La emancipación juvenil en España se enfrenta a múltiples obstáculos. La vivienda, ya sea en el mercado de alquiler o en el de compra, se ha convertido en uno de los principales retos que deben acometer los jóvenes.
La dificultad creciente de adquirir una propiedad ha hecho que los jóvenes se decanten cada vez más por el alquiler, impulsando así este mercado. Desde 2015, los precios de alquiler han aumentado casi un 53% acumulado, mientras que la renta per cápita en Cataluña ha disminuido más de 10 puntos porcentuales en términos reales.
Conclusiones de la Cátedra APCE-UPF
Esta combinación de altos precios de alquiler, inflación y reducción de ingresos ha dificultado significativamente la emancipación de los menores de 29 años en España y Cataluña, que ha experimentado una evolución negativa desde entonces.
Son datos que revela el último monográfico de la cátedra “Vivienda y Futuro” de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE). Este estudio, titulado “Determinantes de la emancipación residencial de los jóvenes en España” y liderado por el profesor Josep Maria Raya y la estudiante Júlia Cañete, señala una serie de factores económicos y sociales que han dificultado la independencia residencial de los jóvenes en la última década.
En este sentido, el director de la cátedra y coautor del estudio, el profesor Josep Maria Raya, destaca que el problema de la emancipación de los jóvenes es multifactorial, confluyen factores sociales, culturales y económicos diversos. “Hacen falta políticas en el mercado de la vivienda, pero también en el mercado laboral, formativas, fiscales, etc. Las políticas tienen que ser sostenidas en el tiempo. En el terreno de la vivienda se tiene que mejorar y adaptar la oferta”, afirma el profesor Raya.
Gráfico que refleja la tasa de emancipación de los jóvenes en Cataluña
Precariedad laboral
Los salarios juegan un papel determinante en la capacidad de los jóvenes para emanciparse. Entre 2010 y 2017, las nóminas de los jóvenes de 25 a 34 años mostraron una tendencia decreciente y, aunque hasta 2021 experimentaron un ligero ascenso no ha sido suficiente para compensar la inflación y el incremento del coste de vida.
Los jóvenes menores de 25 años han experimentado incrementos salariales aún menores, como consecuencia de la precariedad laboral. Además, las restricciones al crédito, la alta tasa de temporalidad, la nueva regulación del mercado de alquiler y los contratos inestables agravan la situación, factores que dificultan aún más la planificación a largo plazo y la independencia económica de los jóvenes.
Todo ello ha derivado en una pérdida significativa de poder adquisitivo para los más jóvenes. En este sentido, los autores destacan que “la precariedad laboral no solo es debida a los salarios bajos, sino también a la tipología de los contratos, especialmente los temporales, que afectan la emancipación de los jóvenes en España”.
Incremento del precio de la vivienda
Paralelamente, el precio de la vivienda ha crecido sostenidamente desde 2014 y, aunque disminuyó ligeramente durante la pandemia de 2020, en los últimos años ha mantenido una tendencia al alza que supone una barrera significativa para los nuevos compradores.
Prueba de ello es que entre 2015 y 2021, el promedio del alquiler mensual en España aumentó un 20% (de 462€ a 544,4€), con una tendencia similar en Cataluña (22%).
Menos Vivienda de Protección Oficial (VPO)
A su vez, la oferta de viviendas de protección oficial (VPO) ha disminuido drásticamente desde la crisis financiera de 2008.
El pico más alto de calificaciones de vivienda de protección oficial (VPO) en España y Cataluña se registró en 1997, con 85.028 viviendas a escala nacional, seguido de los años 1996 y 2007. Después de la crisis financiera, la tendencia se revirtió de manera drástica, llegando al mínimo en 2017 con 4.938 calificaciones. Esta baja disponibilidad, combinada con la escasa construcción de vivienda pública, ha contribuido a una oferta insuficiente de alquiler social, muy por debajo de la media europea.
Otros factores que retrasan la emancipación
El estudio también destaca un cambio en las tendencias matrimoniales y un aumento en el porcentaje de jóvenes con educación superior. La tasa de matrimonio, que históricamente estaba ligado al momento de la emancipación, ha disminuido significativamente en todos los grupos de edad, reflejando un cambio en la dinámica familiar y social y, al mismo tiempo, el porcentaje de graduados universitarios entre los jóvenes de 25 a 34 años ha aumentado notablemente, pasando del 40,45% en 2011 al 50,55% en 2022.
La combinación de estos factores ha provocado que la tasa de emancipación de los jóvenes entre 30 y 34 años haya disminuido del 74% al 70% en la última década, y la edad media de emancipación ha aumentado de 28 a 30 años, cifras superiores a las de la media de la UE.
Buscar soluciones
Los autores del estudio subrayan que la solución a este problema es compleja y requiere una combinación de políticas laborales y de vivienda. El presidente de APCE, Xavier Vilajoana, remarca la necesidad que “las administraciones desarrollen políticas de vivienda consensuadas y efectivas, pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”, y apuesta por la colaboración público-privada como herramienta principal para la construcción de vivienda asequible y protegida.
Vilajoana también ha reclamado “un Pacto Nacional para la vivienda y el urbanismo que englobe a todas las administraciones, formaciones políticas parlamentarias y agentes del sector para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a las familias vulnerables”.
Entre las propuestas destacan la promoción de la formación dual para facilitar la transición al mercado laboral, y una mayor oferta de viviendas públicas y privadas. En este sentido, los autores del estudio sostienen que “hace falta una mayor oferta de viviendas públicas y privadas, tanto de alquiler como de propiedad, en especial en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas”.
Cambios en la política de suelos
El monográfico apuesta para llevar a cabo cambios en la política de suelo e incentivos a la oferta, así como una fiscalidad coherente en términos de oferta. Los autores afirman que hace falta un producto más adecuado para facilitar el acceso de los jóvenes que, con unas buenas redes de movilidad, se podría desarrollar en la región metropolitana y aprovechar las oportunidades de suelo asequible, apuntando al “coliving” como fórmula de futuro que podría orientarse al colectivo joven.
El monográfico destaca también la conveniencia de considerar más y mejores incentivos al acceso de los jóvenes adultos al mercado de la propiedad. En este sentido, existe una parte de jóvenes adultos que no tienen vivienda en propiedad por un problema de accesibilidad: son individuos que podrían pagar la mensualidad hipotecaria, pero que no pueden acceder a una hipoteca porque no disponen del ahorro inicial necesario.
Copropiedad
Como respuesta, se sugiere la introducción de la copropiedad, donde el Estado, a cambio de ser el propietario del 20% de la vivienda, asumiría parte del ahorro inicial necesario para la compra de una vivienda, similar al modelo del Reino Unido. También se recomienda reducir el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el IVA en viviendas de nueva construcción, siempre que se destinen a primera residencia y no se hayan transmitido en los últimos cinco años.
Entre las conclusiones que se obtienen del monográfico, también destacan la necesidad de una mayor integración entre educación y mercado laboral, así como políticas públicas que incrementen la oferta de viviendas asequibles y adecuadas para los jóvenes. Solo mediante una combinación de esfuerzos en estos ámbitos se podrá facilitar la emancipación juvenil en España.