Alberto Serfaty, de ICL Iberia Operations
El historial de Alberto Serfaty, CEO de ICL Iberia, añade otro episodio difícil de encajar. Esta vez el foco entra de lleno en la esfera doméstica.
La sal residual que comercializa su compañía presenta niveles de bromo muy por encima de los estándares técnicos y, en determinadas condiciones, puede derivar en la formación de bromato, un compuesto potencialmente cancerígeno.
No hablamos de una hipótesis remota, sino de una consecuencia química conocida en sistemas de electrólisis salina que hoy están ampliamente extendidos.
ICL vuelve a escudarse en el marco legal vigente. Cumplir la norma es imprescindible, pero no suficiente cuando lo que está en juego es la exposición cotidiana de miles de usuarios. Convertir un residuo industrial en un producto de gran consumo sin ofrecer información clara sobre sus implicaciones no refuerza precisamente la confianza.
Lo preocupante no es solo este caso aislado, sino la continuidad de una forma de operar. Primero, la entrada de esta sal en la cadena alimentaria; ahora, su expansión en el mantenimiento de piscinas.
En ambos escenarios aparece el mismo elemento de fondo: dar salida comercial a subproductos con un nivel de opacidad que incomoda.
El discurso corporativo insiste en la sostenibilidad y la economía circular, pero la credibilidad se resiente cuando el impacto potencial se desplaza hacia el consumidor final.
