El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, entrevistado en TV3

El presidente de Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, entrevistado en TV3 CCMA

Examen a los protagonistas

Òscar Escuder

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Plataforma per la Llengua intensifica su campaña de acoso y delación a comercios que no rotulan en catalán. La entidad ultranacionalista reconoce haber interpuesto ya "varios cientos" de denuncias en 2025 a negocios que utilizan otras lenguas como el castellano -cooficial y mayoritaria de la población, según las encuestas- en su rotulación. Y exige a la Generalitat que intensifique sus inspecciones y multas lingüísticas para evitarlo.

El afán sancionador y la fijación identitaria de esta entidad llega al punto de llevarle a equiparar el hecho de no tener los rótulos en catalán con delitos como "circular a 180 km/h", no pagar impuestos a Hacienda o cometer infracciones laborales. A ese extremo llegó su presidente, Òscar Escuder, durante una entrevista a TV3, en la cual exigió castigos ejemplarizantes contra quienes no se dobleguen a las pretensiones de su asociación: "A la que haya unas cuantas sanciones, la gente dejará de hacerlo", espetó.

No contento con eso, Escuder se quejó de que esos "cientos" de denuncias que Plataforma per la Llengua ha interpuesto ante la Agència Catalana de Consum (ACC) este año "no se han resuelto ni positiva ni negativamente, porque todavía están gestionándose. Muchas veces van a un año vista", dijo. Y lamentó que no se multe en cuanto se da un incumplimiento tras la primera advertencia.

Los datos que maneja la ACC muestran que, en diez años, la Generalitat ha duplicado sus inspecciones a negocios. Y que, en una década, el importe global que representan las multas lingüísticas se ha multiplicado casi por ocho, pasando de 51.350 euros en 2014 a 409.105 euros en 2024, según explicó la televisión pública catalana. 

Gran parte de esas delaciones y denuncias proceden de Plataforma per la Llengua. Una entidad que, al mismo tiempo, obtiene gran parte de sus ingresos de las subvenciones que, año tras año, le dan el gobierno catalán y otras administraciones públicas de la región -en especial, aquellas en manos del nacionalismo.