Políticas sin gestión, relatos sin política

Es lo que se denomina el Welfare State, o Estado de Bienestar, que ha ido extendiéndose con ritmos diferentes por los países europeos. Existía una división entre las distintas administraciones, que van desde lo local, provincial, regional, estatal hasta lo europeo, para cubrir dichas necesidades según la capacidad económica disponible. En esta labor intervienen no solo los funcionarios públicos, sino entidades privadas como la Iglesia, sindicatos, asociaciones no gubernamentales y hasta voluntarios. 

Todo ello ha traído aparejado debates políticos sobre cuál es la incidencia de lo público y lo privado. Una de las diferencias fundamentales entre izquierda y derecha radica en el papel que le correspondía a cada cual para cubrir estos servicios. Se discutía si la gestión pública era mejor que una privada o si ambas podían combinarse delimitando el espacio de cada cual.

Desde los años 70 hasta la actualidad se ha generado una gran cantidad de bibliografía y de informes políticos sobre cuál es el mejor método de abordar dichas prestaciones sociales. En un caso, tratando que las empresas o entidades privadas asuman buena parte de su gestión, por la que reciben el correspondiente pago de las administraciones. O, por el contrario, postulando que sean los poderes públicos quienes asuman la responsabilidad de proporcionar los servicios sociales. 

En esta dinámica los partidos políticos han mostrado distintas perspectivas sobre estos temas, a medida que crecían las expectativas de la ciudadanía para adquirir nuevas prestaciones que terminaban convirtiéndose en derechos. El proceso trajo aparejado un aumento del número de funcionarios, nuevos organismos públicos y más presión fiscal con el fin de cubrir las expectativas que, a su vez, comportaban un aumento de la deuda, lo que generaba constantes debates entre sociólogos, economistas y políticos acerca de cómo mantener y garantizar la viabilidad de los servicios comprometidos. 

Neoliberales y socialdemócratas plantearon propuestas, si no contrapuestas, en muchos casos porque la realidad mandaba, con diferencias para abordar estas cuestiones, aunque en muchos casos se imponía la confluencia de decisiones, rompiendo el esquema de que lo estatal se equipara con lo público y lo estatal con lo privado, como explica Sergio Chica en su artículo El rompecabezas de lo público, publicado en la revista Polémica. 

En los debates electorales salía a relucir la evaluación de lo realizado por los gobiernos. El resultado es un griterío que no nos abandona desde el siglo XIX, y que aparece y desaparece --como el Guadiana-- en distintos periodos históricos. Nos preguntamos qué entendemos por España y si su estructura territorial se mantendrá por mucho tiempo, como ha ocurrido con las provincias, o si se replanteará de nuevo. Existe un cansancio generalizado por estar continuamente haciendo referencia a qué somos y cómo seremos: si nos convertimos en un estado federal, si en realidad ya lo somos de manera subrepticia, si las nacionalidades peculiares debe tener un tratamiento singular que conduzca a una asimetría entre autonomías cuando ya existen modelos diferenciados –los conciertos de Euskadi y Navarra– y otras, como Galicia, a través del BNG, ya lo están reclamando. A su vez los independentistas catalanes continúan con sus tesis interpretativas de por qué han de convertirse en un Estado independiente, a pesar de diferencias políticas que provocan grietas en los partidos soberanistas.

Las políticas públicas, mientras tanto, quedan en stand by para la gran mayoría de la ciudadanía. Mientras, academias europeas, latinoamericanas y norteamericanas editan cada vez más artículos y libros sobre las necesidades de nuevos enfoques para la gestión pública. Incluso autores como Michael Barzelay (Atravesando la Burocracia, FCE,) proponen que la palabra eficiencia se elimine de la terminología de la administración Pública y se sustituya por lo que propone Mark Moore en su libro Gestión, estrategia y creación de valor en el sector público (Paidós): un valor público capaz de dar sentido a las demandas de la gente. Este concepto no se vincula con el beneficio económico. Valora, en cambio, los servicios públicos, incluyendo de los que nadie se queja, como que el agua salda de la ducha o que haya electricidad, cosas que se consideran normales. Para conseguirlo hay que transformar la percepción cultural sobre lo que disfrutamos y acerca de aquello de lo que carecemos, humanizando la administración.