Gerard Jara, presidente de la Fundación Jara Barceló
En los conflictos empresariales de alto voltaje, el problema no suele ser solo quién tiene razón, sino quién controla el relato. Y eso es precisamente lo que empieza a estar en duda en el caso que enfrenta al grupo Griñó con el entorno empresarial y fundacional de Gerard Jara.
Dicho esto, conviene recordarlo desde el inicio: la presunción de inocencia no es un trámite ni una coletilla, sino un principio esencial que ampara también a Jara y a la Fundación Jara Barceló, que no han sido condenados por ningún tribunal y tienen pleno derecho a defender la legalidad y legitimidad de sus actuaciones.
Lo que ha cambiado es el contexto. La documentación incorporada a la querella del grupo Griñó, y a la que ha tenido acceso este medio, no se limita a opiniones o sospechas. Incluye financiación acreditada, testimonios internos, informes periciales y análisis mercantiles que apuntan a la posible existencia de una estrategia organizada por Jara para erosionar la reputación de Griñó.
No se trata únicamente de la gravedad potencial de esa estrategia, sino del giro que introduce. Durante meses, el relato situaba a Jara como quien denunciaba irregularidades ajenas, como impulsor de investigaciones y como actor que interpelaba al sistema desde fuera. Ahora, ese mismo relato empieza a invertirse: es su estructura, su financiación y su forma de operar lo que está siendo sometido a escrutinio.
El contraataque del grupo Griñó no es retórico. Se apoya en documentos, declaraciones y periciales que han conseguido, al menos provisionalmente, poner a Jara y a su fundación en una posición defensiva. No es una condena ni un veredicto anticipado. Es, por ahora, una señal de advertencia.
