Cosas que no se dicen

Cuando faltan pocos días para la celebración de las elecciones autonómicas catalanas del 27 de septiembre, se pueden ver, por los pueblos y ciudades de Cataluña, las paredes embadurnadas de carteles --cosa, por cierto, que va contra las normas, puesto que hay lugares dedicados explícitamente a la propaganda electoral--, tan sugerentes como los que dicen: "sí a un país on tothom arribi a final de mes; sí a un país que parli de tu a tu amb el socis europeus; sí a una Catalunya que doni feina als joves", y otras lindezas por el estilo. Como si los ejecutivos autonómicos que nos han gobernado hasta la fecha, fueran ajenos a las circunstancias políticas y sociales que estamos viviendo.

En suma, para los nacional soberanistas, lo malo que nos sucede siempre es culpa de otros, y en una Cataluña independiente todo sería tan fantástico y maravilloso que hasta los perros se acabarían atando con longanizas, o casi.

Es obvio que, por sentido común, ningún país de nuestro entorno dará apoyo a un proceso secesionista, aunque sólo sea para evitar posibles contagios en el jardín de su casa

Sin embargo, la realidad es mucho más prosaica. David Cameron, primer ministro británico, en una reciente visita a España dijo que los planes independentistas de Artur Mas para Cataluña dejarían a esa Comunidad fuera de la Unión Europea y la situaría a la cola de otros países candidatos que quieren negociar su ingreso.

Por su parte, Jean-laude Piris, director general del Servicio Jurídico de la UE de 1998 a 2010, escribía en un brillante artículo publicado en El País (29/08/15) que aquellos que mantienen que la UE incorporaría a una supuesta Cataluña independiente demuestran un desconocimiento craso tanto del derecho aplicable como de las realidades políticas en los Estados miembros de la UE.

Suponiendo --que ya es suponer-- que aquí unos descerebrados proclamasen una declaración unilateral de independencia (DUI) y se solicitase la integración de Cataluña como miembro de la Unión, tan solo se podría admitir la candidatura si cumpliese determinadas condiciones, tales como ser un Estado europeo o tener en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Pues bien, para poder ser reconocido como tal, sería necesario que a Cataluña la reconocieran los 28 Estados miembros de la Unión. Bastaría que uno solo negara ese reconocimiento para que el mismo no se llevara a cabo, como reza el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE).

Más claro agua.

En cuanto a la vertiente más política del asunto, es obvio que por sentido común, ningún país de nuestro entorno dará apoyo a un proceso secesionista, aunque sólo sea para evitar posibles contagios en el jardín de su casa.

Algo similar sucedería con las pensiones. El letrado de la Administración de la Seguridad Social, José Domingo, sostiene que la creación de una frontera entre Cataluña y España conllevaría empobrecimiento, despoblación y envejecimiento demográfico para Cataluña, lo que se traduciría en pensiones más bajas.

¿Estarían dispuestas las empresas asentadas en nuestro país a renunciar a un mercado potencial de casi 40 millones de personas como es el resto de España?

Es evidente que un sistema de Seguridad Social es algo tremendamente complejo y, en consecuencia, resulta imprescindible regular perfectamente la financiación, quienes son los sujetos a proteger, cuales las prestaciones, y cuales los requisitos que dan derechos a las mismas entre otros asuntos no menores. Asimismo, sería interesante saber cómo se calcularían las pensiones de los catalanes, de dónde saldría el dinero para pagarlas, cuál sería el nivel de protección social, o bien si la gestión de esa teórica Seguridad Social sería pública o privada. Son cuestiones que los nacional soberanistas no han explicado jamás. Como mucho han dicho que las pensiones en una Cataluña independiente podrían ser más elevadas que las actuales, sin razonar ni cómo ni por qué.

Por otra parte, es verdad que Cataluña transfiere dinero a otras comunidades (éste es el cacareado tema de las balanzas fiscales). Ciertamente hay que buscar soluciones, que haberlas hay las. Ahora bien, no es menos cierto que las mencionadas balanzas fiscales tiene una conexión muy profunda con las balanzas comerciales.

Según el Centro de Predicción Económica, financiado por siete comunidades autónomas, en un informe publicado en julio de 2015, Cataluña fue la autonomía con un saldo más positivo (unos 14.700 millones de euros en 2014) en las transacciones comerciales con el resto comunidades autónomas. ¿Alguien es capaz de pensar que con una independencia de por medio en Cuenca o en Villanueva de los Caballeros (pongamos por caso) comprarían de igual manera los productos provenientes de Cataluña, al menos a corto y medio plazo? ¿Estarían dispuestas las empresas asentadas en nuestro país a renunciar a un mercado potencial de casi 40 millones de personas como es el resto de España?

De eso no nos hablan ni desde CDC ni ERC ni la CUP. Tampoco hacen comentarios al respecto los fenómenos que encabezan la candidatura de Junts pel Sí, Raül Romeva, Carme Forcadell o Muriel Casals.

De igual manera, omiten los fervientes defensores de la segregación que la deuda pública de Cataluña se situaría entre el 80 y el 105% del PIB, según expertos independientes, tras una hipotética separación.

En unas elecciones libres, cada formación política puede y debe presentar las propuestas que considere más adecuadas para captar el interés de los ciudadanos y lograr que éstos con su voto les otorguen la confianza, faltaría más. Ese uno de los pilares de la democracia. En efecto, sin embargo, no todo vale y la oferta de cualquier organización ha de estar basada en la verdad, en la honestidad y en la sinceridad. Ser independentista es legítimo, pero mentir para lograr un puñado de votos es además de inmoral indecente. No obstante, en los últimos tiempos, lo uno y lo otro, se lleva mucho en Cataluña.