Astrazeneca como ejemplo

No voy a entrar en la concurrida opinática sobre los valores y defectos de las diversas vacunas, sus posibles efectos secundarios y, aún menos, a cuestionar ninguna decisión sobre las opciones tomadas por las autoridades sanitarias de cómo implementan el proceso de vacunación. Como la mayoría de ciudadanos, no sé nada de ello, ni tampoco lo pretendo. En el tema de la pandemia resulta prudente seguir de manera estricta lo que van estableciendo las autoridades. Son momentos para una cierta disciplina social. No aportan nada los que van de "listos" y aún menos los negacionistas, tampoco los que ven en todo ello conspiraciones y, a menudo, son cansinos tantos virólogos de cabecera a los que recurren reiteradamente los programas informativos. Siento decirlo, al respecto de la pandemia sobra mucha información. Un ejemplo de libro de lo que se conoce ahora como infoxicación. Demasiado ruido que no hace sino generar intranquilidad y que, quien más quien menos, se crea con el derecho de tener ideas propias sobre el tema. La ignorancia suele ser muy atrevida.

Me interesa, eso sí, el papel de las industrias farmacéuticas en este tema. Sin duda cruciales para generar varias vacunas en relativamente poco tiempo, pero muy condicionadas por el inmenso negocio que genera un producto en una demanda tan repentina y de una dimensión tan ingente. Lógicamente, hay una inversión que tienen que recuperar y digamos que se pueden comprender unas expectativas razonables de beneficio. El problema es que la concepción de lo que es "razonable" no se entiende de la misma manera si estás en el lado del receptor o bien del pagador. Parece que la Unión Europea no ha hecho un papel demasiado airoso en todo esto. Debía centralizar las compras a las farmacéuticas intentando evitar una subasta sobre quién pagaba más que nos habría salido muy cara, pero su ineficiencia ha llevado a que cada país --en España incluso cada comunidad autónoma-- hiciera la guerra por su cuenta y pretendiera evidenciar un grado de determinación de la que, teóricamente, estaban faltos los demás. El desorden ha sido notable y quien ha salido ganando son los operadores. En esta guerra, la comunicación sobre la fiabilidad de las vacunas ha formado parte de la confrontación y se han mezclado informaciones médicas con intereses comerciales y geopolíticos. Y así, con poca base científica, la gente comenta qué modalidad de vacuna quiere o no quiere. Un disparate.

AstraZeneca sirve de ejemplo, no sobre la mayor o menor bondad como tratamiento, sino sobre la perversión de un sistema de patentes que dificulta la fabricación de medicamentos en momentos de premura, así como un encarecimiento injustificado de los precios. También la dificultad para establecer quién tiene o debería tener la propiedad de lo creado. Porque, en general, muchos de los productos farmacéuticos descansan sobre una investigación que ha sido sufragada con fondos públicos. En el caso de esta vacuna también conocida por Oxford, y como explica el diario británico The Guardian, de los 120 millones de euros invertidos, 45 millones los ha aportado el Gobierno británico, 30 millones la Comisión Europea y gran parte del resto procedían de entidades también financiadas con fondos públicos (universidades, centros de investigación, fundaciones ...). El resultado es que la empresa farmacéutica sólo ha aportado el 3% de los costes de investigación que han hecho posible el resultado final. Ahora se dice propietaria. No es éste un caso excepcional de apropiación. Una evidencia de que la financiación pública es crucial en los fármacos contra el coronavirus, pero pone en duda los derechos comerciales de las empresas privadas comercializadoras y da toda la razón a aquellas personalidades mundiales que han pedido, atendiendo al momento que vivimos, la liberación al menos temporal de estas patentes. Que se haga negocio a costa de la necesidad y de la inversión pública, parece poco justificado.

En un magnífico libro --El Estado emprendedor--, la economista italiana Mariana Mazzucato explicó hace unos años como buena parte no sólo de la investigación farmacéutica, sino de la tecnología disruptiva generada en el entorno de Silicon Valley era producto, fundamentalmente, de la investigación básica que se hacía con programas públicos, para ser después hábilmente rentabilizada por emprendedores privados en forma de sofisticados y bonitos ingenios. Esto vale para el algoritmo de búsqueda de Google de tanto renombre, el Page Rank, como por buena parte de la tecnología que contiene el smartphone de Apple. Unos beneficiarios que después sobresalen en el arte de evadir impuestos y no responder a sus obligaciones fiscales. En estas situaciones, el Estado además de emprendedor parece comportarse de manera ingenua y condena a la sociedad a ejercer el papel de la triste figura.