Campaña de Plataforma per la Llengua a favor del cine en catalán / PLATAFORMA
Alarma en el cine por el regreso de las cuotas en catalán
ERC, que ahora gestiona la Consejería de Cultura, se ha comprometido a restituir la ley que obliga a doblar películas al catalán bajo amenaza de sanción
28 mayo, 2021 00:00El programa electoral de ERC era muy claro: “Hay que dar cumplimiento a la ley del cine”. Tras el acuerdo de gobierno, los republicanos dirigen ahora la Consejería de Cultura. Y eso ha encendido las alarmas en el sector del séptimo arte. El reglamento de la ley 20/2010 del cine, aprobada en 2010 y enmendada tanto por el Tribunal Constitucional como por la Unión Europea, nunca se llegó a desarrollar para alivio de distribuidoras y productoras, incluso las majors americanas, que rechazan el sistema de cuotas que contempla para las películas que se estrenan dobladas o subtituladas en catalán. Incluso prevé sanciones que van de los 4.000 a los 75.000 euros.
Fuentes del sector audiovisual explican a Crónica Global que su intención es explicar sus reclamaciones al nuevo Govern, pero quieren dar un margen de tiempo, conscientes de su reciente constitución. La Federación de Distribuidores Cinematográficos de España y el Gremio de Cines de Cataluña reclaman protección a las instituciones europeas, pero entidades como Plataforma per la Llengua, la Academia de Cinema Català y el Clúster Audiovisual de Catalunya presionan a la Generalitat para que desarrolle la norma.
Ley enmendada por el Tribunal Constitucional
La ley establecía que al menos el 50% de las películas comerciales proyectadas en los cines catalanes debía ser en catalán, pero en 2017, una sentencia del Tribunal Constitucional redujo ese porcentaje a un 25%.
La cuestión se debatió el miércoles en el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados de Ciudadanos Jordi Cañas y Maite Pagazaurtundúa advirtieron de que la Ley catalana del cine “sigue sin ser reformada, pese a que la Comisión Europea lo exigió en 2012 y está por tanto en vigor, cuando vulnera la libertad de empresa y el mercado único europeo al obligar al doblaje al catalán de películas”.
El eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas / CG
Exigieron que la Comisión Europea reabra el expediente contra España hasta que la norma sea reformada o derogada. La Comisión de Peticiones del Parlamento escuchó a representantes de la Federación de Distribuidores Cinematográficos de España y al Gremio de Cines de Cataluña, quienes pidieron apoyo a la Eurocámara para que se vigile este caso y que no se archive el expediente de infracción. A su juicio, la vigilancia europea es lo único que ha impedido hasta ahora la aplicación de la ley. La Comisión de Peticiones ha decidido mantener abierto el caso, requerir a la CE que mantenga abierto el procedimiento de infracción y que el Gobierno de España modifique o derogue esta ley.
Sector perjudicado por el Covid
Cañas, portavoz en la Comisión de Mercado Interior, advirtió de que la nueva Generalitat de Cataluña ha dejado claro que piensa aplicarla: “Y cuando una ley ilegal se aplica tiene consecuencias muy graves. Esta ley se aplicará en un sector especialmente perjudicado por el Covid y por el cambio en el patrón de consumo. Se van a ver obligados a aplicar una ley ilegal, que les reduce sustancialmente los pocos espectadores que tienen”, ha dicho el eurodiputado.
Pagazaurtundúa, que además es vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo, ha pedido que la Comisión que “no sea una guardiana ciega que se pone de perfil y permite la arbitrariedad”. A su juicio, la única protección para el sector del cine es este expediente abierto en Bruselas sobre una ley “que desde hace años todos, también la Comisión Europea, saben que impone elementos discriminatorios para el espacio europeo y para esos sectores empresariales”. Cañas arremetió contra el Gobierno de España por no obligar a modificar esta norma a un Ejecutivo, el catalán, “que se caracteriza por incumplir leyes y sentencias de forma permanente”.
Pagazaurtundúa y Cañas se dirigieron el pasado mes de febrero a la CE para pedirle explicaciones por este asunto, a través de varias cartas al comisario de Mercado Interior, Thierry Bretón. Se trata de una ley a la que Ciudadanos se opuso frontalmente en 2010 en el Parlament, cuando la impulsó el gobierno tripartito (PSC-ERC-ICV).
