¿Anticatolicismo de C's o inquietud del PP?

El pasado mes de febrero, Carlos Floriano, director de campaña del Partido Popular para las elecciones municipales y autonómicas, acusó a Ciudadanos de plantear una política anticatólica. Habilísima táctica la del estratega de la calle Génova para retener a un voto confesional que, sin duda, está encantado del fiel cumplimiento de las promesas electorales de su partido.

Ciudadanos es una formación laica, que no obstante manifiesta su respeto por las diferentes confesiones religiosas

Hay que ser indulgentes con el señor Floriano. Su comprensible preocupación por unas encuestas que le auguran un varapalo electoral épico, puede haberle llevado a distorsionar la realidad, en un desesperado intento por frenar la hemorragia de votos que está dejando anémicos a los seguidores de la gaviota.

Pero involuntariamente, este prócer de las afirmaciones mendaces me permite aclarar un punto de no poca relevancia para una parte del electorado. Es conocido que Ciudadanos es una formación laica, que no obstante manifiesta su respeto por las diferentes confesiones religiosas. ¿Pueden conciliarse ambas posturas? ¿Qué supone esto exactamente?

No me corresponde responder a dichas cuestiones hablando en nombre de mi partido. Ni siquiera pretendo citar aquí sus posicionamientos políticos. Basta con consultar nuestra página web. Nuestra postura al respecto ha sido siempre muy clara. Creo más útil repasar el origen de las diferentes posiciones que con el paso del tiempo se han consolidado sobre este tema, justificando mi personal opción por una de ellas. Quizá pueda ilustrar hasta qué punto ha falseado Floriano la realidad.

Es sabido que la revolución inglesa de 1688 abolió el derecho divino del soberano y estableció la primacía del parlamento mediante el "Bill of Rights", aceptado por Guillermo III al subir al trono. Esto coincide, no por casualidad, con el nacimiento de una corriente de pensamiento caracterizada por una profunda laicidad; tanto en cristianos como Locke, como en ateos como Hume.

John Locke, indiscutible ideólogo de la revolución de 1688, aunque se diferenció desde un principio de los llamados secularistas, creía que el fundamento moral de la vida pública no podía proceder de las creencias religiosas. Pensaba que aun existiendo –por aquel entonces- un consenso mayoritario sobre la existencia de Dios, las diferencias religiosas podían ser causa de conflictos sociales. Para este autor, la religión tomaba un cariz privado e individual. En consecuencia, la privatización de la práctica religiosa le llevó a postular la independencia de los individuos concretos respecto de la autoridad de las instituciones religiosas. Locke no creía que pudiera defenderse un Estado cristiano; es el primer planteamiento moderno de la laicidad del Estado como paradigma político.

¿Qué podemos entender entonces por laicidad? Javier Álvarez dice que "la laicidad es la situación de no imbricación de los asuntos públicos con los asuntos religiosos. Lo cual implica una separación efectiva entre la Iglesia y el Estado. Manteniendo ambos sus respectivas esferas de actuación, pero abiertas al diálogo y a la cooperación en aquellas situaciones en la que se puedan requerir mutuamente. El objetivo de la laicidad será, sobre todo, mantener la independencia estatal respecto a doctrinas religiosas".

Con el tiempo se ha desarrollado un movimiento que supone una desviación o evolución –según se mire- de la laicidad; el laicismo.

El origen del laicismo es el movimiento ilustrado del siglo XVIII. Sostiene que el desarrollo de la humanidad se ha visto obstaculizado por la influencia de la Iglesia, que con su tramoya de superstición religiosa pretende dominar las conciencias en favor de oscuros intereses propios o políticos. Por eso, el laicismo se manifiesta siempre como una fuerza reactiva frente a las instituciones religiosas.

Entre las pretensiones básicas del laicismo no estaría el rechazo de la Iglesia ni de la religión, sino la libertad de conciencia y autonomía moral con fundamento ético. No obstante, hay que reconocer que muchos laicistas se plantean acabar con la influencia cristiana en la sociedad.

Como detalla Álvarez, el laicismo, a diferencia de la laicidad, no se limita a sostener la autonomía de la esfera civil respecto a la religiosa sino que, considerando que la religión no es un factor positivo, pretende recluirlo al ámbito de lo estrictamente privado. La política debe librarse de toda influencia religiosa, relegando a los creyentes a un plano diferente, fuera de la esfera política.

Retomo aquí las preguntas que planteaba al inicio de mi artículo. ¿Puede conciliarse que un partido sea laico con el respeto a las confesiones religiosas y el derecho de sus fieles a participar en la esfera pública?

Evidentemente pienso que sí, siempre que apueste por la laicidad, no por el laicismo. No se trata de que las posturas laicistas sean o no respetuosas con la religión, el problema es que en la práctica creo que conducen a una restricción de la libertad del ciudadano con convicciones religiosas, para actuar en política ateniéndose o defendiendo su particular concreción política de las mismas.

Milito en un partido que desde su nacimiento conoce bien los efectos de las ideologías que niegan la identidad a quienes no comparten su peculiar breviario mitológico. Véase el caso del nacionalismo catalán, donde egregias figuras como Carme Forcadell, presidenta de la ANC, afirmaba en mayo de 2013: "Nuestro adversario es el Estado español, lo hemos de tener muy claro. Y los partidos españoles que hay en Cataluña, como el Partido Popular y Ciudadanos, que no se tendría que llamar Partido Popular de Cataluña sino Partido Popular en Cataluña. Por tanto, estos son nuestros adversarios. El resto somos el pueblo catalán".

La libertad de conciencia también ampara a quienes profesan una confesión religiosa y su condición de creyentes no nos permite arrinconarlos fuera del debate social

Dicho de otro modo, quienes no compartimos su visión de la catalanidad, no somos catalanes. ¿Cómo podríamos negar el derecho de un musulmán, un católico o un evangelista a participar en la esfera pública representando la plasmación política de sus planteamientos religiosos, cuando tan bien conocemos la perversión de las tesis que niegan a los militantes de Ciudadanos en mi tierra su condición de catalanes? Obviamente es falso.

Las libertades políticas de todo ciudadano, creo que exigen que se permita su participación en la vida política, agrupándose en torno a cualquiera de los rasgos de su identidad que considere relevante defender.

Es evidente que la plasmación de principios religiosos en acciones políticas concretas, será rebatida por quienes no las compartan con toda la contundencia que sea necesaria. No es una cuestión religiosa, sino política. Y no seré yo quien eluda un debate de ideas que creo tan necesario recuperar. Pero la exclusión de la vida política de los creyentes, ni era lo que propugnaba Locke en tiempos de Carlos II, ni lo que postula un servidor hoy. La tolerancia está en la base misma del discurso de la laicidad.

La libertad de conciencia también ampara a quienes profesan una confesión religiosa y su condición de creyentes no nos permite arrinconarlos fuera del debate social.

En una sociedad plural y libre hay que reconocer, sin minusvalorar ni magnificar, el papel de las Iglesias y el derecho de sus fieles a participar en la esfera pública.

Como afirma Andrés Ollero: "No hay, por una parte, propuesta civil que no se fundamente directa o indirectamente en alguna convicción, de ahí que se resalte la libertad de conciencia supone no solo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar conforme a los imperativos de la misma". Dicho de otro modo; necesitamos un sistema que proteja la libertad "tanto de la religión como de no-religión".

¿Ciudadanos anticatólico?
Todo lo contrario, Floriano. Defensor de la libertad.