Carles Puigdemont
Carles Puigdemont, y los dirigentes independentistas en general, parecen continuar sin asumir uno de los principios básicos de todo Estado democrático y de derecho: la independencia judicial y la separación de poderes.
El expresidente de la Generalitat fugado por el golpe secesionista de 2017 y el resto de dirigentes de su partido, Junts per Catalunya, han vuelto a poner el grito en el cielo contra los jueces del Tribunal Supremo después de que su sala de apelación confirmara ayer la decisión del magistrado Pablo Llarena de no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación.
"La decisión confirma la actitud de rebeldía contra el poder legislativo y la pataleta ante una ley que no les gusta, y que les lleva a retorcer la interpretación de un supuesto delito de malversación", ha clamado el prófugo, aludiendo así a la Ley de Amnistía impulsada por el Gobierno de PSOE y Sumar a cambio del apoyo parlamentario de sus socios de ERC y Junts.
A Puigdemont y sus lugartenientes -caso del indultado Jordi Turull- no les bastan todas las prebendas obtenidas en el plano personal desde que el presidente Pedro Sánchez eligió a estos dos partidos como compañeros de viaje, ya desde mediados de la pasada legislatura, para mantener su cargo: empezando por los indultos del procés; siguiendo por la reforma a la carta del Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados, y limitar y rebajar el de malversación; y acabando con la citada ley de impunidad.
Y todo ello, a pesar de que ninguno de los líderes del procés han dado nunca ni la más mínima muestra de arrepentimiento por su golpe a la democracia, sino todo lo contrario: recuérdese su famosa soflama "lo volveremos a hacer".
