Dolors Liria, decana del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña
La misión de un colegio profesional no es únicamente representar a sus colegiados, sino también proteger a la ciudadanía y velar por el ejercicio ético de la profesión.
Precisamente por eso resulta difícil de entender que el Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, dirigido ahora por Dolors Liria, haya optado por archivar la denuncia presentada contra una psicóloga colegiada alegando que, en aquel contexto, ejercía como maestra de la Generalitat.
La cuestión de fondo no era quién pagaba el curso ni bajo qué categoría administrativa impartía la formación, sino si una profesional de la psicología utilizó conocimientos, dinámicas y herramientas propias de su ámbito para desarrollar sesiones que, según se denunció, trascendían la formación pedagógica y se adentraban en el terreno terapéutico. Y esa duda, como mínimo, merecía una respuesta de mayor calado.
El propio Colegio reconoce que la pedagogía sistémica, la que impartía dicha psicóloga, no constituye una corriente psicológica acreditada y la compara con la homeopatía respecto a la medicina basada en la evidencia. Precisamente por ello, sorprende que la institución renuncie a profundizar en un caso que afecta al uso de prácticas controvertidas en cursos ofrecidos en la educación pública de Cataluña.
La decisión transmite un mensaje preocupante: basta con cambiar de sombrero profesional para que el control deontológico quede en suspenso. Y ese es un precedente poco deseable.
Cuando existen indicios de que pueden haberse difuminado las fronteras entre la formación educativa y la intervención psicológica, la respuesta esperable de un colegio profesional no es mirar hacia otro lado, sino despejar cualquier duda con la máxima transparencia y rigor.