¿Ley de lenguas, o derechos lingüísticos?
He seguido con interés el debate sobre la Ley de Lenguas que Marita Rodríguez, Mercè Vilarrubias y Antonio Robles han mantenido en el CRÓNICA GLOBAL. Me uno a la discusión, no tanto para hablar de esa Ley, sino para desvelar lo que la propuesta en sí misma encierra, que es lo que de verdad importa y preocupa. Antonio Robles ha sabido situar el debate en este terreno, algo que Vilarrubias no ha entendido (o no ha querido entender) saliéndose por peteneras (o virolais)en su último artículo, donde la ironía, freudianamente, acaba diciendo lo que dice.
Empecemos por aclarar algunos principios:
- Cuando hablamos de leyes hablamos de derechos objetivos y obligaciones de los ciudadanos, no de sentimientos, ideologías, identidades, agravios o reconocimientos.
- Ni las lenguas ni los territorios tienen derechos, sino las personas y los ciudadanos.
- Las lenguas no emanan de los territorios ni echan raíces en la tierra. Los españoles tienen una lengua común que es el español, no porque así lo establezcan o impongan las leyes o la geología, sino porque la mayoría lo habla, lo entiende y lo usa como medio eficaz de comunicación.
- El Estado español, como hacen todos los países del mundo, adopta como lengua oficial aquella que es mayoritariamente hablada por sus ciudadanos, a los que, en consecuencia, ofrece medios para poder conocerla, hablarla y entenderla.
- En aquellos territorios donde la lengua común coexiste con otra lengua utilizada por un importante número de ciudadanos, el Estado considera también esa lengua cooficial, asumiendo la obligación de ofrecer medios a todos los que lo deseen para conocerla, hablarla y entenderla.
- Es tan incorrecto decir que el Estado es plurilingüe como que es políglota. Bilingües, plurilingües o monolingües sólo lo pueden ser los hablantes.
- Otra afirmación semánticamente absurda es la de España plural o Estado plural. Lo singular no puede ser a la vez plural, salvo en el misterio de la Santísima Trinidad. Que el todo incluya a las partes no convierte al todo en plural (palabra que puso de moda Zapatero y se ha extendido como la peste). El todo puede ser homogéneo o heterogéneo, pero nunca plural. Por más que se utilice, esa España o Cataluña plural es una aberración gramatical.
- El Estado es uno, no plural. En ningún lugar del mundo existe un Estado que sea una Nación de Naciones. El Estado Federal es otra cosa. Ni EEUU ni Alemania son una Nación de Naciones. La unidad política, económica, legislativa y administrativa de estos dos Estados Federales es incluso mayor que la que hoy existe en España. A ninguno de ellos se les ocurriría promover una de Ley Lenguas Oficiales, aunque en su territorio exista una mayor diversidad lingüística que en España. No digamos en Francia. Que algo tan evidente genere tanta confusión pone de manifiesto el grado de intoxicación política y mental a que nos ha llevado el nacionalismo catalán.
- Las Autonomías son gobiernos del Estado, no son un poder paralelo y opuesto al Estado, por más que así lo proclamen los nacionalistas. El Estado es uno, y se organiza como Gobierno General o Nacional, Gobiernos Regionales o Autonómicos y Gobiernos Locales o Municipales, cada uno con sus competencias. No se oponen unos gobiernos e instituciones a otras: se coordinan, complementan y refuerzan mutuamente.
- España no es hoy ningún Estado centralista ni antidemocrático. Existe una separación de poderes, ampliamente descentralizados. El Estado Español es una estructura organizativa y de poder, no un conjunto de edificios y funcionarios. Como tal está presente tanto en Madrid como en la Coruña, Gerona o Cádiz. Confundir la geografía con el Estado, su función con la ubicación de sus instituciones, es una de las manipulaciones más perversas del independentismo. ¡Oh, Madrit, Madrit!
Bien, pues si analizamos la propuesta de Vilarrubias veremos que se aleja por completo de todos estos principios, porque:
-Nunca habla de derechos lingüísticos objetivos, sino de lenguas, agravios y reconocimientos: “Los niveles de enfrentamiento, intolerancia y visceralidad a los que se ha llegado en España en materia lingüística llevan a pensar que es necesaria una intervención clara y decidida para intentar reconducir las cosas. Hay un acuerdo generalizado en que las lenguas son una cuestión que sigue sin abordarse satisfactoriamente y que es éste uno de los escollos más grandes que tenemos para avanzar juntos como país”, escribe en El País.
El procedimiento es claro, lo han usado hasta la saciedad los nacionalistas: primero invento un problema, dramatizo y luego propongo la solución. Ejemplo: La mayoría de los catalanes quiere la independencia, luego debemos hacer un referendum para que ejerzan su derecho a decidir. ¿Dónde habrá visto Vilarrubias esos niveles intolerables de enfrentamientos lingüísticos viscerales a los que hemos llegado en España, y que se han convertido en uno de los escollos más grandes para avanzar juntos? ¿Dónde ese acuerdo generalizado sobre un diagnóstico tan arbitrario? El problema lingüístico, por lo dicho, no lo tiene Cataluña, lo tiene España y los españoles, que somos intolerantes y viscerales e impedimos que los catalanes puedan avanzar con nosotros.
-Vilarrubias habla siempre del Estado como algo que no tiene nada que ver ni con las Autonomías ni los Municipios. La extensión de la tetraoficialidad (catalán, gallego, vasco y español) que propone, afecta sólo a “España” y al “Estado”. Desaparecen de esa España y ese Estado, Galicia, el País Vasco, Cataluña y etcétera, cuyos gobiernos autonómicos no tendrían que aplicar esa Ley de Lenguas Oficiales. Allí donde precisamente hay un problema, que es la exclusión del español de la enseñanza y la vida pública, allí, como se ve, no hay ni enfrentamientos, ni visceralidad, ni intolerancia, ni escollos. Allí no hay nada urgente que reconducir. ¡Manda carallo!
-Todo su discurso no cuestiona para nada el poder y la actuación lingüística del nacionalismo catalán; más aún, lo legitima y disculpa, porque “gracias al diseño constitucional, los nacionalistas han podido elaborar la política lingüística que les ha convenido”. Vamos, que los nacionalistas “se han convertido en los amos del catalán” gracias a la Constitución. Vilarrubias, para arrebatarles ese monopolio, quiere “posibilitar la emergencia de un nuevo actor lingüístico, el Estado”, que elabore “un discurso de reconocimiento pleno de la diversidad lingüística de España” y, entre otras extravagancias, obligue a “rotular en las cuatro lenguas en el exterior de todos los edificios estatales”, o a que se usen “todas las lenguas oficiales de España en actos de Estado”. La enseñanza del catalán, el vasco y el gallego debe extenderse a todas las escuelas de “España” o del “Estado” (pero no a Cataluña), ofreciendo a todos “la posibilidad de valorar y vivir estas lenguas como propias”!..; la administración del Estado ha de ser cuatrilingüe, nuestro pasaporte, escrito en las cuatro lenguas..., etc. De este modo construiríamos un “Estado moderno, abierto e inclusivo”. Lo que ahora tenemos, por lo visto, no es moderno, ni abierto, ni inclusivo. Qué es entonces, ¿facha?
Sorprende que semejante despropósito estrambótico y asimétrico sea promovido por un sector supuestamente no nacionalista y que esté metiendo (y usando) a la SCC en este turbio debate. Los independentistas no lo harían mejor, maestros consumados en el arte de Troya, o sea, en introducir caballos disgregadores bajo capa de modernidad y progresismo. Exigen a la España monolingüe que sea oficialmente cuatrilingüe, y aceptan que la Cataluña bilingüe sea oficial y prácticamente monolingüe.
Las lenguas son entidades abstractas, no existen fuera del uso que de ellas hacen sus hablantes. Nadie es ni puede ser dueño del catalán ni del español ni del chino
Vamos a ver: las lenguas son entidades abstractas, no existen fuera del uso que de ellas hacen sus hablantes. Nadie es ni puede ser dueño del catalán ni del español ni del chino. Lo único de lo que tiene que ocuparse el Estado es de que se respetan los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Los españoles de Cataluña tienen derecho a recibir la enseñanza en español y/o catalán, a ser atendidos en las instituciones públicas en catalán o español según prefieran y a usar la lengua que se les antoje en su vida cotidiana, sus negocios o en la cama. Y fuera de Cataluña, a que les atiendan en español en los organismos públicos. En otros sitios, y en todo lo demás, allá cada cual. Cada uno puede usar la lengua que quiera, para lo que quiera y como le dé la democrática gana.
Como expresión humana, no existen lenguas superiores a otras, ninguna tiene más derechos que otra. No son iguales, sin embargo, como instrumentos de comunicación. El hecho de que una lengua tenga mayor número de hablantes, o que sea más usada para las comunicaciones internacionales, el comercio, la ciencia o la cultura, convierte a esa lengua en más útil, más necesaria, más eficaz. Hoy la lengua de comunicación más extendida y eficaz en España es el español. Este hecho es lo que les resulta intolerable a los catalanistas. Como ellos identifican la lengua con la patria, la nación y el estado, no pueden aceptar que el español sea la lengua común de España. Por eso intentan por todos los medios desmoronar cualquier conciencia de unidad que este hecho evidencia. Primero nos imponen que llamemos al español castellano, empeñados en territorializar las lenguas y reducir el ámbito lingüístico del español a “Castilla”, como si no se hablara, no sólo en toda España (incluida Cataluña), sino en toda Hispanoamérica. Ahora van más allá: quieren que se diluya el español como lengua común y oficial en el mapa de la tetraoficialidad. Quien no lo acepte, por supuesto, es que es un intolerante que se niega a reconocer “la diversidad lingüística del Estado”.
Mucho me temo que cualquier día Pedro Sánchez, abducido por el PSC, acabe defendiendo el tetraoficialismo como la fórmula mágica para que los nacionalistas se sientan cómodos en España y el “Estado Español” deje de ser franquista. La prueba definitiva será cuando un jubilado catalán se vaya a residir a Cádiz y al ser detenido por una infracción de tráfico, un guardia civil políglota, que haya adquirido su plaza después de demostrar su dominio de las cuatro lenguas oficiales, se dirija a él amablemente hablándole en catalán. En ese momento los independentistas se sentirían tan a gusto, tan reconocidos, que renunciarían definitivamente al procés. Pero puestos a ser abiertos e inclusivos, ¿por qué no hacer lo mismo con los españoles gitanos, chinos, árabes, rumanos, ingleses (hay más de 300.000), alemanes (más de 100.000) o senegaleses? ¿No tienen también derecho a ser atendidos en su propia lengua? ¿O es que acaso es inferior a la de catalanes y vascos? ¡Pero si son españoles, lo son de pleno derecho! ¡Ah, y se me olvidaba! ¿Qué hacemos con el bable, la fabla aragonesa, el leonés, el aranés o el caló? ¿Los estatalizamos también para que sus hablantes se sientan cómodos e integrados en la “España plural? Más aún: ¿a qué modalidad del catalán hacemos oficial, a la catalana, la valenciana o la balear? Yo no veo mejor salida que proclamar el Estado Babélico: la Federación de (unas) Treinta Repúblicas Plurilingües y Multilingües Independientes. ¡Solucionábamos el paro!