El periodista Rafael Méndez, autor de 'Los amos del Estado'
Rafael Méndez: "Vemos abogados del Estado pleiteando contra España en tribunales internacionales mientras mantienen su plaza en un ministerio"
El periodista analiza el poder de los altos funcionarios en el libro 'Los dueños del Estado'. Asegura que hay casos increíbles: "Hablamos de personas de 96 años que, décadas después de jubilarse de la judicatura, siguen cobrando 130.000 euros anuales, con chófer y secretaria"
Rafael Méndez (Madrid, 1975) ilumina una zona oscura del Estado. Un "Estado dentro del Estado". Es el formado por los altos funcionarios, por una élite que ha estudiado, que ha aprobado oposiciones duras, y que, una vez alcanzados los objetivos, miran hacia la empresa privada.
Lo expone Méndez en su libro Los dueños del Estado, (Península). El periodista despoja de su aura de neutralidad a los cuerpos de élite de la administración pública. No habla de los políticos que vemos en los telediarios, sino de los "mandarines" —letrados, abogados del Estado, consejeros— que redactan las leyes, conocen sus grietas y, a menudo, las utilizan para saltar al sector privado con una ventaja competitiva imbatible.
En esta entrevista con Letra Global, señala que se trata de un escándalo, que no acaba de preocupar a la opinión pública ni a los dirigentes políticos. "Vemos abogados del Estado pleiteando contra España en tribunales internacionales mientras mantienen su plaza en un ministerio", asevera.
En los últimos años se ha hablado mucho de "la casta" para referirse a la clase política. Sin embargo, en su libro usted señala hacia otro lado. ¿Son los altos funcionarios el verdadero poder inamovible?
El término ‘casta’ acabó desgastándose porque se aplicó a todo. Yo prefiero hablar de una estructura, de un Estado dentro del Estado. Hablamos de los que trabajan codo con codo con los políticos, pero que, a diferencia de estos, tienen su plaza reservada de por vida. Tienen su propia puerta de entrada y, sobre todo, una puerta de salida hacia la empresa privada que es extremadamente permisible. Quizá esa sea la característica definitoria en España: la facilidad con la que un alto funcionario puede utilizar el prestigio de lo público para hacer negocios privados.
Portada de 'Los dueños del Estado', de Rafael Méndez
El dato sobre la Abogacía del Estado es demoledor: un 40% del cuerpo está en excedencia. ¿Cómo se explica que el Estado permita esto?
Es una cifra inaudita. Ninguna empresa privada funcionaría si casi la mitad de sus empleados estuvieran fuera, y mucho menos si estuvieran trabajando para la competencia. Aquí, el Estado te otorga lo que un letrado me definió como un ‘carnet de listo’. Aprobar esa oposición, que es durísima y requiere una capacidad de trabajo brutal, demuestra que no eres un botarate. Pero el problema es que, una vez aprobado, los bufetes se te rifan. No solo por tu cerebro, sino porque sabes quién ha hecho cada ley, quién opina qué en un ministerio y quiénes son tus amigos en la administración. Es una red de contactos formidable pagada con dinero público.
Usted menciona incluso casos donde ni siquiera hace falta pedir la excedencia, sino que se compatibilizan ambos sueldos.
Así es, hay varios escalones de privilegio. Está el que se va y pleitea contra el Estado, pero luego está el grupo más selecto —y escandaloso— que tiene la compatibilidad concedida. Pueden trabajar por la mañana en el Consejo de Estado y por la tarde en un despacho privado. En cuanto a la figura del consejero permanente, es curioso porque Franco eliminó ese privilegio en los años 40, pero con la llegada de la democracia, figuras como Peces-Barba y Herrero de Miñón pactaron recuperarlo. El padre de Peces-Barba murió siendo consejero permanente y Herrero de Miñón lo es hoy. Es un círculo que se cierra sobre sí mismo.
Habla del Consejo de Estado con una mezcla de asombro y crítica. ¿Qué ocurre con los consejeros permanentes?
Se les llama "permanentes", pero yo prefiero llamarles ‘vitalicios’ porque se entiende mejor. Es una figura que en España apenas tiene tradición fuera de la monarquía. Hay un dicho en los pasillos que dice que los consejeros permanentes ‘jamás enferman y rara vez mueren’. Hablamos de personas de 96 años que, décadas después de jubilarse de la judicatura, siguen cobrando 130.000 euros anuales, con chófer y secretaria. Lo más sorprendente es que, aunque esto es público, no genera debate. Hay un fatalismo social: parece que, como siempre ha sido así, no puede cambiarse.
¿Por qué un ministro, al llegar al cargo, no intenta reformar estas estructuras?
Porque el incentivo es nulo. Enfrentarse a los altos funcionarios no te da votos ni te garantiza una buena portada. Al contrario, el político necesita al alto funcionario para que ‘los papeles salgan’. Si los encabronas, la administración se bloquea. Como en la serie Baron Noir, muchos políticos piensan: ‘El año que viene yo no sé dónde voy a estar, así que mejor no me enfrento al jefe de servicio’. Es la naturaleza humana aplicada a la gestión pública.
El periodista Rafael Méndez, autor de 'Los dueños del Estado'
¿Existe resistencia a la transparencia en estos cuerpos de élite?
Absoluta. Conseguir la lista de abogados del Estado compatibles costó años de peleas con el Portal de Transparencia. Y lo peor es que estamos retrocediendo. En marzo de 2026 se publicó una nueva relación de este cuerpo y han eliminado datos que antes eran públicos, como si el funcionario está en activo o en excedencia. Ahora es más difícil que nunca saber quién está defendiendo el interés público y quién el privado. Todo se soluciona ‘en familia’: si pillan a alguien en un conflicto de intereses, se toman un café, se le pide que se coja la excedencia y aquí no ha pasado nada. Nunca hay expedientes.
A pesar de todo, usted defiende que esta figura es necesaria como contrapoder. ¿Dónde está el equilibrio?
Está bien que exista alguien que pueda decirle a un ministro: ‘Esto no se puede hacer porque es ilegal’, y que pueda decirlo sin miedo a ser despedido. Ese contrapoder es una garantía democrática esencial, incluso contra gobiernos que nos gusten. El problema no es que sean independientes, sino que esa independencia se use como trampolín para el lucro privado. Vemos a abogados del Estado pleiteando contra España en tribunales internacionales, representando a fondos soberanos, mientras mantienen su plaza reservada en el ministerio de al lado.
Tras su investigación, ¿diría que la Transición dejó intacto el ‘esqueleto’ del Estado?
Un veterano socialista me confesó tras leer el libro que, aunque cambiaron las leyes, la cultura y hasta la estética del país, hubo cosas que no tocaron. Los apellidos compuestos que aparecían en las gacetas de hace 80 años siguen estando hoy en los altos cuerpos. Es cierto que el sistema de oposiciones garantiza la entrada de gente muy brillante, pero esa excelencia se está desviando hacia el beneficio particular. Falta foco público. En Bruselas se escandalizan por casos de puertas giratorias que aquí en España llevamos décadas aceptando como si fueran parte del paisaje.
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