El coronel Diego Pérez de los Cobos, tras su declaración en el juicio del 'procés'
Preguntas abiertas al coronel Pérez de los Cobos
"¿Se encuentra el Estado mejor preparado hoy para afrontar otro desafío secesionista después de la ley de amnistía? El ejemplo del coronel, que ha pagado con su carrera su lealtad a la justicia, nos recuerda que la tolerancia no es pasividad, sino firmeza en la defensa de la libertad"
El pasado viernes, el coronel Diego Pérez de los Cobos fue honrado con el XXXI Premio a la Tolerancia, un reconocimiento a su firmeza en la defensa del Estado de derecho, especialmente en su papel como coordinador del dispositivo policial del 1 de octubre del 2017.
En un acto sobrio pero emotivo en Barcelona, el coronel desarrolló un magnífico discurso sobre los valores de la tolerancia, en el que reivindicó la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como “serena, profesional y absolutamente proporcionada” ante el desafío al orden constitucional en Cataluña.
Dedicó el galardón a los “millones de catalanes” que sostienen la convivencia frente al sectarismo, subrayando aquello de “no estáis solos”, evocando sin duda las palabras de Felipe VI la noche del 3 de octubre del 2017.
En el coloquio posterior a la cena de homenaje, se le plantearon diversas preguntas, muchas de las cuales por su carácter político y valorativo eludió responder, atendiendo a su condición de militar en situación de reserva.
No obstante, este premio concedido por la Asociación por la Tolerancia me parece una oportunidad para reflexionar sobre los errores del Estado durante el procés y, particularmente, el 1-O, una etapa que el independentismo ha diseccionado hasta la saciedad mientras el constitucionalismo, ocho años después, carece de un análisis compartido, empezando por la ausencia casi completa de memorias sobre lo sucedido desde el lado del Gobierno español, seguramente porque revelarían que nadie en las más altas esferas conocía el detalle de las cosas ni le importaba lo más mínimo.
El independentismo ha debatido abiertamente sus fallos estratégicos: la sobreestimación de su apoyo internacional, la quimera de la DUI o la falta de estructuras para llevar a cabo la soñada desconexión. Pero desde el constitucionalismo, el relato oficial se ha limitado a defender la legalidad sin abordar los miedos y fallos que permitieron a los sucesivos gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont llegar tan lejos.
El reconocimiento a Pérez de los Cobos es una ocasión para plantear preguntas incómodas sobre lo que el Estado pudo haber hecho mucho mejor. Aquí van tres: ¿Por qué se confió en los Mossos pese a las señales de deslealtad? Semanas antes del 1-O, la pasividad del mayor Josep Lluís Trapero y los Mossos d’Esquadra era un secreto a voces. Enric Millo, entonces delegado del Gobierno en Cataluña, lo expresó con claridad en el juicio del procés y en sus magníficas memorias, El derecho a saber la verdad: los Mossos, lejos de cumplir las órdenes del TSJC para impedir el referéndum, adoptaron una estrategia de desobediencia encubierta, simulando acatar mientras facilitaban la consulta.
Pérez de los Cobos, en su testimonio ante el Supremo, fue igualmente explícito: los Mossos no solo no colaboraron, sino que en muchos casos obstaculizaron a Guardia Civil y Policía Nacional. ¿No era evidente, desde las reuniones previas en la Fiscalía, que Trapero, bajo presión del Govern, priorizaría la lealtad política sobre la judicial?
El Gobierno de Mariano Rajoy optó por mantener a los Mossos bajo el mando de la Generalitat, confiando en la coordinación técnica de Pérez de los Cobos en lugar de asumir el control directo del cuerpo mediante la Ley de Seguridad. Esta fue una decisión, si es que jamás llegó a debatirse (eso aún no lo sabemos), seguramente motivada por el temor a inflamar la situación y a complicar la logística de gestionar un cuerpo de 17.000 agentes con sensibilidades nacionalistas. ¿Pero no fue, si acaso, un error estratégico? Una intervención previa sobre los Mossos, aunque arriesgada, habría asegurado una cadena de mando coherente y, tal vez, evitado el caos operativo del 1-O.
¿Fue coherente la intervención policial tras la declaración oficial de Zoido? La mañana del 1-O, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, afirmó solemnemente que el referéndum “no existía, que era solo un paripé”, respaldándose en la inexistencia de un censo y de un proceso electoral verificable. Ciertamente, el aspecto formal de la consulta había sido desmantelado días antes por la Guardia Civil: ninguna de las 55.000 personas elegidas para formar parte de las 6.200 mesas electorales recibió la notificación ni tampoco se produjo el envío de las tarjetas censales a los más de cinco millones de supuestos electores, como ocurre en el resto de las votaciones.
Sin embargo, el Govern, con el apoyo de ANC y Òmnium, logró montar un simulacro con las urnas escondidas (que el CNI no logró localizar) y un censo universal que permitía votar en cualquier lugar, suficiente para proclamar un “éxito” simbólico con 2,2 millones de votos. La intervención de Guardia Civil y Policía Nacional, que requisó material y cerró colegios generó imágenes de cargas policiales que alimentaron la narrativa victimista del independentismo a nivel internacional. Si el Gobierno consideraba que el referéndum carecía de validez, ¿tenía sentido desplegar un dispositivo que, por su magnitud limitada (6.000 agentes frente a miles de manifestantes), no pudo impedir la consulta? Pérez de los Cobos actuó bajo mandato judicial, no político, pero la declaración de Zoido expresó esa mañana del primero de octubre el sonoro fracaso de un gobierno inútil, y reflejó una desconexión entre el discurso oficial y la realidad
¿Qué habría pasado sin intervención policial? Imaginemos un 1-O sin presencia de Guardia Civil ni Policía Nacional en los colegios. La votación, aunque ilegal y sin garantías, habría transcurrido sin obstáculos, permitiendo al Govern inflar aún más sus cifras de participación y proclamar una victoria incontestada. ¿Habría interpretado Puigdemont que el Estado se rendía? Es casi seguro. Los resultados de la votación hubieran sido proclamados rápidamente, así como la declaración de independencia.
La ausencia de resistencia habría desmoralizado a los constitucionalistas catalanes, que ya se sentían solos, y proyectado una imagen de impotencia en el exterior. Por otro lado, no intervenir habría evitado las imágenes de violencia que el independentismo explotó con maestría. ¿Podría el Estado haber optado por una estrategia de deslegitimación pasiva, dejando que el referéndum se diluyera en su propia irrelevancia jurídica? Improbable. El Govern no buscaba solo votar, sino desbordar al Estado con el apoyo de las masas y desafiar la soberanía nacional. La firmeza de Pérez de los Cobos, ejecutando las órdenes del TSJC, marcó un límite claro: el Estado no cedería y enseñaba los dientes.
El homenaje a Pérez de los Cobos nos confronta con la ausencia de una reflexión compartida en el constitucionalismo. Mientras el independentismo ha debatido y expuesto sus errores, aunque jamás sus culpas y mentiras, los defensores del Estado de derecho nos hemos conformado con celebrar la victoria jurídica.
El Gobierno de Rajoy no supo contrarrestar el relato internacional del independentismo, subestimó la determinación del Govern y la fuerza del secesionismo, y careció de valentía para enfrentarse al oportunismo de Trapero, quien decidió obedecer a Dios y al diablo. Pérez de los Cobos, como Millo, encarna el coraje de quienes sostuvieron la legalidad en un momento imposible, pero su sacrificio no absuelve las carencias políticas.
Ocho años después, el constitucionalismo sigue huérfano de un análisis completo: ¿por qué se permitió que el procés escalara tanto desde 2012? ¿Cómo no se dio en serio la batalla del relato? ¿Por qué no se anticiparon los movimientos del Govern, que hasta la primera semana de octubre llevó siempre la iniciativa? Más aún: ¿Se encuentra el Estado mejor preparado hoy para afrontar otro desafío secesionista después de la ley de amnistía? El ejemplo del coronel, que ha pagado con su carrera su lealtad a la justicia, nos recuerda que la tolerancia no es pasividad, sino firmeza en la defensa de la libertad; y esta, como dijo Pérez de los Cobos, no se proclama: se ejerce.
