Òscar Escuder
Plataforma per la Llengua va cada vez más lejos en sus métodos para delatar, acosar y amedrentar a los trabajadores y las empresas que no utilizan el catalán. Y, vista su trayectoria, con especial saña cuando optan por el castellano.
La entidad presidida por Òscar Escuder ha dado una nueva vuelta de tuerca, yendo mucho más allá de lo tolerable y admisible en una sociedad democrática, al alentar y aplaudir los ataques a las sedes de una cadena de trasteros de Barcelona, que este fin de semana aparecieron vandalizadas por el simple hecho de tener su rotulación en español. Y ello, a pesar de que, en algunos casos, estaban también en lengua catalana.
Un grupo de simpatizantes de esta organización ultranacionalista se encargó de hacer pintadas y colocar decenas de pegatinas, con lemas tales como "¡en catalán!", sobre los rótulos de estos comercios, haciéndolos ilegibles en algunos casos.
Y es que, según el criterio de Plataforma per la Llengua, optar por el castellano -lengua cooficial y materna de gran parte de los catalanes- supone una "irresponsabilidad lingüística", y un motivo para señalar, hostigar y boicotear a trabajadores y negocios.
![El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, reuniéndose con representantes de Plataforma per la Llengua el pasado 27 de julio / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/01\/21\/politica\/5009988_1258326_320x180.jpg"])
Lejos de condenar los actos incívicos e intimidatorios de sus huestes, la autodenominada "ONG del catalán" ha dado "las gracias" en sus redes sociales "a todos los vecinos que luchan para que se respeten sus derechos lingüísticos". "¡La defensa del catalán a pie de calle, sin complejos, es imprescindible!", añade.
Este tipo de acciones se suman a muchas otras igual de condenables a lo largo de la última década por su parte. Y, lo grave del caso, ya no es sólo que queden impunes por parte de las administraciones públicas que deberían denunciarlas, sino que algunas de ellas, como numerosos ayuntamientos y la Generalitat de Cataluña, se dedican a subvencionarla con dinero público.
