Las ensoñaciones culturales del tardofranquismo

Lo realmente singular y anómalo del caso español es que ese desapego hacia la idea de España se caracteriza por su continuidad tras la muerte de Franco y su enquistamiento en una sociedad ya plenamente democrática e integrada en Europa. A finales de los sesenta en diversos países europeos se desarrolla una nueva mirada hacia el papel económico y administrativo de la región al tiempo que aparecen movimientos regionalistas y nacionalistas que cuestionan la eficiencia del discurso centralista/jacobino. 

Dejando a un lado el caso de Irlanda del Norte, en el Reino Unido se redescubren en esos años las naciones no inglesas (Escocia y Gales). También en Italia, a principios de los setenta se institucionalizan las regiones, a las que el Estado transfiere importantes competencias, y cuya nacimiento se sitúe en paralelo a otras reformas legislativas para favorecer el pluralismo y la participación. En Francia, Charles de Gaulle, tras superar la grave crisis sociopolítica de mayo del 68, convoca un referéndum constitucional para crear las regiones y reformar el Senado, que pierde al convertirlo torpemente en un plebiscito sobre su continuidad en el poder.

Como ha escrito la historiadora Anne-Marie Thiesse, la paradoja del Estado-nación francés moderno es que, si bien las regiones fueron sólidamente edificadas desde el punto de vista cultural e “instituidas como uno de los principales basamentos de la identidad nacional”, su articulación política siempre ha fracasado frente al centralismo y la homogeneización administrativa.

En España, que también bebió de ese clima de nuevo regionalismo en Europa, ocurriría al revés: las identidades regionales, sobre todo de las  llamadas “nacionalidades históricas”, se han afirmado en oposición a la idea de la nación española. Tras la dictadura franquista, el restablecimiento de la democracia fue intrínsecamente de la mano del reconocimiento de la pluralidad territorial y del desarrollo de las autonomías. Lo prueba que una de las consignas más exitosas durante la transición, no solo en Cataluña, sino también en muchos otros territorios que inicialmente no aspiraban al autogobierno, fue “Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía”. 

Ahora bien, como ha explicado el historiador Tomás Pérez Vejo, la quiebra en la construcción de la nación liberal español no se entiende sin la ruptura que representa la crisis colonial de 1898. Y a esa ruptura le sigue el impacto del principio de autodeterminación proclamado por el presidente norteamericano Woodrow Wilson al término de la I Guerra Mundial, pese a que nuestro país no participó en la contienda bélica. La formulación de ese nuevo derecho fue muy aplaudido tanto por las entonces minoritarias fuerzas independentistas de Cataluña o el País Vasco, como por los partidos nacionalistas que propugnaban la autonomía regional, como la Lliga Regionalista.

El historiador Tomás Pérez Vejo, autor de '1898, el fin del Imperio español', en la entrevista con 'Crónica Global'

En paralelo, no podemos olvidar que también la izquierda marxista, a partir de la concepción teórica de Lenin y Stalin, pasaría a hacer bandera del principio de autodeterminación en el periodo de entreguerras como fórmula para resolver l “el problema de las nacionalidades”. El libro de Andreu Nin, Los movimientos de emancipación nacional (1935) es un claro exponente de la propuesta de una “unión libre de pueblos libres”, con la experiencia soviética como ejemplo aparentemente exitoso. 

Pero no sería hasta las década de los años sesenta cuando el derecho de autodeterminación sería incorporado por casi toda la oposición antifranquista como supuesto principio democrático, si bien con interpretaciones diferentes o vagas sobre cómo debía aplicarse. Para los partidos nacionalistas, particularmente el vasco y en menor medida el catalán, o entre sectores galleguistas y andalucistas, así como para una parte de la izquierda, la más influenciada por la Revolución Cubana (1959) o la independencia de Argelia (1962), se trató de trasladar a la realidad española el discurso anticolonial, como si nuestro país tuviera colonias internas a las que se pudiera aplicar la Resolución 1514 de Naciones Unidas de 1960 sobre “subyugación, dominación y explotación extranjera”.

Anagrama de ETA

El nacimiento del grupo terrorista ETA en 1959 no se explica sin la mezcla entre el viejo fondo carlista del nacionalismo vasco y esta nueva visión tercermundista marxista-leninista, formando un cóctel ideológico que justificaría la acción armada para lograr “la emancipación de Euskal Herria del yugo imperialista español”. Pero tampoco el caso español fue único en Europa. Como nos recuerda Thiesse para Francia, las reivindicaciones nacionalistas surgieron en la década de 1960, reformuladas por la extrema izquierda con argumentos inspirados en los procesos de descolonización, proclamando la existencia de “colonias internas” bajo la dominación de un Estado francés imperialista y al servicio del capitalismo.

De ahí el nombre del movimiento bretón, inspirado por el FLN argelino: Frente de Liberación Bretón (que fue retomado posteriormente por los corsos). Volviendo a España, un caso bastante olvidado es el de las islas canarias, cuya españolidad fue puesta en cuestión en foros internacionales como Naciones Unidas (ONU) o la Organización para la Unidad Africana (OUA) a finales de los sesenta, momento en que nace el Movimiento por la Autodeterminación y la Independencia del Archipiélago Canario (MPAIAC). El cuestionamiento de la españolidad de Canarias impactó en el delicado proceso de transición democrática. En abril de 1978, todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, incluyendo a los nacionalistas catalanes y vascos (a excepción del diputado de Letamendia), apoyaron una solemne declaración de rechazo a las tesis de la OUA, pretensiones que la organización africanista descartó definitivamente en 1981. 

Bandera del Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario

La reacción del conjunto de los partidos españoles ante el caso canario haría suponer que el debate sobre el derecho de autodeterminación para la España peninsular también debía estar zanjado en 1978, a las puertas de aprobarse la Constitución, con todo lo que el texto implicaba de reconocimiento del derecho a la autonomía. Sin embargo, no iba a ser así. Tanto los nacionalistas como una parte de las izquierdas seguirían rehenes de una posición que como mínimo puede calificarse de ambigua, y que en buena medida derivaba de una idea desarrollada en los años sesenta de España como mero agregado de pueblos o nacionalidades. España como poco menos que un artificio franquista, cuya unidad había sido impuesto no se sabe muy bien cuándo ni por quien, hasta el punto que muchos preferían hablar de “Estado” y jamás de España para referirse a globalidad del país. Para los nacionalistas y buena parte de la izquierda, España no existía como conjunto social, cultural e histórico que trascendía la suma de las partes. 

Vale la pena detenernos sobre qué significaba realmente en aquellos años el derecho de autodeterminación, cómo fue posible que partidos cuyo marco era España entera, que no eran independentistas ni soberanistas, defendieran ese principio. Y para hacerlo nada mejor que recordar lo que ocurrió en junio de 1978, al terminar la discusión del Título VIII del proyecto constitucional, cuando el diputado Francisco Letamendia, en representación de Euskadi Ezquerra, defendió un nuevo artículo introduciendo la autodeterminación.

Jordi Solé Tura relata en un libro imprescindible para entender el debate autodeterminista durante la Transición, Nacionalidades y nacionalismos en España. Autonomías, federalismo y autodeterminación (1985), una divertida escena que se desarrolló en la Comisión Constitucional en el momento en que iba a discutirse la enmienda Letamendia, y que resulta muy ilustrativa de las enormes contradicciones e incomodidades que generaba dicha cuestión: “El representante de Convergència Democràtica de Catalunya, señor Miquel Roca Yunyet, y los representantes del Partit del Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), experimentaron súbitamente unas grandes urgencias fisiológicas que les obligaron a ausentarse y les impidieron tomar parte en la votación. A sugerencia de ellos un ujier me comunicó que yo también debía experimentar sin duda las mismas urgencias y que haría bien en satisfacerlas al instante, pero lo cierto es que yo me encontraba perfectamente bien y no sentía la necesidad de moverme”.

Jordi Solé Tura

Solé Tura, entonces diputado por el PSUC, señala que los miembros que finalmente tomaron parte en la votación se pronunciaron todos contra la enmienda, con la excepción del diputado del PNV, Marcos Vizcaya, que en el turno de explicación aclaró que su apoyo era “teórico” y que su formación “no deseaba que tal derecho se incluyese en la Constitución.” Posteriormente, ante las críticas de algunos diputados por las urgencias miccionales de los grupos catalanes, Miquel Roca afirmó que, en caso de haber votado, no lo habría hecho a favor de la enmienda, pero sin aclarar nada más, al igual que el diputado Rudolf Guerra en representación de los socialistas catalanes. En cuanto al PSOE, Gregorio Peces Barba, aunque votó, quiso puntualizar que su partido era partidario del derecho de autodeterminación, pero que lo entendía como la voluntad de una determinada comunidad en el marco de un Estado federal y que, por consiguiente, “el pueblo vasco se autodeterminaría en las elecciones y en los referéndums sobre la Constitución y el Estatuto de Autonomía”.

Cartel de propaganda del PSUC / UAB

Por su parte, Sole Tura explicitó que tanto el PSUC como el PCE también incluían en sus programas tal derecho como “concepto a aplicar en función de la situación de cada país”, pero que ambas formaciones se oponían a la separación de cualquier territorio de España. Ahora bien, lo más importante era entender que “no estábamos haciendo una Constitución testimonial, sino una Constitución capaz de recoger las aspiraciones compartidas por la inmensa mayoría de la población española y que por ello nos movíamos en el marco del artículo 2, con todas sus consecuencias y connotaciones”.

Al representante del PSUC, que a la postre era uno de los siete padres de la Carta Magna, no le parecía coherente “haber luchado por esta Constitución democrática y votar luego una enmienda testimonial que chocaba de lleno con su lógica”. Aunque la posición de Solé Tura fue apoyada por todo el grupo parlamentario comunista, tanto en el seno del PSUC como del PC de Euskadi hubo protestas, evidenciando que la autodeterminación había calado como dogma de las izquierdas, sobre todo catalanas y vascas, y que el asunto no era fácil de discutir “sin crispaciones, exabruptos ni anatemas”, según reconocía él mismo en el citado libro.

Solé Tura supo ver enseguida que el debate territorial iba ser a el eslabón débil del sistema político español en la medida que los partidos nacionalistas (CDC y PNV), no habían asumido todas las implicaciones de la nueva situación y cultivaban una posición ambigua. Por su parte, las izquierdas no nacionalistas estaban divididas y oscilaban entre una posición confusa y otra sin orientación ni alternativa frente a las criticas de los nacionalistas hacia el modelo autonómico. Fue muy consciente desde el primer momento de los problemas de la arquitectura constitucional tanto en relación al Senado como en la composición del Congreso.

Solé Tura fue siempre un firme partidario del desarrollo federal del modelo autonómico, y exigía al conjunto de las izquierdas (no nacionalistas) determinación y coherencia para defender lo logrado, afrontar con realismo los problemas del presente y cerrar el paso a los que en realidad querían destruir la España constitucional.

Mitterrand se dirige a los participantes del Congreso del PSOE en Suresnes

En cuanto a la relación de los socialistas y los comunistas con los nacionalismos, escribe: “Lo que hace difícil o imposible la unidad es la divergencia fundamental en la cuestión del modelo político. Aceptar el independentismo es rechazar el modelo político de la Constitución. Aceptar ambigüedades de fondo al respecto, como las del derecho de autodeterminación, es también poner en tela de juicio el modelo político del Estado de las Autonomías, pues equivale a convertir este en un modelo provisional, que puede tener como una de sus alternativas la pura y simple desintegración del propio Estado”.

Para él, la autodeterminación suponía un lastre que a mediados de la década de los años ochenta debía soltarse para poder clarificar el debate. Es evidente que no se hizo, o por lo menos no suficientemente. El PSOE, por ejemplo, que en el Congreso de Suresnes de 1974 había integrado de forma muy explícita en su programa la autodeterminación de los pueblos de España frente a la posición más comedida del PCE, lo abandonó por la puerta de atrás en 1979. Los comunistas ni tan siquiera tuvieron tiempo de abordar seriamente este debate ante la gravedad de sus crisis interna y rápida autodestrucción. Y seguramente en parte por eso hoy nos encontramos con que esas viejas ensoñaciones han regresado y tomado un protagonismo inaudito, con una parte de la izquierda, tanto en Cataluña como entre la llamada izquierda alternativa, noqueada intelectualmente y compartiendo con los independentistas el objetivo de dinamitar la España constitucional.