluvión cada vez más intenso de directrices de forzosa observancia en toda la Unión Europea.
Intrusión agobiante
Los súbditos están inermes ante las ansias de los políticos de regular hasta los últimos intersticios de la vida privada. A su vez, los gobiernos pretenden arreglarlo todo a golpe de BOE. Se han convertido en una especie de ametralladoras intervencionistas que disparan prescripciones sin cesar, en un trasiego inacabable de cambios y de cambios de los cambios.
En resumen, se ha creado una situación de inseguridad jurídica y de confusión total. Los códigos legales forman una maraña boscosa, inextricable y con frecuencia chapucera, en la que se extravían hasta los más aguerridos miembros de la feligresía deseosos de respetar sus obligaciones.
Se ha creado una situación de inseguridad jurídica y de confusión total
Es tal el vértigo normativo, las ínfulas promulgadoras que sufre el país, que más bien parece que toda esa catarata de disposiciones no tenga otro destino que el de su sistemático quebrantamiento. Es así, entre otras razones, por la imposibilidad física en que se halla el ciudadano de a pie para seguir toda esa verborrea desatada de fiscalizaciones e intromisiones. Tal como proclamó con ironía un prestigioso civilista, Federico de Castro, la abundancia excesiva de leyes sólo se mitiga con su transgresión.
Y es que al final, con las leyes acaba ocurriendo como con el papel moneda. Cuanto mayor es el número de las que hay en circulación, menos valor tienen. Incluso se dan casos llamativos, como el de Cataluña, donde es el propio Gobierno autonómico el que se jacta de saltárselas a la torera, sin que ello le acarree consecuencia punitiva alguna.
Ya lo dijo el clásico: leyes, las justas, ni una más, pero que se cumplan a rajatabla.
