La ministra de Sanidad, Mónica García / EP
La ministra de Sanidad no ha perdido la ocasión del escándalo surgido en la Comunidad de Madrid por una presunta mala praxis de una empresa privada en la gestión de un hospital público para anunciar una iniciativa que acabe con este modelo. En casos como éste, siempre cabe esperar de los gestores de lo público la mejor de las intenciones de contribuir al interés general.
Sin embargo, no es menos cierto que el esquema de colaboración público-privada se ha revelado notablemente eficaz a lo largo de su progresiva implantación en el entorno sanitario. Desde luego, ha habido casos de gestión deficiente; pero constituyen una proporción demasiado reducida para poner en cuestión el modelo.
En el caso de García, la cuestión ideológica parece imponerse con claridad a la hora de preferir un modelo de componente íntegramente público. La experiencia y las cifras del sistema dan como respuesta que el giro sólo contribuiría a agravar aun más los escenarios de colapso que en numerosas ocasiones se producen en los centros médicos y hospitalarios. Y también, a engrosar estadísticas tan negativas para la imagen de una sociedad y de un país como los tiempos de las listas de espera.
En su día, la ministra fue el azote de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de la región que alberga la capital de España. Un papel que bien haría en dejar aparcado ahora, que cuenta con otras responsabilidades. Entre ellas, velar por el buen funcionamiento de la Sanidad en todo el territorio nacional. Y a fe que tiene un ejemplo casi óptimo en el esquema de colaboración público-privada, con una especial incidencia en Cataluña.
Sería terriblemente torpe que García acabara con un modelo que funciona solo por una mera convicción ideológica. O, peor aun, por tratar de sacar un rédito electoral al margen de los intereses de los ciudadanos.
