Entra en vigor: multas de 150.000 euros a los propietarios de alquileres temporales que no hagan este trámite

La vivienda es el mayor problema al que se enfrenta la sociedad en España, ya que la situación es compleja para los que quieren dar el paso de emanciparse debido a la falta de oferta, el exceso de demanda y el elevado precio, que hacen que sea una misión imposible.

Sin embargo, otra de las causas son los pisos turísticos que cada vez el número aumenta. En Cataluña hay aproximadamente 100.000 pisos turísticos registrados, según datos de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (FEDERATUR).

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Sin embargo, hay miles de propietarios que podrían estar expuestos a grandes sanciones económicas si no han cumplido con una obligación administrativa que finalizó en febrero y que muchos desconocen por completo.

En esta línea, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España ha puesto una nueva obligación para pisos turísticos o de temporada y es el presentar una declaración informativa anual sobre sus alquileres establecida por la Orden VAU/1560/2025.

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Esta normativa exige la presentación de un modelo informativo por cada unidad arrendada, incluyendo datos como la finalidad del alquiler, número de huéspedes y fechas de estancia del año anterior.

Además, es fundamental que los anfitriones verifiquen que cada unidad dispone de su NRUA, recopilen la información de actividad y conserven toda la documentación justificativa.

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El objetivo es que la Administración disponga de datos actualizados para reforzar el control sobre este tipo de arrendamientos, es decir, controlar mejor la actividad, el cumplimiento fiscal y el uso real de estas viviendas.

Duras consecuencias

No obstante, el incumplimiento puede tener consecuencias graves como sanciones económicas. No presentar el modelo dentro del plazo o hacerlo de forma incorrecta puede dar lugar a sanciones económicas que, según la normativa autonómica en materia de vivienda turística, pueden oscilar entre los 3.000 y los 150.000 euros en los casos más graves.

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Además, el propietario podría perder el Número de Registro Único de Alquiler, lo que impediría anunciar legalmente la vivienda en plataformas digitales.