Los Mossos temen que Torra les lleve al caos

¿Le interesa a Quim Torra la intervención de los Mossos d’Esquadra? Fuentes sindicales creen que la asfixia laboral que contempla el operativo Minerva, diseñado para dar respuesta a posibles altercados tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, busca un plante de los agentes, lo que daría luz verde a la toma del control de la policía autonómica por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta situación cargaría de razones el discurso del presidente catalán --quien no quiere ver mossos cargando contra activistas secesionistas-- respecto a un "Estado opresor" al que hay que responder con desobediencia. Una estrategia peligrosa que, a juicio de los representantes sindicales consultados por este medio, añade más estrés a un cuerpo harto de la politización de la cúpula policial.

¿Cuáles serían las vías posibles de intervención? En las últimas horas, los dirigentes políticos, incluido el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, apuntan a la aplicación de un nuevo 155, aunque los expertos consultados por Crónica Global ven difícil utilizar esa medida constitucional de forma tan quirúrgica, esto es, únicamente para tomar el control de los Mossos. Ven más viable la aplicación de la ley de seguridad nacional. Sin embargo, fuentes sindicales apuntan a un tercer escenario más extremo, la aplicación del estado de alarma.

Discrepancias sobre la Diputación permanente

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona (UB) Xavier Arbós cree que el Gobierno podría tomar el mando de los Mossos “de las dos maneras”, pero “yo soy de los que opino que no es viable un nuevo 155, al estar disuelto el Senado y no poder la Diputación permanente asumir las atribuciones de un pleno que aún no existe”.

Encuentro entre el presidente Pedro Sánchez y el 'president' Quim Torra / EP

Sin embargo, precisa que su opinión sobre lo que puede hacer la Diputación permanente del Senado “no es unánime entre los constitucionalistas”.

En todo caso, si se tiene en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional 89/2019, sobre la aplicación del artículo 155, “es previsible, si finalmente la Diputación permanente resuelve sobre el 155 y la decisión acaba en el Tribunal Constitucional (TC), que este tribunal valide la actuación de ese órgano”. El jurista deja claro que “yo no estaré de acuerdo, pero me voy resignando”. En cambio, Arbós sí ve viable que el control de la policía autonómica se lleve a cabo mediante la aplicación de la ley de seguridad nacional.

Los límites del Constitucional

Una vía en la que también está de acuerdo Joan Marcet, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y miembro del Consejo Académico del CEVIPOF-SciencesPo-Paris.

También considera que el Gobierno podría utilizar las dos vías, pero se decanta por esa ley. “Intervenir los Mossos por la vía del 155 se enmarcaría en una intervención más amplia, pero atendiendo a los límites que marcó el TC en sus recientes sentencias sobre el tema, que pasaron un poco desapercibidas pero son muy importantes, sería más viable la aplicación de la ley de seguridad”.

Agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo

El artículo 24 de esta ley, aprobada en 2015 con fuertes críticas de los partidos nacionalistas ante el temor que se pudiera utilizar para laminar las competencias autonómicas, atribuye al presidente español la potestad de declarar la situación de emergencia mediante decreto. La declaración incluirá, al menos, la definición de la crisis, el ámbito geográfico del territorio afectado, la duración y, en su caso, posible prórroga.

El Gobierno procedería al nombramiento de una autoridad funcional y a la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan. También debe definir los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la seguridad nacional.

Un tercer escenario más extremo

Sin embargo, hay un tercer escenario que en medios de Mossos d’Esquadra se baraja desde hace tiempo, la ley de los estados de alarma, excepción y sitio, que solo se ha aplicado una vez en democracia. Concretamente durante el puente de la Constitución de 2010, con motivo de la huelga de controladores aéreos, que quedaron bajo las órdenes de la autoridad militar.

Las condiciones laborales que contempla la operación Minerva en previsión de altercados por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, es insostenible, según los agentes de la policía autonómica. Hasta tal punto que han presentado un recurso ante la Justicia y avisan de que podrían protagonizar un plante. Temen que la Generalitat busque de nuevo la asfixia sindical para provocar una “gripe azul” o bajas masivas como ocurrió con el 21 de diciembre de 2018, fecha en la que el Consejo de Ministros de reunió en Barcelona.

El exdirector general de los Mossos d'Esquadra, Andreu Joan Martínez / EUROPA PRESS

“Torra quiere llevarnos al límite porque posiblemente le interese políticamente la intervención de los Mossos”, explican representantes sindicales que asistieron el pasado lunes a la reunión con la prefectura de los Mossos. Minutos antes se enteraban por los medios de comunicación de la dimisión del director de los Mossos, Andreu Joan Martínez, quien había perdido la confianza del presidente Quim Torra.

Pugna Buch-Duart

El perfil bajo que el consejero de Interior y Torra quieren dar al dispositivo que debe garantizar la seguridad en las calles tras la sentencia del 1-O está detrás de una serie de ceses y dimisiones, que han provocado un enfrentamiento entre el consejero de Interior, Miquel Buch, y el secretario general, Brauli Duart. Martínez, hombre próximo a Duart, será sustituido por Pere Ferrer, con un perfil político y de la máxima confianza de Buch.

Estas fuentes policiales comparan las presiones laborales actuales a las de aquel 21D, e incluso apuntan a ese “estado de alarma”, aplicado por el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez-Rubalcaba, en 2010. Los controladores quedaron bajo las órdenes de la autoridad militar, de forma que, si no acudían a trabajar, podrían ser castigados con penas de prisión.