El 'conseller' de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante un pleno en el Parlament
La Generalitat de Cataluña ha duplicado con creces sus multas a los comercios que no rotulan en catalán respecto al año anterior, alcanzando un récord histórico de sanciones lingüísticas: casi medio millar en 2025. Algo nunca visto, ni siquiera durante los anteriores mandatos de los partidos independentistas.
Al frente de tal ofensiva se encuentra el conseller de Política Lingüística del Govern, Francesc Xavier Vila, que ya ejerció esa misma función la pasada legislatura como secretario general del ramo con ERC.
Fiel a su ideario, el dirigente secesionista sacó ayer pecho de las cifras de "cumplimiento" del denominado "Pacte Nacional per la Llengua" —entendiendo como tal sólo la catalana, a pesar de ser Cataluña una autonomía bilingüe—, suscrito el año pasado por el PSC, ERC y los Comuns.
Aunque las cifras hablan por sí solas, Vila niega el afán punitivo y recaudatorio de tales medidas, dando a entender, además, que las multas lingüísticas podían haber sido incluso más.
Por si fuera poco, el conseller también tuvo tiempo de criticar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha anulado la orden de la Generalitat de 2022 que impedía rotular en castellano en los centros educativos de Cataluña. En este sentido, el político ha advertido de que el Govern ya "trabaja", pero no para cumplir el fallo, sino para responder a la justicia.
Este último hecho evidencia, una vez más, la ley del embudo que caracteriza al nacionalismo, que al tiempo que reivindica el uso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad —en casos como el comercio, imponiéndolo incluso con multas—, hace lo contrario con el castellano, lengua cooficial, propia y, según las estadísticas, mayoritaria de la población catalana.
Que Vila represente tales postulados es coherente con su trayectoria política y su ideología nacionalista. Lo que no es comprensible es que el PSC lo tolere, por más que se lo exijan sus socios parlamentarios de ERC y Comuns.
