El rodillo independentista que propicia la tramitación de leyes de ruptura, proclamas en contra del Rey o de la Guardia Civil y a favor de la autodeterminación, se ha hecho extensivo a las comparecencias de expertos y asociaciones que cuestionan la inmersión lingüística o el revisionismo histórico en particular, y el procés en general.
Dicho de otra manera, determinadas entidades conocidas por su oposición al proyecto secesionista no han podido explicar sus posiciones en las comisiones parlamentarias de la Cámara catalana donde se tramitan leyes y se ejerce el control de la acción de gobierno.
El fundador del Institut Nova Història Jordi Bilbeny / EFE
La citación de expertos de diversas disciplinas forma parte de esa actividad legislativa, pero no todos pueden asistir. Sociedad Civil Catalana, Impulso Ciudadano o la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) nunca han podido explicar sus posturas en el Parlament. Académicos que avisan de los efectos de la inmersión lingüística en el alumnado o de la tergiversación histórica del nacionalismo tampoco.
Revisionismo histórico
El ejemplo más reciente de este tipo de vetos tuvo lugar el pasado miércoles, cuando la Comisión de Cultura rechazó la comparecencia de la Associació d’Historiadors de Catalunya-Antoni de Campany, muy crítica con determinados mitos del nacionalismo que califica de fakes. Fue Ciudadanos la formación que hizo esta solicitud “con la finalidad de tener una información rigurosa, académica y libre”, explica la diputada Sonia Sierra, frente a las teorías de entidades como Institut Nova Historia (INH), cuyo responsable, Jordi Bilbeny, defiende una especie de supremacismo histórico del que forma parte la afirmación de que personajes como Colón, Cervantes, Leonardo da Vinci, Erasmo de Rotterdam o Santa Teresa eran catalanes. El pasado mes de agosto, este centro celebró en Montblanc (Tarragona) unas jornadas con el ultraderechista y xenófobo Front Nacional de Catalunya como invitado.
Igualmente polémica fue la inclusión de Bilbeny en una exposición del Macba sobre el colonialismo, lo que a juicio de los historiadores, supone blanquear la obra de este pseudohistoriador.
Por eso, Sierra ha presentado una batería de preguntas con la finalidad de que la consejera de Presidencia, Meritxell Budó, dé su opinión sobre las prácticas pseudocientíficas del INH, así como de su revisionismo histórico con fines políticos. La diputada de formación naranja quiere saber si el Govern apoya la “catalanidad” de Cervantes o Colón y, sobre todo, si existen convenios o se han otorgado subvenciones a Bilbeny.
Los efectos de la inmersión
Pero hay más ejemplos. La Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB), que preside Ana Losada, no pudo explicar ante los grupos parlamentarios catalanes su Informe y conclusiones del análisis de los proyectos lingüísticos de los centros públicos de Cataluña, a pesar de que Ciudadanos, PSC y PP habían pedido su comparecencia. De nuevo, los votos independentistas, apoyados por los comunes, lo impidieron.
Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB)
El estudio está basado en el análisis de 2.214 proyectos lingüísticos (PLC) --43 corresponden a centros de Educación Infantil Inicial (guardería), 1.626 a centros de Educación Infantil y primaria, 524 a centros de Secundaria y Bachillerato y 21 a centros especiales--. Las conclusiones son contundentes: ningún colegio catalán cumple con el 25% de la enseñanza en castellano en asignaturas troncales, tal como ordenan diferentes sentencias judiciales. También averiguaron que el 99% de los centros veta el idioma español en las aulas, el patio y el comedor.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona (UB) y miembro de la junta directiva de Impulso Ciudadano Jorge Calero / CG
Los mismos grupos que solicitaron la presencia de AEB en la Cámara catalana también votaron a favor de que los profesores de Economía Aplicada de la Universitat de Barcelona, Jorge Calero y Álvaro Borja, expusieran su informe sobre los efectos de la inmersión lingüística sobre el alumnado castellanohablante en Cataluña. Tampoco fue posible.
SCC e Impulso Ciudadanos
Sociedad Civil Catalana (SCC), entidad que ha liderado actos y manifestaciones en contra de la ruptura --como la que tuvo lugar este sábado en el Auditori de la Pedrera-- nunca ha comparecido en el Parlament. Sí lo ha hecho su rama juvenil, reconvertida en la plataforma S’ha acabat. Su presidente, Josep Lago, denunció ante la comisión de Empresa y Conocimiento la "falta de neutralidad" que, en su opinión, "sufre el constitucionalismo" en la universidad catalana.
Josep Lago, presidente y fundador de S'ha acabat / CG
Tampoco Impulso Ciudadano, entidad presidida por José Domingo, ha acudido a la Cámara catalana.
Blindaje independentista
En ocasiones, el veto a la petición de comparecencia tiene que ver con responsables del procés que los grupos independentistas quieren blindar. La lista de cargos vetados en la Comisión de Asuntos Institucionales es larga. El director del Institut d’Estadística de Catalunya “se salvó” de dar explicaciones sobre el uso de datos ciudadanos para el proyecto independentista. Al igual que el jefe del Gabinete Técnico del Departamento de Vicepresidencia, tras conocerse que había recibido una copia del Registro de población de Cataluña.
El exdirector del Programa Internacional de Comunicación y Relaciones Públicas Eugeni Xammar, Joan Maria Piqué --hoy recolocado como dircom de la Consejería de Interior--, no dio explicaciones sobre las presiones a periodistas denunciadas por Reporteros sin Fronteras.
Las subvenciones a entidades pancatalanistas, la actividad de las “embajadas” catalanas en el exterior o los contratos de la Generalitat con Nothingad Comunicació SL, la empresa que perdonó una factura de 80.000 euros por la campaña del referéndum, tampoco han sido aclarados a nivel parlamentario.
También se ha impedido, por parte de los independentistas, que la cúpula de los Mossos explicara el viaje que mandos de este cuerpo realizaron a Estados Unidos antes de los atentados del 17A en Barcelona y Cambrils.