La promoción de viviendas asequibles ha sido un pilar fundamental de las políticas públicas en España desde principios del siglo XX. Sin embargo, la situación actual de la vivienda protegida en Cataluña enfrenta desafíos estructurales que requieren una intervención coordinada entre los sectores público y privado.
Un reciente estudio de la Cátedra “Vivienda y Futuro” de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) alerta sobre el colapso en la producción de Vivienda de Protección Oficial (VPO) en los últimos años y subraya la necesidad de un cambio profundo en las políticas de vivienda.
Bajo el título “La Vivienda protegida en Cataluña: Un desalentador viaje de 20 años”, los economistas Miquel Morell y Agustí Jover, y Nil Ragàs, Licenciado en ADE, bajo la coordinación del director de la Cátedra y catedrático del TecnoCampus-UPF, el profesor Josep Maria Raya, han analizado la situación de la vivienda protegida en Cataluña en las dos últimas décadas. Y la conclusión es que los bajos presupuestos que tanto el Gobierno central como el de la Generalitat destinan a la vivienda evidencian que no lo consideran un servicio básico y de primera necesidad para la ciudadanía.
La caída de VPO y el aumento de la demanda
Desde 2013, la producción de viviendas de protección oficial en Cataluña ha caído a niveles mínimos, mientras que el número de hogares en riesgo de exclusión ha seguido aumentando. Este déficit acumulado a lo largo de una década plantea la necesidad de un "salto estructural" en la producción de VPO en la región, un reto que sólo podrá ser abordado mediante la colaboración entre el Estado, la Generalitat de Cataluña y operadores privados.
Para alcanzar los niveles necesarios de construcción de VPO, es fundamental establecer un marco de colaboración público-privada que genere las condiciones adecuadas para que los distintos actores del sector se comprometan a producir el volumen necesario de viviendas asequibles.
Recursos públicos insuficientes
A pesar de que la Generalitat ha destinado en promedio el 0,70% de su presupuesto a vivienda entre 2013 y 2021, frente al 0,24% del presupuesto estatal, este esfuerzo adicional de la administración catalana no es suficiente para compensar la falta de apoyo económico por parte del Estado.
Aunque la llegada de los Fondos Next Generation (FNG) de la Unión Europea permitirá un aumento temporal en la producción de VPO —incrementando en un 128% las calificaciones provisionales para 2023—, estos recursos puntuales no solucionarán el déficit estructural de financiación. El estudio advierte que, sin una asignación estable de fondos a nivel estatal, la producción de nuevas viviendas protegidas seguirá siendo insuficiente.
Falta de suelo y desequilibrio territorial
Otro de los problemas detectados es la falta de un ejecutor público que movilice el suelo reservado para VPO. En Cataluña, existen reservas de suelo destinadas a vivienda protegida, pero estas no siempre están en los territorios donde más se necesitan.
De hecho, el estudio señala un desajuste evidente: los municipios con mayores necesidades de vivienda protegida son, en muchos casos, los que menos reservas de suelo tienen, mientras que en otras áreas con menos demanda sí existen amplias reservas de suelo.
Esta circunstancia subraya la importancia de reequilibrar la distribución de las reservas de suelo y crear mecanismos que permitan transferir terrenos o proyectos de VPO hacia las zonas con mayor demanda.
Escasa inversión pública
Desde la aprobación del Real Decreto 853/2021, que regula los programas de ayuda para la rehabilitación residencial y la vivienda social, se destinaron 2.970 millones de euros para rehabilitación y 1.000 millones para construcción de viviendas de alquiler social. Sin embargo, este esfuerzo ha sido insuficiente para compensar la falta de inversión en nuevos proyectos de VPO.
Según el estudio, entre 2005 y 2012 los Planes Estatales de Vivienda permitieron construir en Cataluña una media de 5.149 viviendas protegidas al año. A partir de 2013, cuando se dejó de financiar nuevos proyectos de VPO, la producción cayó a niveles mínimos, obligando a la Generalitat a asumir la mayor parte del esfuerzo presupuestario.
Déficit de vivienda en Cataluña
Actualmente, la demanda anual de nuevas viviendas en Cataluña asciende a 25.000 unidades, pero el ritmo de construcción está muy por debajo de esta cifra, con una media de apenas 11.500 viviendas iniciadas al año y 9.000 finalizadas.
Este desajuste plantea la necesidad urgente de una planificación territorial y urbanística que se centre en las áreas con mayores carencias, especialmente en el Área Metropolitana de Barcelona, donde se concentra el 64% de la demanda de viviendas.
La vivienda como servicio básico
El registro de solicitantes de VPO en Cataluña alcanzaba los 92.775 hogares a finales de 2023, lo que refleja el déficit acumulado en la última década. Según el estudio, para cubrir estas necesidades en los próximos 15 años, sería necesario construir 20.866 VPO al año, veinte veces más que el ritmo actual. Esta situación evidencia la urgencia de replantear las políticas de vivienda y priorizar la inversión pública en este ámbito, reconociendo la vivienda como un servicio básico y de primera necesidad.
El estudio de la Cátedra “Vivienda y Futuro” destaca que, para revertir esta crisis de vivienda, Cataluña necesita recuperar y aumentar significativamente la producción de VPO mediante la colaboración entre los sectores público y privado. Las actuales políticas y fondos puntuales son insuficientes para enfrentar el desafío estructural de la vivienda asequible, lo que exige un compromiso sólido y sostenido de todas las administraciones. Sin una intervención decidida, el déficit de VPO y el riesgo de exclusión residencial continuarán aumentando en Cataluña, afectando a miles de hogares en un futuro cercano.